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Atrae juez federal el caso de los jóvenes Jacqueline Santana y Bryan Reyes

Emir Olivares Alonso y Mirna Servín

Wendy Reyes y María del Carmen Rodríguez, respectivamente hermana y madre de Bryan, y María de la Luz López, mamá de Jacqueline Santana, durante una conferencia de prensa hace un mes en el Cencos ■ Foto Pablo Ramos

La justicia federal atrajo el caso de los jóvenes Jacqueline Santana y Bryan Reyes –ella estudiante de excelencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y él músico–, quienes están presos desde el pasado 15 de noviembre por presuntamente haber intentado asaltar a una policía federal, sometiéndola con un cuchillo de cocina.
Sergio Soto, uno de los abogados de la pareja, informó que el juez 13 de procesos penales federales en el Distrito Federal se declaró competente para atraer el caso, al considerar que los hechos están tipificados en la legislación penal federal como “robo agravado con violencia moral y contra el ejercicio legítimo de la autoridad”.
El juzgador federal convalidó los argumentos del juez capitalino que conoció primero el caso y dictó el auto de formal prisión, así como la actuación “irregular” del Ministerio Público del fuero común. Por ello, la defensa legal de los jóvenes interpuso un amparo indirecto, ya que “no existen elementos suficientes de prueba” para mantenerlos detenidos.
Para Soto la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 favorecía a Reyes y Santana, pues tanto su detención como el proceso en su contra fueron “irregulares”; incluso fueron aprehendidos de forma violenta.
De ahí que la decisión del juez federal de mantener en prisión a los jóvenes “es inconstitucional por violación al debido proceso, a la garantía de presunción de inocencia, derecho a la defensa y al derecho humano a la juridicidad”.
Resaltó que las declaraciones de los policías federales que los acusan, entre ellos la presunta agraviada, Lidia Zárate Herrera –adscrita al área de inteligencia, operaciones encubiertas e infiltraciones de la Policía Federal–, “son idénticas. Eso en materia penal es ilegal; a esa figura se le llama testigos sospechosos y no merecen credibilidad”.
Soto recordó que Santana y Reyes –presos en los reclusorios de Santa Martha Acatitla y preventivo varonil norte, respectivamente– han sido activos participantes en movilizaciones sociales por la desaparición de los 43 normalistas de ­Ayotzinapa.
El 15 de noviembre, mientras caminaban por la colonia Jardín Balbuena, los jóvenes fueron interceptados por sujetos vestidos de civil, quienes a punta de golpes y jalones los subieron a él a un auto compacto particular y a ella a un taxi. Cuando eran sometidos, gritaron que estaban siendo secuestrados, lo que propició que un policía capitalino interceptara los vehículos, pero los elementos federales se identificaron, se les permitió el paso y finalmente los presentaron ante el MP.
Ante las violaciones durante la detención y el proceso penal, la defensa de los jóvenes presentó ayer un ampliación de amparo para documentar lo ocurrido en este proceso y que los estudiantes puedan obtener su libertad bajo fianza. “Esta fue una resolución dogmática y gratuita que carece de todo sustento legal”, advirtió, Jorge Miranda, otro de los abogados.
Bryan, uno de los detenidos el 1º de diciembre de 2012 durante las protestas por la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto y liberado casi un mes después, y su novia Jacqueline declararon por separado que al ser detenidos “con fines de secuestro forzado” no sólo se los llevaron en un auto partícular a él y en un taxi a ella, sino que en el camino fueron golpeados, intimidados y cuestionados sobre su activismo, apuntó Miranda.

JSL
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