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CNDH censura creación de Guardia Nacional

Fuerzas castrenses durante el desfile militar en la CDMX. Foto Víctor Camacho/ archivo

Emir Olivares Alonso 

Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) censuró la creación de una Guardia Nacional –que militarizaría la seguridad pública en el país— porque contraviene tanto la Constitución como diversos criterios formulados por instancias internacionales.

El segundo visitador general del organismo, Enrique Guadarrama López , subrayó que repetir o intentar perfeccionar fórmulas que en el pasado demostraron sus limitaciones y deficiencias implica apostar a que México sume otros años al entorno crítico en que cientos de miles de mexicanas y mexicanos han perdido la vida, otros miles están desaparecidos y ha dejado un número indeterminado de víctimas que han aprendido a convivir con el miedo y el dolor frente a la impotencia de un sistema de procuración e impartición de justicia en que reina la impunidad y sus derechos son más aspiraciones que realidades concretas.

En representación del presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, el segundo visitador participó en la inauguración del Seminario Verdad, Memoria y Justicia en Contextos de Violencia Criminal, organizado por El Colegio de México y la CNDH, donde dijo que México requiere acciones urgentes donde la reflexión y el intercambio plural e informado de ideas y experiencias permitan generar insumos para alcanzar soluciones frente a los grandes desafíos que enfrenta el país para la no violencia, la paz y la vigencia de los derechos humanos.

Sin embargo, advirtió, las acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza, en particular la creación de una Guardia Nacional que al estar mayoritariamente conformada por elementos de las fuerzas armadas, contravienen lineamientos nacionales e internacionales. Por lo que llamó a que las tareas de seguridad pública sean operadas por instituciones de carácter civil.

Subrayó que México necesita mayor y mejor seguridad, “pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo, sino la que corresponde a un Estado democrático de derecho, donde las instituciones civiles no están subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, donde los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no están condicionadas a actuaciones autoritarias ni discrecionales. Nuestro país no debe renunciar a la institucionalidad civil y democrática”.

Señaló que dejar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar, no garantiza en modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que México enfrenta.

Agregó que en el país no sólo se necesita pacificar, sino desarrollar una cultura de paz, para lo cual deben generarse las condiciones para que la construcción de ésta sea posible, lo que implica tener una institucionalidad fuerte, hacer vigente el estado de derecho, lograr una estructura burocrática profesional y eficiente, reconocer y respetar los derechos de las personas, garantizar la transparencia y acceso a la información, lograr una sociedad con mayores niveles reales de educación, promover la solidaridad y cohesión social, así como generar esquemas que disminuyan las desigualdades y la exclusión.

“Se requiere una transición a la genuina legalidad como condición necesaria para la construcción de la paz, y la actual coyuntura abre la oportunidad de escuchar a las víctimas, atenderlas, acompañarlas y hacer efectivos sus derechos, al igual que los de todas las demás personas”.

En este sentido, explicó, contar con una fiscalía autónoma en todos sus aspectos, con los recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores no es algo optativo o negociable, sino una realidad ineludible si queremos dejar de lado la simulación y las soluciones parciales y acceder a la justicia que se le ha negado a México durante tantos años.

En esta tarea, dijo, los mecanismos externos de supervisión ciudadana juegan un papel importante en lograr que se investigue lo que se debe y la forma adecuada de hacerlo, con respeto a la legalidad y a los derechos humanos.

Manifestó que las políticas públicas que no se formulen bajo un enfoque integral, sustentado en el respeto a tales derechos, producirán resultados parciales, pudiendo tener incidencia en el abatimiento de la violencia directa, pero sin trascender a la solución de las causas estructurales de la misma. “México requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia”.

JSL
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