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Corrupción: faltan las denuncias penales

Moche inmobiliario
Respuestas de segundo nivel
Robo al PAN, ¿un castigo?

Los lectores habituales de éste y otros medios locales ya habrán notado que, desde su toma de protesta, en octubre de 2015, el alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, evita hablar con los medios de comunicación especialmente si en la agenda pública existen señalamientos por corrupción, los cuales se encargan de contestar empleados de segundo nivel o diputados cuyas declaraciones desmienten y aportan elementos interesantes si se les da un vistazo entre líneas.

Hace meses se anunció que en San Luis Potosí se instalarían siete nuevas plazas comerciales y este fin de semana el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI), Ernesto Robles Álvarez, dio a conocer que se perdieron tres centros comerciales porque los empresarios se negaron a pagar las cuotas extralegales exigidas por el Ayuntamiento de la capital.

Robles Álvarez aseguró que funcionarios municipales pedían que se le entregaran algunos locales a cambio de otorgarles los permisos necesarios para su operación. En mayo de este año la AMPI ya había denunciado que desde la administración municipal se imponían “trabas” para el desarrollo de fraccionamientos y establecimientos comerciales. En ese entonces el encargado de desmentir la acusación fue el secretario Marco Antonio Aranda y, a través de un comunicado, tachó de “imprecisas” las afirmaciones.

La imprecisión aducida por Aranda quizá se aclara en parte ahora que Ernesto Robles se atrevió a revelar en qué consisten las llamadas “trabas” municipales; sin embargo, a los dichos del representante de ese sector le hace falta la denuncia penal correspondiente. ¿Cuál es el nombre de la persona enviada a solicitar el moche inmobiliario? Desde este espacio ya se había hecho del conocimiento público que, en ciertos círculos políticos y económicos, empresarios se desahogan en confianza e intercambian sus experiencias como víctimas de una corrupción que les atemoriza denunciar.

Las historias más repetidas suceden así: Un trámite o permiso se niega. Al preguntar cuál es la razón un empleado municipal pone cara de sorprendido y luego pregunta: “¿Donó para el festival?, ¿cooperó para tal evento o actividad?”. Si la respuesta es negativa, les sugiere hablar con el jefe para que se arregle el “malentendido”. El “jefe” normalmente es el hijo del alcalde, Ricardo Gallardo Cardona. Él se encarga de negociar con los gestores de las empresas. Los permisos se condicionan a un intercambio de bienes, generalmente, inmuebles.

Si tres de los siete centros comerciales decidieron abandonar sus proyectos en la capital por verse inmiscuidos en una experiencia similar a la mencionada anteriormente, al presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios cabría preguntarle si las plazas que posiblemente sí se construirán fueron partícipes de la corrupción o aún no han pasado por el mismo trámite.

Al enterarse de las acusaciones, la regidora del Partido Acción Nacional, Marcela Zapata Suárez del Real, se pronunció a favor de que realice una limpieza de funcionarios en la administración municipal. Dijo que para que la ciudadanía recupere la confianza en su gobierno se debe separar del cargo a los involucrados. Sus palabras pronto fueron respondidas por su homóloga del Partido de la Revolución Democrática, Ana Palacios Rodríguez.

La perredista desestimó los señalamientos y arguyó que se trata de manifestaciones vertidas con el propósito de “desviar la atención porque está muy claro que son los panistas los que están inmersos en el escándalo de corrupción que sacude al Congreso del Estado”. A la regidora se le olvidó que entre los involucrados también se encuentra el diputado perredista con licencia José Guadalupe Torres Sánchez.

El sábado, el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Maximino Jasso Padrón, se subió al ring mediático y lamentó que “además de encontrarse con los burocratismos normales para iniciar proyectos, los empresarios ahora tienen que usar estas camisas de fuerza y participar en cohechos que perturban el interés por asentarse en la entidad”, y pidió que intervengan las autoridades para que investiguen y no se quede todo en rumores.

Menos de 24 horas después, la madrugada de este domingo, personas no identificadas entraron por la fuerza a las oficinas del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional para robar celulares, equipo de sonido, cámaras, computadoras, dinero en efectivo y causar destrozos. Maximino Jasso Padrón informó que se presentó la denuncia y al lugar acudieron peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

¿Será que el robo fue un hecho aislado? Para evitar que inicien los sospechosismos, la diputada del PRD, Dulcelina Sánchez de Lira, se acomidió para apuntar como presunto culpable de lo sucedido al ex panista Enrique Flores Flores. Asimismo, lanzó una sugerencia a modo de súplica: “Pedimos también a los dirigentes municipales, y en especial al representante de ese comité panista ser muy responsables en sus declaraciones, y aportar los datos que ayuden para la detención de los responsables”.

Agregó que el dirigente municipal del PAN “tiene por costumbre lanzar acusaciones poco meditadas y sin pruebas que lo avalen, además de que peca de irresponsabilidad al hacer por lo regular fuertes señalamientos sin respaldar los mismos ante las instancias correspondientes”. ¿Ser víctima de un delito es un castigo merecido por ser crítico de un gobierno?

(Redacción: Jaime Nava)