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Demanda la CNDH brindar protección a activistas y familias de las víctimas

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Con el objetivo de proteger la integridad de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa y de los defensores de garantías fundamentales que han atendido el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a los gobiernos federal y de Guerrero otorgar medidas precautorias en favor de los involucrados en el caso Iguala.
Lo anterior debido a que, apuntó el organismo nacional, en días recientes en diversos medios de comunicación se han dado a conocer señalamientos de funcionarios tanto del gobierno estatal como del federal donde se descalifica el trabajo tanto de los activistas que han atendido el tema como de los familiares de las víctimas.
Informó que las medidas solicitadas deben consistir en que los funcionarios instruyan, en el ámbito de sus competencias, a los servidores públicos de ambos niveles de gobierno, en especial a los encargados de las fuerzas de seguridad, para que se abstengan de formular opiniones y expresiones que revictimicen y pongan en riesgo la seguridad e integridad personal de los defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas tanto de asesinato como de desaparición por estos hechos, incluidas las otras tres personas que no pertenecen a la normal de Ayotzinapa pero que al estar cerca del lugar del ataque también perdieron la vida.
Además, ambas administraciones deben instruir a sus funcionarios a garantizar un trato digno y respetuoso a quienes sean favorecidos por esta protección, detalló en un comunicado.
La CNDH informó que el viernes pasado dirigió oficios para realizar tal solicitud: uno a Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y otro a Salvador Rogelio Ortega Martínez, gobernador de Guerrero.
En los documentos el organismo, presidido por Luis Raúl González Pérez, enfatiza que en fechas recientes se han dado a conocer a través de los medios de comunicación diversas opiniones y expresiones de servidores públicos de los diferentes ámbitos de gobierno en torno a la problemática que prevalece en el estado, especialmente en el caso de Ayotzinapa, en que se descalifica el trabajo que realizan tanto defensores civiles de derechos humanos como los familiares de las víctimas, en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y en sus reclamos de justicia.
La comisión indicó que estas medidas cautelares de protección solicitadas tienen su fundamento tanto en la Constitución como en la Ley de la CNDH.
Recordó que realiza una investigación por el ataque a los normalistas así como las fosas clandestinas que se han hallado en Guerrero, en la cual se verifica que las autoridades de ambos órdenes de gobierno “cumplan su labor de brindar seguridad”.
Emir Olivares Alonso

JSL
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