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Discurso de Garza Herrera para su comparecencia ante el Congreso

Fotografía: César Rivera

«Napoleón Bonaparte, considerado uno de los mayores genios militares de la
historia, sostenía que ‘sin justicia, sólo hay divisiones, víctimas y opresores’”.

Hoy acudo ante ésta Soberanía, en los términos del exhorto 1735, del día 4 de abril del presente año, comunicado en el Despacho de la Fiscalía General del Estado al día siguiente, en el que se me comunica el punto de acuerdo urgente y de obvia resolución, presentado por el diputado Eugenio Govea Arcos y aprobado por el Pleno del Honorable Congreso del Estado, relativo a mi comparecencia, en carácter de Fiscal General, ante el Pleno de esta (62)LXII Legislatura, a efecto de que sus miembros me formulen observaciones y cuestionamientos sobre el estado que guarda el ente de procuración de justicia.

Con independencia del exhorto anterior con fecha 17 del presente mes y año, recibí la notificación 2041 fechada del día anterior, en donde se me hace saber entre otras cosas que este Honorable Congreso del Estado, en Sesión Ordinaria aprobó por unanimidad mi comparecencia para el día de hoy 22 de mayo de 2019, en este salón de sesiones Ponciano Arriaga Leija a las 10:00 horas; dicho ocurso en su apartado conclusiones, en su primer párrafo señala: “ANTE LA COMPLEJA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD, Y LA NULA PROCURACIÓN DE JUSTICIA QUE ATRAVIESA NUESTRO ESTADO, ES URGENTE QUE RINDA CUENTAS EL TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL, ANTE LA REPRESENTACIÓN POPULAR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI”, texto que causa agravio y ofende, porque dichas palabras denostan, agravian por su ligereza y por su crítica severa sin razón; sin duda ello trastoca el honor de quienes trabajamos en la Fiscalía General del Estado.

A ustedes les consta el trabajo, aquí entregué el día 4 de diciembre próximo pasado, el primer informe de labores como Fiscal General del Estado; y consecuentemente el 10 de diciembre de 2018, comparecí y di cuenta a esta Soberanía, del trabajo comprometido de todos los que trabajamos en el ente de procuración de justicia; no se debe hablar tan a la ligera, es tiempo de cambiar y entre todos hacer fuertes a la institución, como la que yo represento, que es un ente naciente, con rumbo con visión de futuro, con pleno conocimiento del siglo 21 y con la firme convicción de que San Luis Potosí cuente con un sistema de procuración de justicia en el corto tiempo; si…… desde el inicio de mi función como Procurador General de Justicia y en mi caminar como Fiscal del Estado, he señalado que el sistema de Justicia Penal estaría funcionando al cien por ciento en quince años, para finales del 2030 y cabe decir que apenas han transcurrido tres años siete meses.

La crítica sana, pero constructiva, es buena; el debate de las ideas, es extraordinario, pues permite la retroalimentación; por ello espero el día en que las expresiones no sean tan a la ligera, anhelo el día en que se reconozca el trabajo de los demás, ansío el día en que no se denoste sin razón y espero con serenidad el momento en donde se entienda que nuestro quehacer, que nuestra actividad y trabajo debe ser y es por San Luis Potosí.

En principio de orden menciono que el sustento de la información que se vierte en el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que trajera como consecuencia la presencia del de la voz, en este recinto legislativo, es LAB JUSTICIA, entidad que elaboró en el año 2017 el ranking nacional de avance en la consolidación del sistema de justicia penal, y el cual corresponde al año 2016, ello, con un consolidado de datos sobre siete distintos ámbitos y en donde se agrega que San Luis Potosí, obtuvo un índice de impunidad del 95.7%, más de siete puntos porcentuales por encima del promedio nacional de 87.3 %; a este respecto, debo señalar que dicho estudio se refiere al año 2016, en donde el sistema de justicia penal se consolido totalmente en el estado en junio 10 de ese año, por lo que, era insipiente y por tanto la integración de las carpetas de investigación no podrían reflejar sentencias puesto que apenas, seis meses transcurrían y el Estado,   se estaba adentrándose en el sistema penal y es bien sabido que las carpetas judicializadas encontrarían su sentencia en los términos y tiempos procesales oportunos; bien se pudiera decir que en algunas zonas del Estado ya venía aplicándose el sistema, cierto, pero con mucho temor y con adversidades, pues algunos de los Primeros respondientes evitaban la puesta a disposición a consecuencia del temor a la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH) y su comparecencia ante el Juez; datos que deviene de una estadística interna en donde nos refleja, cómo, se han ido moviendo las puestas a disposición en los años 2015 a 2019, que es en aumento de un 60%, y ello es consecuencia de los diversos conversatorios y capacitaciones que han recibido los primeros respondientes.

Cabe decir que la información en comento, se refiere a una medición del nuevo sistema, y pasa por alto la operatividad que tenía y sigue teniendo el sistema tradicional.

En nuestro concepto, el parámetro que se mide a través de LAB JUSTICIA, no es del todo concluyente; en su evaluación omiten señalar que, en junio 10 de 2016, como lo he referido, se inició en su totalidad el sistema penal acusatorio en todo el Estado de San Luis Potosí, lo que nos deja en desventaja, ante aquellos que iniciaron con anterioridad, la implementación del sistema en mención.

En otro orden de ideas es importante establecer que la seguridad pública no está dentro de la competencia de la Fiscalía General del Estado a mi cargo, ello está bajo la competencia exclusiva de la Secretaría de Seguridad Pública y de las Policías Municipales, que son las corporaciones que tienen a su encargo la prevención; a nosotros nos compete la investigación de los delitos, dar con el paradero de quien o quienes cometieron un comportamiento que es sancionado por la ley como hecho con apariencia de delito.

Muestra del trabajo comprometido de quienes laboramos en el ente de procuración de justicia, se encuentra, entre otros, en la información siguiente:

En cuanto a la productividad operativa y ministerial de la Institución a lo largo de los 3 años y siete meses desde que estamos al frente, es la siguiente:

La Policía de Investigación ha logrado la captura de 4 mil 730 personas por diversos delitos en toda la entidad potosina; de esas, 3 mil 342 son de la zona Centro; 372 en la zona Media; 230 en la zona Altiplano; 515 en la Huasteca Norte; y 271 en la Huasteca Sur.

De estas detenciones, 698 corresponden a homicidios; 30 a homicidio en grado de tentativa; 711 a robo en sus diversa s modalidades; 416 a lesiones; 262 a violación; 87 a violación en grado de tentativa; 102 a abuso sexual; 95 a secuestro; 33 a privación ilegal de la libertad; 247 a violencia familiar; 51 a abigeato; 190 a fraude diverso, 162 a incumplimiento a las obligaciones familiares; el resto a otros delitos.

La Fiscalía ha desarticulado 67 bandas delictivas, relacionadas a homicidios, secuestros, robos, extorsiones, cobros de piso y otros delitos de alto impacto. De esas 67 bandas, 51 fueron detenidas en la zona Centro; 2 a la zona Media; 5 en el Altiplano; 8 en la Huasteca Norte; y 1 en la Huasteca Sur.

Asimismo, se han capturado a 77 objetivos criminales en el periodo del 26 de septiembre de 2015 al 30 de abril de 2019, que tenían presencia delictiva u operaban en las cuatro regiones de San Luis Potosí. De los objetivos criminales, 44 corresponden a la zona Centro; 2 a la zona Media; 7 al Altiplano; 21 a la Huasteca Norte; y 3 a la Huasteca Sur.

Del 1° de Octubre del 2015 al 28 de febrero del 2019 , se registraron 114 mil 919 delitos, derivado de las denuncias recibidas en la Fiscalía General del Estado, de las cuales se cuenta con la determinación del 54.2%, que equivalen a un 25.1% en Archivo Temporal, los cuales son atendidos en la Unidad Estratégica de Investigación y Análisis, en donde se trabaja con patrones de conducta con la finalidad de identificar a los presuntos y formular imputación; 18.2% se resolvieron a través de los Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos; en 6.7% se decretó el No ejercicio de la acción penal en sus diversas modalidades como el perdón legal, falta de requisitos de procedibilidad, entre otros; y un 1.7% se acumularon las causas; el 2.5% se llevaron ante la Autoridad Judicial, quedando pendiente por determinar un 45%.

En cuanto al trabajo de la conformación de los expedientes de investigación y su seguimiento ante la autoridad judicial, la Fiscalía General del Estado, del año 2016 al 2019, ha obtenido 1 mil 553 sentencias condenatorias, a través del Sistema Tradicional de Justicia, que se mantienen aún presente en toda la entidad y 425 sentencias condenatorias desde la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que da un total de 1 mil 978 sentencias en ambos sistemas. Recordando que, con el naciente sistema de justicia, hay medidas alternas de solución de conflictos.

De las sentencias condenatorias obtenidas a través del Sistema Tradicional, 190 corresponden al delito de homicidio, 16 a Feminicidio, 257 a Robo diverso, 52 a secuestro y privación ilegal de la libertad, 68 por violación, 63 por abuso sexual, 128 por violencia familiar, 13 por abigeato, 115 por narcomenudeo y contra la salud, con altas penalidades solicitadas a la autoridad judicial.

En materia de Secuestros, ya con el nuevo sistema de justicia penal, del año 2017 a 2019, la Fiscalía ha obtenido 16 sentencias condenatorias, destacando una por 80 años en 2018, 4 por 80 años en 2019, 9 por 50 años y 1 por 50 años, principalmente a través de Juicios Orales.

Sobre los casos 2019, señalados en el documento que se me hizo llegar y de los cuales buscan conocer cuál es el estatus de los mismos, les comento que debido al sigilo con que deben llevarse los expedientes, no podríamos dar detalles de cada uno, pero les puedo indicar que el 65% de esos asuntos está resuelto: con un 37% ya están en etapa de investigación complementaria y un 28% con mandamientos judiciales en trabajos de cumplimentación. El resto que es el 35% de esos casos en mención, se mantienen en investigación y con avances considerables.

Estamos poniendo todo nuestro empeño, en evitar que se confunda, el sistema anterior, con el actual, prueba de ello son los conversatorios y las capacitaciones que se dan a través del Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses de la Fiscalía General del Estado.

Es de considerarse el hecho de que no se trata de un solo cambio de nombre de Procuraduría a Fiscalía General, sino que es una transición completa; ahora la Fiscalía General del Estado es un órgano constitucionalmente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como dotado de autonomía presupuestal, técnica y de gestión, así lo determinó ésta Soberanía.

En la Fiscalía General, recibimos en el Estado, en promedio, más de 150 personas diariamente, las cuales acuden con el afán de realizar algún trámite inherente a la procuración de justicia; la afluencia mayor se da en la Ciudad Capital.

Existen voces a nivel nacional que señalan que no todos los Estados de la República hacen saber en sus reportes, la realidad de la incidencia; por lo que hace a San Luis Potosí se puede decir que el estado si refleja su realidad.

Por ello nosotros apostamos a la inercia nacional de verificación de los datos que se rinden a las instancias oficiales, porque ello, permitirá su veracidad, al tiempo de estandarizar la metodología de la evaluación de la productividad de las instituciones de procuración de justicia y con ello evitar que entidades que evalúan, reflejen en sus informes productividades mayores al 100 por ciento.

El sistema de justicia penal actual, se evalúa y debe medirse de manera diferente que el sistema que estuvo vigente; las salidas alternas, la presunción de inocencia, los beneficios o alternativas para el arreglo entre las partes, el resarcimiento a la víctima, hacen de ello, una alternativa viable de solución y cumplen con la función preponderante del sistema relativa a la mínima intervención penal y a la fase restaurativa.

Es importante señalar que al inicio de nuestra gestión nos trazamos varias líneas de acción que finalmente concluyeron en un plan de trabajo, que se desarrolla satisfactoriamente.

Los invito a fortalecer esta institución de procuración de justicia, a que se sumen con nosotros, a que observen nuestro trabajo, a que de forma propositiva y conociendo nuestra tarea, nuestras necesidades y carencias, y ya conocedores del rumbo que hemos señalado, aporten ideas propositivas, tiempo, y recursos con el firme propósito de lograr un sistema de justicia penal de calidad; que a partir de ahora la responsabilidad sea compartida, que no sea solo una simple propuesta o locución, que nuestras acciones se lleven del simple manuscrito, a la práctica, de la suposición a la realidad; sumarse es coadyuvar con nosotros en la consolidación del sistema de procuración de justicia; ser apáticos e indiferentes, es dejar a nuestro cargo la restauración del tejido social, las políticas de socialización, las campañas de prevención y otras muchas otras cosas que realizamos, aun sin recursos adicionales; de continuar así, contribuirá a que se dilate mucho más el proceso de consolidación del sistema penal.

De logra su apoyo, permitiría consolidar de manera integral las políticas de el plan de persecución penal, porque con su participación se estaría enriquecido, con las manifestaciones que recogen a través de los ciudadanos de sus distritos.

Hay que entender que San Luis Potosí, dejó de ser una simple Ciudad, su expansión y desarrollo nos ha llevado a constituirnos en una metrópoli, si es como un ser humano que deja de ser niño, para convertirse en adolecente y queremos seguir viéndolo como niño; nuestra Ciudad, encuentra otro tipo de problemas, que no se veían antaño como ciudad pequeña.

Por lo que respecta al Estado de San Luis Potosí, y derivado de la exposición de productividad que he reseñado con anterioridad, se desprende que cada ministerio público resuelve 0.8 expedientes por día, casi un expediente por día, lo que representa una carga de trabajo responsable y profesional, amén de lo que preceptúa el Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que cada expediente puede resolverse hasta en tres meses.

Ceñimos nuestro actuar apegados a los principios de presunción de inocencia, el respeto a los derechos humanos y el debido proceso.

JSL
JSL