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Denuncia la ACLU detenciones ilegales de inmigrantes

Un agente de la Patrulla Fronteriza y Aduanera de Estados Unidos, reúne información sobre ciudadanos guatemaltecos en 2018 en Yuma, Arizona. Foto: Ap

Sputnik 

Washington. La no gubernamental Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunció este viernes que un grupo de ciudadanos armados de EEUU, que se autodenominan Patriotas Constitucionales, realizan detenciones ilegales a inmigrantes.

«Hace dos noches, una organización de civiles armados que se describía a sí misma como los Patriotas Constitucionales Unidos arrestó a casi 300 personas que buscaban seguridad en Nuevo México​​​. Otros videos parecen mostrar arrestos aún más recientes», indicó ACLU en su cuenta de Twitter.

Los miembros de la organización, que publican vídeos y fotografías de las detenciones ilegales, no son policías y no tienen ninguna autoridad bajo la ley para detener o arrestar a los migrantes, agregó ACLU.

«La administración (de Donald) Trump ha alentado a los nacionalistas blancos a violar flagrantemente la ley. Esto no tiene lugar en nuestro país, no podemos permitir que civiles armados secuestren y detengan a personas que buscan asilo. ACLU insta a la gobernadora a investigar inmediatamente», añadió.

Por su parte, el portavoz del grupo Patriotas Constitucionales, Jim Benvie, dijo al diario The New York Times que las acciones de su grupo eran legales, comparando la detención de los migrantes con el «arresto verbal de un ciudadano».

Además, sostuvo que su grupo había estado acampado cerca de El Paso (sur) durante los últimos dos meses.

«Estamos aquí para apoyar a la Patrulla Fronteriza y mostrarle a la ciudadanía la realidad de la frontera», dijo Benvie.

Por su parte, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, dijo que era «completamente inaceptable» que las familias migrantes «puedan ser amenazadas de cualquier forma cuando llegan a la frontera».

En tanto, el portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza, Carlos Díaz, dijo que la oficina «no respalda a los grupos privados ni a las organizaciones que toman los asuntos de cumplimiento de la ley por sus propias manos».

JSL
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