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En aumento, los abusos laborales por parte de gobierno, acusa SUTSGE

Los sindicalizados llevaron a cabo una manifestación que desquició el tránsito de la ciudad

Con el pasar de los días, las quejas por abusos laborales por parte del gobierno han ido aumentando, pero ahora ya empiezan a afectar incluso a la ciudadanía, advirtió Bernardina Lara Argüelles, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), quien afirmó que incluso en el Ceprereso de Rioverde han descubierto anomalías con “tienditas” al interior del penal que no sólo dañan la economía de sus agremiados, sino de los reclusos.

Durante la tarde de este lunes, una marcha por el centro de la capital con entre 150 y 200 integrantes del SUTSGE bloqueó la circulación de Eje Vial en su entrada a la alameda Juan Sarabia. Durante unos minutos esta situación provocó, además de un grave embotellamiento, la confrontación con algunos ciudadanos que estuvo a punto de llegar a los golpes; los ataques verbales no se hicieron esperar.

Los reclamos del sindicato siguen siendo los mismos desde hace varias semanas: que el gobierno del estado aclare el destino del fondo de pensiones de muchos de sus trabajadores, que se mejoren las condiciones laborales de diversos sectores, como son policía, la orquesta sinfónica e incluso el museo ferrocarrilero, donde acusan a su director de acoso laboral en contra de los trabajadores que no considera de su grupo.

La marcha, después de haberse detenido durante alrededor de media hora sobre Eje Vial y una de las calles contiguas a la alameda, se movió nuevamente al plantón que mantienen los inconformes frente al Palacio de Gobierno, tanto para no entorpecer el tránsito como para evitar más confrontaciones con la ciudadanía.

La cárcel de Rioverde, a merced de la corrupción

“Es como si ciertas personas tuvieran derechos de exclusividad para comerciar en la cárcel de aquella localidad”, reiteró Lara Argüelles respecto al Ceprereso de Rioverde. Agregó que “sólo ellos pueden introducir mercancía y comestibles, y los dan al precio que quieren, en ocasiones hasta el doble, afectando a los custodios que laboran en el lugar pero, más aún, a los reclusos, quienes suelen ser de escasos recursos y con esto se les dificulta más aún la existencia, siendo que ya es duro estar en la cárcel, más aún con situaciones como estas”.

Asimismo, criticó que esta situación es solapada por los directivos de dicho centro penitenciario, encabezado por el jalisciense Wilfrido Ramón Rodríguez Quintero, quien “pasa por encima de reglamentos e incluso del consejo interdisciplinario”, y ahora están buscando que los internos paguen para conseguir comidas hechas a base de amaranto, para mejorar su nutrición, cuando debería ser tarea directa del centro penitenciario cubrir dicho costo: “en lugar de eso, vayan a saber quién venderá ese amaranto”, cuestionó.

“De alguna manera, se mantiene una gran corrupción en ese y muchos aspectos de la vida carcelaria, y nuestros agremiados quedan en medio de todo eso y son afectados en sus derechos de manera continua. Por esto queremos pedir con antelación una disculpa a la población de nuestro estado y la capital, porque esta y muchas otras situaciones que han ido aflorando no hacen sino fortalecer nuestras exigencias al gobierno estatal. No podemos bajar los brazos mientras esta y muchas otras anomalías sigan siendo solapadas, es por el bien de nuestros agremiados, sí, pero también de la ciudadanía en general, que a la larga es la principal víctima de esta corrupción, ya sea porque se le da un mal servicio o, como en el caso de los reos, porque aparte de tener un familiar encarcelado, su familia debe costear su manutención, cuando como dije antes, suelen ser gente de muy escasos recursos”, añadió.

Aseguró que esta es una situación grave y que deja dinero ilegal a tantos funcionarios, que en cuanto llega un director que no entra al juego de corrupción, es removido en unas semanas. Ejemplificó el caso de Arturo Cervantes Juárez, quien al llegar quiso limpiar de “negocios” el penal, pero apenas duró un mes. Destacó, asimismo, que quien en realidad ahora dirige el Ceprereso rioverdense resulta ser la encargada de recursos humanos, Marisol Ramírez Lugo, “quien, aunque es sindicalizada nuestra, no mantiene una conducta adecuada para nuestros agremiados, por eso nosotros la estamos denunciando”.

 

Aumentos no se han pagado por culpa de la Oficialía Mayor

También hay otros casos como un empleado de Temazcalli que no han querido reinstalar por puro capricho del DIF, que ya tenía desde 2010 laborando, pero cometió el error de decir en voz alta que si no conseguía su base acudiría a tribunales laborales para hacer valer su derecho por antigüedad, y con eso fue removido. Destacó, además, que no es el único problema del DIF, pues el personal no ha recibido el aumento salarial que ya se entregó a buena parte de los trabajadores del gobierno, si no es que a la mayoría, ni tampoco a los del Poder Judicial.

“El problema es el oficial mayor, que sólo está cobrando sin hacer el trabajo que debe. No ha presionado ni por accidente a la Secretaría de Finanzas para que le proporcionen el dinero y cubrir ese y muchos otros adeudos que tienen con los trabajadores. Finanzas hace como quiere al oficial mayor”, lamentó.

El año pasado, continuó la lideresa, Jorge Quijano Rivero “nos firmó un compromiso para cubrirlos, eran en ese entonces 181 millones de pesos la deuda, y ahora nos ofrecen 30 millones en julio, 30 millones en agosto, esto ya es una burla, porque ni siquiera están ofreciendo saldar la deuda y, aparte, la estarían extendiendo varios meses. Arguyen que no tienen dinero, pero vemos que a otros sectores sí les están subsanando el faltante, y dicen que son recursos federales, cuando muchos de ellos son empleados directos del gobierno estatal, como la Sección 52 magisterial. Ya hasta una posible vena sexista se está dejando ver en este reparto de recursos, porque no está siendo un trato parejo”.

Señaló que “no es nuestra tarea andar de cobradores, sino del director de Pensiones, quien también está muy cómodo sin atender las quejas de los empleados y los ex trabajadores. Buena parte de la deuda incluso es de la prestación de apoyo a la vivienda. Los trabajadores sí tuvieron su deducción en sus salarios, pero el gobierno no ha dado nada, esa es la causa de que varios agremiados no hayan podido ejercer sus créditos, porque cuando deberían tener más, según su tiempo cotizado, en estos días no ajustarían ni para el enganche de una casa de interés social en una zona muy apartada de la ciudad. En total ya asciende en ese rubro a 370 millones de pesos”.

 

Con la sinfónica, sólo promesas

Respecto a la Orquesta Sinfónica y sus pedidos de basificar a integrantes que ya llevan varios años, hasta décadas algunos, “sólo nos han estad dando largas. Desde la semana pasada nos traen de que ya se va a firmar un acuerdo, pero es el día que ni se han acercado a establecer los términos del acuerdo; es una burla, esperan que los problemas se resuelvan solitos. Ya es muy propio de los funcionarios de esta administración. Para como pintan las cosas, incluso parece que quieren dejarle el problema a las autoridades que entrarán en la siguiente gestión”.

La lideresa del SUTSGE indicó que ya están viendo cómo reducir a la mitad la presencia de trabajadores en el plantón para aminorar el desgaste que implica salir de trabajar e irse a plantar frente a Palacio de Gobierno.

Sobre si se recrudecerían las manifestaciones del sindicato en forma de paros escalonados, plantones extras en las dependencias o más marchas, Lara Argüelles sólo respondió: “ojalá no sea necesario, pero se discutirá en breve con los agremiados”.