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Ciudadanos exigen al ayuntamiento que aclare el tema de Sandra Sánchez

Angélica Campillo

A dos meses de que La Jornada San Luis diera a conocer la existencia de Sandra Sánchez Ruiz, presunta proveedora de medicamentos para personal del ayuntamiento capitalino a quien se le habrían pagado más de 37 millones de pesos por dicho concepto, según información emitida por el municipio, ciudadanos potosinos preocupados por el tema acudieron a la Unidad Administrativa Municipal (UAM) para exigir al alcalde Ricardo Gallardo Juárez aclaraciones al respecto.

Los ciudadanos entregaron un documento al área de presidencia, a sindicatura, así como a los miembros del Cabildo capitalino a fin de que les sea transparentado el tema de la compra de medicamentos a una sola proveedora, esto ante la ausencia de una explicación seria por parte del oficial mayor, Noé Lara Enríquez, del contralor interno, Enrique Alfonso Obregón y del alcalde Ricardo Gallardo Juárez.

Pidieron que se les proporcione una copia de la documentación comprobatoria real de dicha adquisición, que incluya desde el proceso de determinación de la proveedora por parte del Comité de Adquisiciones hasta el destino final de los medicamentos, sin omitir ninguna de las partes del proceso, que incluye toda la documentación relacionada con requisiciones, selección de proveedor, facturación, pólizas de pago, recepción, distribución y beneficiarios, así como todo documento adicional que aporte claridad sobre la justificación y destino de tal volumen de compra de medicamentos, y no documentos elaborados para tratar de engañar.

“Nadie puede sentirse perseguido”: José Guadalupe González

José Guadalupe González, uno de los inconformes, manifestó que acudieron a entregar su petición como ciudadanos apartidistas y mandantes, ya que así lo dicta la Constitución, exigiendo la simple rendición de cuentas claras del dinero público: “aquí nadie tiene que molestarse ni sentirse perseguido, es un simple derecho ciudadano”, apuntó.

Aseveró que la información entregada por el ayuntamiento capitalino a un grupo de personas que solicitaron datos relacionados con la compra de medicamentos a Sánchez Ruiz es inexacta y no cumple los estándares mínimos, por lo que procederán con su derecho a la información pública y a su exigencia ciudadana.

Otro ciudadano, Edgardo Rubín de Celis, recalcó que la ciudadanía está cansada de la opacidad por parte del ayuntamiento capitalino, pues consideró que en esa instancia existe corrupción no sólo en el tema de la compra de los medicamentos sino en muchos otros, y “las explicaciones son totalmente ilógicas, no son coherentes ni contable ni legalmente”.

Entrevistado horas antes de que los ciudadanos inconformes acudieran a la UAM a entregar el escrito, Gallardo Juárez manifestó que el tema de la proveedora de medicamentos ya estaba aclarado: “ya es puro darle con lo mismo, ya hablamos mil veces, entonces, pues ¡caramba!, ya todo está todo bien claro, lo que necesiten de papelería física que les den copia en Oficialía y se acabó”.

Por lo que, al ser cuestionado en ese sentido, Héctor Blanco Cedillo, uno de los solicitantes de información, respondió al edil: “nuestro derecho no puede estar limitado por una simple declaración, nuestro derecho no se puede agotar con lo que él diga, nosotros tenemos derecho a exigir y a replicar a lo que él nos dice, y más cuando su información y sus declaraciones son totalmente falsas y que las apoya en documentos apócrifos que no tienen ningún sustento legal; por lo tanto, nuestra voz no se callará porque en primer lugar tenemos el derecho de estarle exigiendo y, segundo, porque sus dichos son totalmente falaces”.

Cabildo, el primer obligado en responder

Los ciudadanos advirtieron que de no entregarles la información solicitada agotarán todas las instancias, y en este caso los primeros obligados a responder por ello son los integrantes del Cabildo, al ser los vigilantes del ayuntamiento y del propio alcalde.

De la misma manera, hicieron hincapié en que también está la Contraloría Interna del municipio, a la cual calificaron como “un verdadero parapeto”, además del auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo, quien “no sirve para nada”, y esa situación es la que quieren evidenciar, por lo que en ese contexto darán vista a todas las instituciones ligadas a la revisión de documentos, y serán estas las que se encarguen de deslindar responsabilidades.

Cabe señalar que fueron 74 ciudadanos los que firmaron la petición, entre los que se encuentran Concepción Calvillo de Nava; Alfredo Plascencia Vargas; Rafael Carlos Puente; Juan José Alba Hernández; Armando Francisco Villasuso; Luis Revuelta L.; Luis Nava C.; Óscar G. Chávez; Eduardo Martínez Benavente; Hugo Luis Stevens Amaro; Gonzalo Benavente; Alfredo Lujambio Cataño; Ma. Lidia Herrera; Alejandro Rubín de Celis Monteverde; Martha Carrillo Córdova; Nona Domínguez Puente; María Eulalia Gutiérrez; Ezequiel A. Gómez; Manuel Nava Calvillo; Alfonso Alba Hernández; Rosa María Manzanares; José Fuentes López; René Rico Zárate; José Guadalupe Gómez Cruz; Mónica Mariana Rico Zárate; Margarita Cataño Acebo, Héctor Blanco Cedillo; Rocío Guadalupe Hernández; Óscar David Reyes Medrano, entre otros.

JSL
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