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Choferes de Uber buscarán impugnar cambios a Ley del Transporte Público

uber

Fotografía: César Rivera.

Jorge Torres

La Asociación de Conductores Privados de San Luis Potosí, choferes de Uber, rechaza el intento de regulación que consideran se ha gestado desde el Poder Ejecutivo, con aval del Legislativo. Los conductores indican que la modificación a la Ley de Transporte Público, que se va a votar este jueves, intenta limitar a los potosinos la posibilidad de elegir el servicio y la forma de pagarlo, por ello anunciaron que de aprobarse la modificación buscarán impugnarla, pues la consideran violatoria de los derechos humanos.

“Impugnaremos el decreto que reforme la Ley de Transporte Público del Estado en los términos planteados por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, pues esta violenta los Derechos Humanos de los consumidores, al restringir su libertad de contratación y fomentar prácticas monopólicas relativas que tienen el objeto de impedir el acceso al mercado de transporte de personas tanto a empresas de Redes de Transporte, como a los prestadores del servicio público de taxi a quienes se les prohíbe realizar cobros a través de tarjetas bancarias”, dicen en comunicado los choferes, quienes señalan a los diputados locales que la diferencia entre los distintos sistemas de movilidad no debe ser la modalidad de pago sino la atención, calidad y calidez que el usuario reciba al momento de trasladarse en la ciudad.

Señalaron que en el proyecto de decreto presentado evidencian la falta de conocimiento de los verdaderos problemas que aquejan a los conductores y propietarios de vehículos que han hecho del transporte de personas su medio de vida, y los cuales tienen que afrontar el trato deshumanizado de las principales empresas de transporte, que a través de contratos electrónicos tratan de obligar a sus conductores a “renunciar a derechos humanos básicos como su libertad de asociación y expresión”, sancionando a quienes intentan ejercerlos, situaciones que han devenido en procesos judiciales y administrativos ante organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Finalmente, lamentaron que los equipos de relaciones gubernamentales y operaciones de las empresas de redes de transporte no pudiesen conciliar adecuadamente ni con sus “socios y conductores” ni con el gobierno estatal, por lo que ahora a través de la opinión pública exigen al pleno del Congreso, al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y a la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional, que detengan el intento de reforma y legislen nuevamente escuchando a usuarios y todos los prestadores de servicios de transporte.

JSL
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