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Ahumada gana el primer round a Robles

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Alfredo Méndez

El fideicomiso Justicia y Verdad, formado a petición del empresario Carlos Ahumada, cuyo representante legal demandó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a su ex dirigente Rosario Robles Berlanga el pago de 520 millones de pesos, está integrado por cuatro empresas que desde el año 2006 ganaron juicios mercantiles ante tribunales mexicanos contra el partido del sol azteca y la actual titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El juez Horacio Ruiz Palma, titular del juzgado decimoprimero de distrito en materia civil, ordenó la publicación de varios edictos en diarios de circulación nacional (ayer se publicó el tercero), con el propósito de dar cumplimiento a un exhorto internacional enviado mediante carta rogatoria por un juez argentino.
De acuerdo con fuentes del Poder Judicial Federal, si Robles hace caso omiso al emplazamiento es muy probable que sea condenada a reparar el daño a Ahumada, pero una vez que los abogados del empresario intenten ejecutar la sentencia y cobrar el adeudo más los intereses, la funcionaria puede recurrir al juicio de garantías y alegar ‘‘indebida notificación’’, a fin de obtener un amparo enfocado a la anulación del juicio.
Otra posibilidad es que Robles Berlanga conteste la demanda, oponga excepciones y defensas por escrito encaminadas a demostrar que Ahumada no tiene la razón, e incluso podría contrademandar en el mismo juicio al empresario, con quien sostuvo una relación sentimental antes de que fuera detenido varios años en México. La demanda ejecutiva mercantil contra el PRD y Rosario Robles, por 520 millones de pesos, fue promovida ante un tribunal de la provincia argentina de La Rioja.

Las playeras más caras del mundo
La querella fue presentada por el representante de un fideicomiso que busca recuperar 400 millones de pesos, más intereses moratorios y costas judiciales, por concepto de daños y perjuicios.
Esos juicios, litigados durante varios años, dieron como primer resultado en el año 2006 el embargo de las prerrogativas del PRD ante el Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral) hasta por 1.8 millones de pesos, así como el embargo de tres cuentas en BBVA-Bancomer y Banca Afirme hasta por 11 millones.
Las cuatro empresas fueron contratadas en 2003 por Robles, entonces presidenta del partido, para manufacturar playeras, papelería, bolígrafos y mantas rumbo a las elecciones federales de aquel año.
Fuentes judiciales explicaron que de los 70 millones de pesos pactados inicialmente el empresario Carlos Ahumada pagó 50 millones en su calidad de ‘‘simpatizante’’ del partido. Las aportaciones fueron incrementándose hasta llegar a 400 millones, según consta en documentos judiciales de la demanda mercantil a los que tuvo acceso La Jornada.
Cuando Ahumada ya no quiso pagar, justo después de las elecciones, en el año 2004, Robles autorizó al entonces coordinador de administración del PRD, José Ramón Zebadúa, para firmar cuatro pagarés con tasa de interés TIIE más 6 puntos.
Ante el incumplimiento de los pagarés a dos empresas de Ahumada, un juez federal ordenó en 2006 embargar las prerrogativas que recibe el partido.
Una tercera demanda contra el sol azteca fue promovida por la empresa Universal Flexo en enero del 2005. El cuarto juicio lo inició la firma Jumen por varios millones de pesos, y como resultado, el 16 de febrero de 2006 el juez Refugio Ortega embargó tres cuentas bancarias del PRD.
El partido se ha defendido argumentando que Zebadúa carecía de facultades para firmar los pagarés, lo cual es muy probable que pueda contestar Rosario Robles.

JSL
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