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Congreso chileno aprueba gratuidad universitaria

Pinochet

Marcha frente al Palacio de la Moneda en Chile en honor a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Foto Ap

Por Enrique Gutiérrez, corresponsal

Santiago. Tras una tensa semana de negociaciones y renuncias, la comisión especial mixta de Presupuestos del Congreso aprobó el principio de la gratuidad universitaria.

La partida presupuestaria fue aprobada con 12 votos a favor y siete en contra de los partidos de derecha, mientras que el presupuesto general destinado a Educación 2016 fue aprobado con las mismas cifras.

La jornada estuvo marcada por el protocolo de acuerdo que firmó el gobierno y el Consejo de Rectores (CRUCh) –previo al inicio de la sesión de la comisión especial mixta de Presupuestos–, el cual garantiza que las principales casas de estudios superiores, no verán disminuidos sus presupuestos.

En esa línea, se comprometió reducir los recursos del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) –que reciben los planteles tradicionales por captar a los alumnos con  mejores puntajes en las pruebas de selección para los estudios de pregrado.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, detalló las indicaciones que ingresó a la propuesta de gratuidad, que hasta el jueves en la tarde no contaba con los votos para su aprobación. Dentro de los principales cambios se incluye la modificación al AFI, como también un aporte para el fomento de la investigación dirigido a los planteles que no integran el CRUCh, que agrupa básicamente a instituciones fiscales.

“Sin duda es un paso sustantivo, hemos discutido todos estos días, con los distintos actores y hemos llegado a un acuerdo de cómo caminar en esta materia”, señaló la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

Uno de los temas que más rechazo generó entre los parlamentarios es que un gran número de alumnos vulnerables que hoy en día asisten a la educación técnico profesional quedarían fuera de la gratuidad debido a que los planteles están conformados como sociedades con fines de lucro, por lo cual, no cumplen los requisitos fijados por el gobierno para recibir fondos públicos. Ante esto, el Ejecutivo se comprometió a enviar un proyecto de ley para que puedan cambiar su personalidad jurídica, lo que se tramitaría durante el próximo año.

De este modo el gobierno dio un paso importante dentro del cumplimiento de su programa.