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Programa Frontera Sur ha aumentado violaciones a DH de migrantes: informe

frontera sur

Por Fabiola Martínez

México, DF. El Programa Frontera Sur ha aumentado de manera significativa los operativos de revisión migratoria, las detenciones y las deportaciones de migrantes, lo cual provoca incremento de violaciones a los derechos humanos contra migrantes, advirtieron nueve organizaciones civiles, directamente vinculadas con el estudio y atención de extranjeros en tránsito.

“Se han documentado abusos en dichos operativos que se llevan a cabo cada vez más en colaboración con instancias de seguridad. Además, las casas de migrantes siguen documentando secuestros, extorsiones, robos y agresiones contra migrantes a lo largo del país”.

Lo anterior se advierte en el informe Un camino incierto. Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrante y refugiadas en México, presentado hoy en la ciudad de México.

“En México, donde hay migrantes hay violencia”, subrayó Maureen Meyer, representante para México, en el tema migratorio, de la Whasington Office On Latin América (Wola).

Como el Instituto Nacional de Migración (INM) es el ejecutor principal del Programa, indicaron, es claro que lejos de un plan de desarrollo, la estrategia es enfocada en acciones de control migratorio.

De julio de 2013 a junio de 2014, el INM detuvo a 97 mil 245 personas y para el periodo julio 2014-junio 2015 el acumulado es de 168 mil 280, esto es, un aumento de 73 por ciento, acorde con cifras de la Secretaría de Gobernación. La mayoría son centroamericanos quienes enseguida son repatriados. Del total, hay 27 mil 513 menores de edad.

“Los esfuerzos del gobierno mexicano por fortalecer la protección a migrantes han quedado muy por debajo de sus necesidades. No existe todavía el acceso efectivo a la justicia para migrantes víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos, a pesar de la creación de nuevas fiscalías especializadas”.

El informe afirma que en 2014 el INM gastó el mayor presupuesto de su historia. Este aumento “va de la mano con el aumento en las detenciones de migrantes,” se indica en el reporte de la investigación.

El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido un apoyo político y financiero al gobierno de México para el control migratorio, especialmente después del aumento drástico en las llegadas de niños no acompañados y familias migrantes, la mayoría centroamericanos, a la frontera suroeste de los Estados Unidos.

En 2014, añaden los grupos, se anunció que unos 86 millones de dólares habían sido entregados a México para actividades relacionados a la seguridad fronteriza en el sur de México  como parte de la cooperación dentro de la Iniciativa Mérida, en 2015, se asignaron 79 millones para este mismo propósito.

Además, hay una carencia de datos contundentes sobre la procuración de justicia para migrantes en México. La fiscalía especializada en Oaxaca reporta que, de las 383 denuncias de delitos recibidas en cuatro años, sólo 96 resultaron en una averiguación previa, mientras sólo cuatro resultaron en sentencias para los perpetradores.

Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones estatales son más accesibles para exigir justicia, según el informe “sus procedimientos y capacidades investigativas parecen poco ágiles y efectivos.”

“Es lamentable que de las mil 617 quejas de violaciones a los derechos humanos contra migrantes recibidas por la CNDH del 1 de diciembre de 2012 hasta el 15 de junio de 2015, solamente cuatro resultaron en una recomendación formal a la institución señalada como responsable.

El informe también analiza por qué hay tantos refugiados potenciales en México y tan pocos refugiados reconocidos.

Resalta que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) solamente tiene 15 oficiales de protección en todo el país para garantizar el acceso a la protección internacional para una población de más de 100 mil personas migrantes detenidas a lo largo de un año, y el presupuesto de aquel órgano no creció en términos reales entre los años 2014 y 2015.

El informe incluye recomendaciones dirigidas a las dependencias responsables del gobierno mexicano como la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Instituto Nacional de Migración (INM), Procuraduría General de la República (PGR), Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y al gobierno de Estados Unidos.

El informe fue elaborado por un grupo de 9 organizaciones con presencia a lo largo y ancho de México y en Estados Unidos: la Casa del Migrante de Saltillo, Albergue Hermanos en el Camino, La 72 Hogar-Refugio para Migrantes, la Red Sonora (Iniciativa Kino para la Frontera, Centro de Recursos para Migrantes y Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado), Un Mundo Una Nación,  Fundar Centro de Análisis e Investigación y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).

Representantes de las organizaciones dijeron en conferencia de prensa que las detenciones son “masivas” y que el INM no tiene la capacidad de garantizar un análisis puntual de cada caso, aun cuando en zonas de Centroamérica la violencia va en ascenso.

Denunciaron que el número de oficiales policiales va en aumento, tanto de corporaciones publicas como privadas, todas en contra de los migrantes en tránsito.