Acusan al presidente de Guatemala de financiamiento ilícito

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Ciudad de Guatemala. La fiscalía general y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalaron al jueves al presidente Jimmy Morales y a empresarios guatemaltecos por corrupción.

Oscar Schaad, fiscal de delitos electorales, dijo a The Associated Press que una investigación determinó que empresarios habrían entregado más de un millón de dólares que no fueron reportados para beneficiar la campaña del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), cuando Morales era secretario general de dicho partido, antes de llegar ser presidente en 2016.

Algunas de las compañías que habrían entregado recursos están vinculadas a alimentos, cemento y otros.

Esta es la tercera ocasión en que la justicia guatemalteca involucra al mandatario en este tema. Antes se le acusó dos veces por financiamiento electoral ilícito y una por sobresueldo. Ninguno de los casos pudo investigarse porque aunque la fiscalía y la CICIG pidieron retirar su inmunidad, el Congreso lo protegió.

Schaad explicó que durante su nueva investigación la fiscalía determinó que existieron tres tipos de financiamientos: 1. Reportado, 2. No reportado, pero establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y 3. No reportado y no establecido, el cual era anónimo e ilícito.

“Hemos detectado que hubo financiamiento que simplemente no fue declarado al Tribunal y que por distintas razones el Tribunal no detectó, que es la parte en la que se enfocó la investigación”, dijo el fiscal y agregó que los involucrados establecieron un mecanismo que canalizó el financiamiento a través de empresas para financiar directamente al partido.

Schaad dijo además que varias instituciones y empresarios se acercaron a la fiscalía para informar y establecer su responsabilidad. “Para sustentar la investigación se verificó cuentas de partidos políticos, lo que se declaró (los montos), se dio seguimiento a las personas y empresas que aportaron al partido”, añadió.

El caso cobra relevancia ya que actualmente los diputados intentan reformar la ley para disminuir las penas y eliminar delitos, cambios que beneficiarían a los empresarios involucrados. El fiscal no descartó que se soliciten ordenes de aprehensión por el caso.