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Confrontan senadores a procurador de Edomex por caso Tlatlaya

Tlatlaya

El procurador del estado de México Alejandro Jaime Gómez Sánchez compareció hoy ante la Comisión de Justicia del Senado. Foto Yazmín Ortega Cortes

Tlatlaya


El procurador del estado de México Alejandro Jaime Gómez Sánchez compareció hoy ante la Comisión de Justicia del Senado. Foto Yazmín Ortega Cortes

Por Andrea Becerril y Víctor Ballinas

México, DF. Durante las casi seis horas que duró su comparecencia en el Senado de la República, el procurador de Justicia del estado de México Alejandro Jaime Gómez Sánchez fue fuertemente cuestionado por su actuación en el caso Tlatlaya, los feminicidios en el estado de México y por el posible conflicto de intereses que representa su candidatura a ministro de la Suprema Corte.

Su insistencia en dejar la responsabilidad de las irregularidades en la investigación de la ejecución extrajudicial de 22 personas, en el Ejército y la PGR, fue echada abajo por legisladores del PRD y PT. El perredista Alejandro Encinas le hizo notar que una cosa es el discurso y otra los hechos. Le recordó que la procuraduría mexiquense, a su cargo, sostuvo que fue un enfrentamiento entre militares y delincuentes, que agentes de esa dependencia torturaron a los mujeres sobrevivientes y sólo después de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se detuvo a 7 policías ministeriales y un agente del ministerio público, que están en libertad bajo fianza.

La senadora independiente Martha Tagle puso en duda que se combata a los feminicidios, en el estado de México, como lo aseguró Gómez Sánchez, puso el ejemplo de Marina Lima, asesinada por su esposo un policía ministerial, cuyo caso quiso hacer aparecer la PGJEM como suicidio.

“Así impartirá justicia si llega a la Corte”, le preguntó Encinas. El aspirante a ocupar una de las vacantes en la Suprema Corte reiteró que “una cosa es lo que ocurrió en Tlatlaya y la actuación de los elementos militares -que en todo caso es del orden federal- y otra muy distinta es la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, que actuó consecuentemente en auxilio del ministerio público federal.

Sobre la liberación de los siete policías ministeriales y el agente del ministerio público de la procuraduría mexiquense, respondió que la tortura, según la Constitución, no es delito que impida otorgar fianza, además de que se han asegurado que enfrentarán el proceso.

Otro de los temas que más se discutieron fue su independencia del poder ejecutivo, donde ha laborado 25 años. Gómez Sánchez sostuvo que está libre de cualquier conflicto de interés, dijo que no pertenece al grupo “Atlacomulco” y rechazó ser “el delfín” del consejero jurídico de la presidencia de la república Humberto Castillejos, con quién colaboró.

Layda Sansores del PT, le dijo que en su curriculum figura haber sido asesor de Eduardo Medina Mora, cuando se desempeñaba como titular de la PGR.

“Me considero libre de conflicto de interés. Tengo mi trayectoria y consciencia limpias, así como las capacidades necesarias para ser un juez constitucional independiente, imparcial, moderno y responsable”, insistió, pero los cuestionamientos continuaron.