carreras
La unidad de protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos fortalecerá la Ley de protección al Periodismo: Carreras
21 octubre, 2017
Ripstein y Paredes, Espiga de Honor en Seminci
21 octubre, 2017

Acusarían de rebelión a Puigdemont si declara secesión

Manifestantes agitan banderas independentistas catalanas de Estelada con letreros que dicen "Libertad para los Jordis" durante una manifestación en Barcelona. Foto Afp

Notimex

Madrid. La Fiscalía General del Estado español prepara una querella por presunto delito de rebelión contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, si hace efectiva la declaración de independencia catalana.

Las penas por rebelión establecen hasta 30 años de prisión conforme al Código Penal de España por alzarse “violenta y públicamente para”, entre otras cosas “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”, así como “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

La presentación de la querellas podría darse en función de si Puigdemont, como advirtió en una carta reciente al presidente español Mariano Rajoy, lleva a votación del Parlamento de Cataluña la declaración de independencia.

El código precisa que si sólo hay una promoción de la rebelión y se induce a los demás a la misma, las penas son de entre 15 a 25 años de prisión, y en caso de hacerlo mediante las armas y el combate entre la fuerza de su mando sería de hasta 30 años.

Puigdemont refirió la declaración de independencia el pasado 10 de octubre en un discurso ante el Parlament catalán, al asegurar que el reciente referendo (no reconocido por el Estado español) permite avanzar hacia la independencia de Cataluña.

Sin embargo, ese mismo día planteó suspender esa declaración para abrir un diálogo con el Estado español para solucionar la crisis política abierta por el proyecto independentista.

Luego, los diputados que apoyan la independencia firmaron en un acto por separado el documento de declaración de secesión, aunque no lo inscribieron en el registro de la cámara ni lo elevaron a la mesa directiva, por lo que hasta ahora carece de valor jurídico.