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Congreso: ¿un respiro en Valles?

Rechazo a sesión en el municipio huasteco
Las amenazas a Lupillo González
Salida fácil para el auditor superior

A pesar del creciente rechazo hacia los diputados, la panista Xitlálic Sánchez Servín decidió continuar con su propuesta para que la próxima sesión del Congreso del Estado se lleve a cabo en el municipio de Ciudad Valles. El teatro Manuel José Othón de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Huasteca es el sitio donde podrían sesionar en caso de que los estudiantes y la sociedad se los permitan.

El objetivo de la legisladora es el de promocionar su figura, de cara a las elecciones de 2018, en su municipio de origen. En la agenda no hay iniciativas relevantes que vayan a impactar la vida de los vallenses y que, por lo tanto, justifiquen la necesidad de discutirlas frente a los habitantes de ese lugar; no obstante, el resto de sus compañeros parecen complacidos con la idea de alejarse del bullicio provocado por su propia corrupción.

Y, aunque piensen lo contrario, en Ciudad Valles planean recibirlos igual o peor. En redes sociales han circulado varios mensajes de personas que se oponen a que los legisladores ingresen a la universidad y en los que se anuncia que impedirán que se concrete la sesión. Con la intención de minimizar las críticas, Sánchez Servín aseguró que todos los gastos derivados del cambio de recinto correrán por su cuenta; pero, a menos de una semana de que ocurra, dice desconocer cuánto es lo que deberá pagar.

La última sesión en Xilitla costó más de cien mil pesos, por lo que la panista deberá desembolsar una cifra similar. En términos económicos el acto anticipado de campaña le saldrá barato a la diputada, al tiempo que, en lo político, su precio puede ser alto al no considerar que el enojo ciudadano es parejo contra los 27 legisladores porque en los hechos todos han participado de la corrupción de la que hoy son sinónimos los nombres: Enrique Flores Flores, Óscar Bautista Villegas, Manuel Barrera Guillén y José Guadalupe Torres.

En ese sentido, el viernes fue dado a conocer que José Guadalupe González, vocero de la organización civil Ciudadanos Observando recibió severas amenazas de muerte en su contra y la de su familia. El pecado cometido por Lupillo es el de indagar y divulgar la podredumbre en la vida pública de San Luis Potosí.

Esta es la segunda vez en menos de un año que intentan intimidar al vocero de Ciudadanos Observando. La primera ocurrió entre julio y agosto de 2016 cuando le dio seguimiento al caso revelado por La Jornada San Luis acerca de la misteriosa proveedora de medicamentos de nombre Sandra Sánchez Ruiz a quien el ayuntamiento de la capital le pagó varios millones de pesos por una supuesta compra de medicamentos.

Ahora, a Lupillo González pretenden silenciarlo por dejar en claro que Enrique Flores Flores no es el único actor en la red de corrupción entre el Congreso y la Auditoría Superior del Estado. Alguien parece tener especial interés en que se olvide el tema y se hable de otros asuntos. Desafortunadamente para ellos, apenas es el comienzo de lo que debería concluir con un número importante de políticos sometidos a procedimientos penales.

El viernes, José de Jesús Martínez Loredo presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando como Auditor Superior del Estado y acumulaba, al menos, ocho juicios políticos por diversos actos de corrupción. Sin embargo, como se había anticipado, le concedieron tomar la salida digna de argumentar problemas de salud en lugar de haber sido destituido por su presunta participación en la alteración de un inimaginable número de cuenta públicas.

De esa manera resulta más sencillo alegar que no es necesario revisar nuevamente los pliegos de observaciones y los dictámenes emitidos de las cuentas en años anteriores. De lo contrario resultaría obligada una inspección minuciosa que, seguramente, redimensionaría la discusión ciudadana a niveles peligrosos para el grupo que, en complicidad, ejerce el poder.

(Redacción: Jaime Nava)