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Puerto Rico apuesta a la mariguana medicinal para sortear crisis

"Hemos estado trabajando para crear un marco legal efectivo para los pacientes y la industria del cannabis medicinal, por legislación y con el insumo de todos los expertos en la materia", dijo el gobernador Ricardo Rosselló. Foto Afp

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San Juan. La entrada en vigor de la ley de cannabis medicinal en Puerto Rico aportará 50 millones de dólares semanales a la isla en bancarrota, según el gobernador.

Después de superados muchos tropiezos en la conservadora Asamblea Legislativa dominada por su Partido Nuevo Progresista (PNP), el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el domingo la ley que abre la puerta para que pacientes de cáncer, fibromialgia y otros males puedan evadir ser procesados judicialmente por posesión de productos derivados de la mariguana.

De este modo se establece un marco jurídico para el uso medicinal del cannabis, luego de que el anterior gobernador, Alejandro García Padilla (2013-2016), lo había aprobado por decreto.

García Padilla tomó esta medida porque la Legislatura puertorriqueña, entonces en control de su Partido Popular Democrático (PPD), se rehusaba a aprobar una ley en esa dirección, que incluía el uso del cannabis recreacional.

“Hemos estado trabajando para crear un marco legal efectivo para los pacientes y la industria del cannabis medicinal, por legislación y con el insumo de todos los expertos en la materia”, dijo Rosselló Nevares al firmar la legislación.

“Esto manteniendo la prohibición al uso de cannabis recreacional”, añadió.

Para Rosselló Nevares, una de las virtudes de su medida será que 10% del impuesto recaudado se destinará al Hospital de Trauma del Centro Médico de Puerto Rico, que atraviesa por una situación precaria, mientras que el 50% de lo obtenido por concepto de multas administrativas será para la estatal Universidad de Puerto Rico, que enfrenta una reducción presupuestaria escalonada de 525 millones de dólares al 2021.

Los fármacos no pagan impuesto en Puerto Rico, un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, excepción que no aplicará al cannabis medicinal.