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Editorial: Sonia, información e interés público

En la edición del pasado viernes de La Jornada San Luis se dio a conocer la información relacionada con un video en que el esposo y los suegros de Sonia Mendoza, candidata del Partido Acción Nacional a gobernar San Luis Potosí, la acusaban y descalificaban en términos implacables y, en ciertos momentos, grotescos.

La publicación, en este diario, de tales hechos, estuvo rigurosamente apegada a las normas éticas y periodísticas, como puede verse cuando menos en los siguientes puntos

  1. Los señalamientos hechos por el esposo Genaro López y los suegros Carmelita Tristán y Secundino López no corresponden al ámbito privado de la entonces diputada federal sino todo lo contrario, pues según los denunciantes hubo actos que pudieron haber constituido delitos como el allanamiento de morada (pues Sonia fue a un domicilio que no era el propio, sino el de sus suegros ), lesiones (el esposo Genaro narró cómo fueron golpeados él, su padre y su madre) y daño en propiedad ajena.
  2. Según lo dicho por los López Tristán, ninguna corporación policiaca quiso atender sus demandas de ayuda por temor a la reacción de la política panista, lo que implicaría un abuso de poder.

3.- El video en el que aparecen los tres denunciantes fue difundido por una estación matehualense de televisión en 2011, pero solamente una vez, sin la repetición nocturna acostumbrada y sin que se volviera a tocar el tema, hasta que en días recientes comenzó a circular en esa ciudad del Altiplano una copia que luego fue enviada a La Jornada San Luis.

Con esos antecedentes, se consideró de valía cívica, periodística y política la difusión del material grabado, pues en ningún momento se vulneró el ámbito de la vida privada de la actual senadora con licencia y candidata a gobernadora, en cuanto más bien es a ella a quien sus suegros y esposo acusaron de violentar la vida privada en un domicilio absolutamente ajeno y desarrollar conductas que merecen ser conocidas y analizadas no sólo en función de un caso de violencia familiar e inclusive de género (¿o solamente es escandaloso y denunciable cuando un esposo golpea a una esposa?) sino especialmente en una coyuntura como la actual, cuando es menester que los ciudadanos cuenten con la mayor información posible respecto a comportamientos y tendencias de quienes aspiran a gobernar la entidad (los potosinos han sufrido demasiado a causa de vocaciones violentas desde el poder e injerencias y conflictos familiares que no quedan en el ámbito particular sino que se reflejan en el ejercicio del poder público).

A la difusión de ese video en notas en la edición impresa y en la página de Internet de La Jornada San Luis correspondió una rápida respuesta del equipo de propaganda de la candidata Mendoza. En Facebook fueron colocadas fotografías en las que se mostraban felices y unidos los suegros y el esposo de la abanderada panista, y en Youtube fue colocado un material titulado “El video secreto de Sonia Mendoza”, en el que las rudas y ácidas descalificaciones y acusaciones de 2011 se volvieron lo contrario, con alabanzas a las virtudes, una insistente profesión de “amor por siempre” y un puntual llamado a votar por la candidata antes denostada.

De todo ello se dio cuenta en La Jornada San Luis, pero tales reacomodos de carácter propagandístico, cuya responsabilidad y autenticidad corresponde a quienes participan en ellos, fueron coronados con un discurso de la candidata Mendoza en el que achacó a una estrategia del PRI lo que considera “cosas tan viles y tan bajas, como campañas negras para atacar a mi familia”. Según esa interpretación de la panista, “atacar” a una institución como es la familia corresponde a una decisión del PRI de “arreciar la guerra sucia” en contra de su adversaria blanquiazul.

Tal como sucedió con los señalamientos del abogado Eduardo Martínez Benavente respecto al presunto robo de fianzas que Mendoza habría cometido en un juzgado (caso del cual también habría “desaparecido” el expediente), la candidata prefiere la retórica a la transparencia, la victimización en busca del respaldo sentimental (“ataques” a la institución social de la familia) a la puntualización de responsabilidades, y la demagogia genérica a la precisión informativa. El testimonio de marras, como se ha dicho, no fue sacado de una recámara conyugal, sino videograbado por una televisora pública en una casa allanada (¡el ámbito privado que sí fue vulnerado fue el de los suegros, no el de la denunciada como atacante!) en donde por propia voluntad tres adultos denunciaron hechos que luego fueron reproducidos en ese canal 4 del Altiplano. Tampoco es un “ataque a las mujeres”, pues la “violencia de género” habría sido cometida en realidad contra el esposo y sus padres.

Sería importante que la candidata Mendoza precise si son ciertos los hechos difundidos por esa televisión de Matehuala y retomados por este diario e igualmente será satisfactorio que dé a conocer las pruebas que tenga de que el PRI impulsó la publicación de ese material videograbado. De otra manera, se estará en presencia de una significativa elusión más de responsabilidades y de una guerra sucia contra el periodismo crítico a partir de insidias, con arrebatos discursivos sin sustento.

JSL
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