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Solicitan en España reapertura de caso Moreira

A Humberto Moreira se le atribuyen delitos como blanqueo de capitales y relación con el crimen organizado. Foto La Jornada/Archivo

Armando G. Tejeda

Madrid. A dos años del supuesto archivo de la causa, la Fiscalía española solicitó la reapertura de la investigación y el procesamiento en la Audiencia Nacional del ex presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, al que se le atribuyen delitos de blanqueo de capitales, corrupción y vínculos con el crimen organizado. Los fiscales basan su petición en dos testimonios recabados en un juzgado de San Antonio, Texas, que podrían comprometer el futuro del también ex gobernador de Coahuila, quien estuvo encarcelado cerca de dos meses en España en el año 2016, en la prisión de alta seguridad de Soto del Real.

José Grinda y Juan José Rosa fueron los fiscales anticorrupción que iniciaron la causa penal contra Moreira en España. Basándose en testimonios y pruebas, la mayoría recabadas en Estados Unidos, decidieron ordenar su detención el 15 de enero del año 2016, cuando fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas por al menos cuatro delitos: cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y asociación de malhechores. En las cintas donde esperaba su equipaje fue detenido por agentes de la Policía Nacional y llevado de inmediato ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, que entonces estaba bajo la tutela del juez José de la Mata.

Su caso lo asumió posteriormente el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien ahora también deberá decidir si en función de los nuevos testimonios presentados por la Fiscalía procede o no la reapertura del proceso penal contra el líder del PRI. La petición es firme y se presentó hace sólo unos días, así que sólo tiene que superar los trámites habituales para el juez decida si accede o no, según confirmaron a La Jornada fuentes de la investigación.

Durante la investigación, Moreira fue encarcelado de forma cautelar, al menos hasta principios de febrero, cuando fue puesto en libertad condicional y él decidió abandonar España de forma precipitado en cuanto le devolvieron el pasaporte, a pesar de que hacía sólo unas semanas había decidido trasladarse a vivir a Barcelona. Donde incluso había comprado una vivienda.

El juez español cuestionó en su día a Moreira sobreel origen del dinero que transfirió a lo largo de 2013 de México a Barcelona, donde había cambiado su residencia después del asesinato de su hijo, José Moreira, a manos de Los Zetas. Durante el interrogatorio, la fiscalía señaló al político mexicano como presunto blanqueador de capitales y aliado, cuando no integrante, del cártel del Los Zetas. Al menos así lo afirmaron los fiscales, que se basaron en las pruebas y los testimonios recabados, entre ellos las declaraciones juradas del testigo protegido en Estados Unidos Rolando González Treviño, a quien señalan como “prestanombres” del propio Moreira.

El día de su comparecencia ante el juez Pedraz, Moreira y su defensa convencieron al magistrado de que el dinero que se investigaba, alrededor de 200 mil euros (4 millones de pesos) estaban justificados y en ningún caso se pudo probar la vinculación con el crimen organizado, para lo que la defensa de Moreira entregó los informes realizados por la Procuraduría General de la República (PGR) que provocaron el archivo de las acusaciones abiertas contra Moreira en México.

En caso de que el juez Pedraz decida reabrir el caso Moreira en España, el primer paso de la justicia española será enviar una comisión rogatoria a la Fiscalía de San Antonio para poder tomar declaración a los dos testigos que afirman poseer documentación y pruebas que acreditan los graves delitos que se le imputan al ex presidente del PRI y que probarían su supuesta vinculación al crimen organizado.

JSL
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