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Comisionados del Ifai defienden sus salarios y niegan despidos injustificados

José Antonio Román

La presidenta del Ifai, Ximena Puente, flanqueada por los comisionados Areli Cano, Francisco Xavier Acuña y Óscar Mauricio Guerra, durante la conferencia de prensa en ese organismo ■ Foto Cristina Rodríguez

Los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) salieron en defensa del monto de sus salarios –194 mil 708 pesos brutos y 133 mil ocho pesos netos al mes–, y negaron que a su llegada al organismo se hayan dado ‘‘despidos injustificados’’ de personal.
Incluso, aseguraron que sus percepciones ‘‘son menores en tiempo y monto’’ a las obtenidas por sus antecesores de hace 10 años, además de que ahora el instituto tiene más responsabilidades y tareas.
En conferencia de prensa citada inicialmente para que los siete comisionados plantearan diversas consideraciones sobre la ley de transparencia que se discute en el Senado, salieron a relucir los temas de sus salarios, los despidos de personal y la transparencia misma del organismo.
El comisionado Óscar Mauricio Guerra aseguró que no hay un solo incremento y que los sueldos son los mismos desde su llegada, en mayo de 2014. Su compañero Francisco Xavier Acuña dijo incluso que los fundadores ‘‘ganaron muchísimo más en proporción y en tiempo, que lo que ahora percibimos’’.
Además, dijo que hay ‘‘un ex comisionado’’ que se ha encargado de hacer una ‘‘especie de frenética referencia’’ al presunto aumento de salarios, ‘‘cuando él fue, curiosamente, uno de los que tuvo el sueldo diferente y más alto cuando laboró en el Ifai’’.
Acuña destacó que de los órganos constitucionales autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los institutos Nacional Electoral y Federal de Telecomunicaciones, entre otros, los comisionados del Ifai son quienes en proporción ganan menos.
A su vez, la comisionada presidenta del instituto, Ximena Puente de la Mora, rechazó que a la llegada de los nuevos integrantes se hayan dado despidos injustificados. Precisó que existe una sola demanda laboral en curso por inconformidad de un trabajador.
Por su parte, el comisionado Joel Salas Juárez reconoció que a su llegada había dos problemas centrales: observaciones sobre la adquisición del edificio que ocupa el organismo y el costo de los viajes de trabajo. Hoy, dijo, en la misma página web del instituto existen micrositios con toda la información pública de ambos temas.
Por otra parte, respecto de la discusión de las leyes secundarias en materia de transparencia, los comisionados expresaron –con matices– su confianza en que el Senado apruebe en los próximos días dicha legislación y que sea acorde con el espíritu de la reforma constitucional de hace un año, además de que se mostraron abiertos al diálogo y a estar cerca del proceso.
En su turno, la comisionada Areli Cano advirtió que estarán atentos a plantear incluso ‘‘alertas’’ en caso de que exista alguna consideración específica o que se tenga que sugerir al Senado en ciertos temas.
Comentaron finalmente que un día después de su reunión con los senadores y entregar un decálogo de planteamientos para que sean considerados en la ley que se deberá aprobar, los comisionados señalaron que los legisladores fueron ‘‘receptivos’’ y se comprometieron a sacar pronto dicho ordenamiento. Sin embargo, los legisladores tienen la última palabra.

JSL
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