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Emir Olivares Alonso
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se unió al exhortó que hace un par de días expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron al gobierno mexicano para ratificar el llamado Acuerdo de Escazú.
El organismo nacional indicó que el pronunciamiento de los especialistas de la ONU es coincidente con diversos llamados que la propia CNDH ha hecho para que el Estado mexicano asuma el oficialmente llamado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Esto debido a la relevancia del tratado regional para garantizar que la población en general, las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos puedan participar en la protección y defensa del medio ambiente.
El lunes, a través de una carta dirigida al titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, los expertos de la ONU de 17 mecanismos de defensa del medio ambiente, de derechos humanos, de libertad de expresión, de pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros, le urgieron ratificar dicho Acuerdo “como una cuestión prioritaria”, antes del próximo 27 de septiembre.
Lo propio, dijo la CNDH, se ha solicitado desde el organismo nacional desde el 4 de marzo de 2018, en que se adoptó dicho instrumento en la ciudad de Escazú, Costa Rica.
La CNDH “reitera que ante el peligro que enfrenta la biodiversidad en nuestro país por los graves problemas que representan la degradación y pérdida de ecosistemas, sobreexplotación de especies para consumo o comercialización, contaminación, cambio climático y los procesos de urbanización, es necesario que las autoridades competentes realicen y transparenten los estudios ambientales antes de emprender obras y construcciones; consideren la participación de pueblos y comunidades indígenas conforme a los estándares internacionales y establezcan una política preventiva en materia de biodiversidad ante la urgente necesidad de conservar todo aquello que contribuya a contar con un ambiente sano”.
Destacó la importancia de la protección de los recursos y áreas naturales mediante una perspectiva de derechos humanos que permita garantizar el derecho a un medio ambiente sano y que ésta permee en el desarrollo y bienestar de todas las personas, y puntualizó que deben encontrarse formas de asegurar que el desarrollo del país no se lleve a cabo a expensas de su población ni tenga repercusiones perjudiciales para las personas o comunidades, su ambiente o condiciones de vida, por ende debe añadirse la necesidad de capacitar y difundir información sobre el medio ambiente, en especial para conocer la problemática del país en que vivimos.
El Ejecutivo federal, planteó la CNDH, debe atender el exhorto urgente de los expertos de la ONU para que el Senado de la República, ratifique el Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. De hacerlo, “mostrará en los hechos su compromiso con los derechos humanos”.
El organismo nacional subrayó la relevancia del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que establece diversas obligaciones para reconocer, proteger y promover todas las prerrogativas de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, quienes constituyen el segundo grupo más vulnerable y proclive a perder la vida a causa de sus actividades.
