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Acata el gobierno órdenes de ONU contra la tortura

tortura

En imagen de junio, María Isabel Mazo Duarte y Adrián Ramírez López, especialistas de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Foto Francisco Olvera

Por Fabiola Martínez

El gobierno mexicano acató el ordenamiento del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura por hechos cometidos por militares, en 2009, en agravio de cuatro personas.

Por tal motivo, la Procuraduría General de la República y las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores analizan los pasos para atender la resolución, la cual incluye la liberación de quienes fueron torturados por elementos del Ejército Mexicano, en Baja California.

Ayer se reunieron en oficinas de Gobernación funcionarios, representantes de organismos nacionales e internacionales y una familiar de uno de los detenidos.

“Aunque tenemos 90 días para informar al Comité (de las Naciones Unidas) las medidas adoptadas para atender la resolución, ayer mismo le pedimos a la Comisión Nacional de Seguridad atención médica para los internos e inicio en las tareas de rehabilitación. En tanto, la PGR empezó a trabajar en la parte jurídica en lo que tiene qué ver con los asuntos de liberación de estas cuatro personas”, señaló Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Precisó que también hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos , en el sentido de hacer todo lo necesario para erradicar la tortura, la cual “no puede ser utilizado como un método de investigación que, en este caso, echa abajo un proceso judicial”.

“Entonces, estamos trabajando ya para cumplir con todas las obligaciones derivadas de la resolución”, comentó el subsecretario Campa a La Jornada.

El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura concluyó, en este caso, que México violó artículos de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el caso de Ramiro López Vázquez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez.

Dijo que el Estado mexicano no tomó medidas eficaces para impedir los actos de tortura durante la detención y arraigo de las cuatro víctimas y dictó auto de formal prisión sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura.

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En imagen de junio, María Isabel Mazo Duarte y Adrián Ramírez López, especialistas de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Foto Francisco Olvera