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Condena Anuies amenazas contra rector de la UAEM

rector

Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al denunciar el pasado 10 de septiembre amenazas en su contra. Foto Rubicela Morelos

Por César Arellano García

México, DF. El Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) condenó “enérgicamente” las denuncias del rector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, relacionados con amenazas en contra de su persona y su familia.

En un breve pronunciamiento que firma el secretario general Ejecutivo de la Anuies, Jaime Valls Esponda, señala: “nos solidarizamos con el rector Vera Jiménez, así como con la comunidad universitaria que integra a esa institución de educación superior”.

Asimismo, hizo “un respetuoso llamado” a las autoridades del gobierno del estado de Morelos y del gobierno de la República “para que se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad del señor rector y su familia y que se lleve a cabo una profunda investigación apegada a Derecho”.

El fin de semana, La Jornada publicó en su edición impresa que de acuerdo a información que le filtraron a Vera Jiménez existe un plan para que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) asesinen a una de sus tres hijas. La dependencia está a cargo de Javier Pérez, sobrino político del gobernador Graco Ramírez.

En una conferencia que ofreció en la entidad, el rector de Morelos aseguró que “es claro que en Morelos hay quienes insisten en someter a la universidad por medio de la injerencia, la difamación y el descrédito, y hoy del temor, para que desista de su papel crítico, participativo y de acompañamiento a los pueblos y comunidades, frente a los problemas de violencia, inseguridad, desigualdad, pobreza y corrupción que aquejan a la población del estado”.

Dio a conocer que el 9 de agosto agentes de la FGE le informaron que en la dependencia se fraguó un plan para matar a una de sus hijas, por lo que el 10 de agosto pidió a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal que investigue.