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Financieras populares protestan por trato de SHCP

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Representantes de Sofincos interpondrán denuncia contra SHCP y presentarán una queja ante CNDH. Foto Susana González

Por Susana González

México, DF. Representantes de las sociedades financieras populares (sofincos), que incentivan el ahorro y proporcionan créditos a más de 100 mil campesinos e indígenas de comunidades pobres y aisladas de 515 municipios del país, interpondrán una denuncia contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) así como una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el “veto” que este año les impuso para acceder a los recursos públicos debido a que se opusieron a la llamad ley Ficrea, con la que se pretendía desaparecerlas.

Parece, dijo Isabel Cruz, “una guerra de exterminio” contra las sofincos y lo que el gobierno federal no logró con la ley Ficrea, que desde abril pasado quedó congelada en el Senado de la República, ahora quiere conseguirlo ahorcándolas financieramente, advirtió Isabel Cruz, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) en una conferencia de prensa con representantes de varias sofincos.

Con esa “abrupta exclusión de recursos”, el gobierno federal viola las garantías constitucionales de acceso a recursos públicos para el desarrollo y el convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque “está demostrado que la mayoría de los 100 mil 545 socios que tienen las 28 sofincos que operan en el país son población vulnerable, campesinos de 19 grupos indígenas en comunidades de alta marginación”.

Las sofincos han llegado a recibir hasta 15 millones de pesos anuales por parte de diversas dependencias, la mayoría de la SHCP. Una cantidad aparentemente pequeña pero que tiene gran impacto en las comunidades que atienden, así que con el veto, 5 de las 28 sofincos están en riesgo de desaparecer porque apenas tienen dos años de haber sido fundadas y otras 5 verán afectadas su crecimiento y consolidación.

La unidad de banca de desarrrollo de la SHCP, Bansefi, Financiera Nacional de Desarrollo (FND) y Fideicomisos en Relación con la Agricultura (FIRA) ejercen el veto contra las sofinco, pues a diferencia de otros años y pese a los contratos ya firmados, ninguna ha recibido recursos públicos para destinados a fortalecer la inclusión financiera en 3 mil 364 comunidades marginadas de 15 estados.

MICROBANCOS DE COMUNIDADES POBRES

Las sofincos son instituciones relativamente nuevas ya que surgieron en 2009, a raíz de una reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Representan la única opción financiera para miles de mexicanos, como pequeños productores de café, maíz, miel o cacahuate, cuyo nivel de ingresos oscila entre los 70 y 100 pesos diarios para mantener a familias de hasta 6 integrantes. “Son nuestros microbancos, porque los bancos grandes están a 2 o 3 horas de caminode nuestras comunidades”, destacó Lorenza Flores de Finrural.

Esas sociedades otorgan créditos para proyectos productivos, vivienda o consumo desde 2 mil hasta los 12 mil pesos con tasas de interés mensual que oscilan entre 1.5 y 20 por ciento, lo que contrasta con las que cobran Compartamos y Banco Azteca en las zonas marginadas y que llegan a ser de hasta 120 por ciento anual, indicó Martín Zuvire de la Red de Sociedades de Oaxaca.

“¿Por qué las comunidades indígenas que logran organizarse en un terreno tan difícil como es el financiero son castigas por defender sus derechos al oponerse a la ley Ficrea? Eso fomenta la desigualdad y hay una contradicción total con el discurso oficial, pues el presidente Enrique Peña Nieto ha dicho que para combatir la pobreza es importante la la inclusión financiera pero Hacienda deja sin recursos a las Sofincos”, acusó la directora de AMUCSS.

“Nos dicen que no hay recursos por el recorte presupuestal pero tenemos pruebas de que, incluso hasta el mes pasado, entregaron fondos a financieras privadas”, aseveró Isabel Cruz y dijo que el mismo problema han padecido también por parte de las secretarías de Agricultura, Desarrollo Urbano y Economía.

“No se vale, ni es justo que el gobierno apoye a otros sectores que atienden población con niveles más desarrollados y a nosotros no, por venganza de haber parado la ley Ficrea“, dijo Urbino Martínez Cortés, dirigente de SMB Rural, sofinco creada entre los indígenas zapotecas de Oaxaca y que a la fecha se ha extendido en Puebla, Chiapas, Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala.

Insistieron que la causa del dicho veto es haber logrado que los senadores congelaran la ley Ficrea que, impulsada por el gobierno federal y aprobada por los diputados, creada a raíz del fraude de esa sociedad financiera popular (sofipo), una figura muy distinta a las sofincos, sobre todo por el tipo de población que atiende.

Jaime Nava N.
Jaime Nava N.
Estudiante de maestría en Derechos Humanos por la UASLP. Activista en Amnistía Internacional.