Comité de DH interpone amparo contra decretos de agua

Elio Henríquez, corresponsal 

San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, informó que interpuso una demanda de amparo en contra de 10 decretos promulgados el 6 de junio de 2018, los cuales “abren las puertas a la privatización de aguas nacionales y violentan derechos humanos de la sociedad mexicana”.

Explicó que los representantes del organismo interpusieron la solicitud de amparo el miércoles en los juzgados de distrito y juicios federales ubicado en Tuxtla Gutiérrez, “por la promulgación de 10 decretos para eliminar las vedas de 300 cuencas hidrológicas”.

Agregó: “La demanda es para requerir el amparo y protección de la justicia federal ante actos violatorios de los derechos constitucionales y humanos en contra de la sociedad mexicana por parte Congreso de la Unión al aprobar y expedir reformas de la fracción II del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, devenida inconstitucional y atentatoria de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales y del presidente Enrique Peña Nieto”.

Señaló que el recurso de amparo fue presentando el miércoles, “último día del término constitucional, recayendo para trámite en el Juzgado Cuarto de Distrito y Juicios Federales en el Estado de Chiapas y se suma a las acciones de demanda de amparo interpuesta por compañeros y compañeras de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quienes han interpuesto amparos en la ciudad de México”.

El organismo reiteró que los decretos citados “abren la puerta totalmente a la privatización de las aguas propiedad de la Nación y que está diseñada para entregar este vital recurso a industrias mineras, cerveceras, refresqueras, hidroeléctricas privadas entre otras”.

Subrayó que “los pueblos indígenas, tienen el derecho a ser consultados a través de procedimientos adecuados en los casos en que por leyes o decretos pudieran resultar perjudicados conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, para emitir cualquier regulación sobre la explotación, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que integran el hábitat de los pueblos indígenas, como en el caso que nos ocupa, debió llevarse a cabo una consulta previa a dichos pueblos, lo que no se realizó”.

Expresó que aunque el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su equipo de transición “han anunciado que revertirán estos decretos que privatizan las aguas nacionales en beneficio del gran capital nacional y transnacional, asumimos nuestro deber como defensores de derechos humanos y actuamos responsablemente para interponer este recurso de amparo que ha sido decretado y promulgado en el gobierno del Peña Nieto”.