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Detenidos el 20 de noviembre exigirán la reparación integral de los daños que sufrieron

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Fernando Camacho Servín

Las 11 personas detenidas tras la marcha del pasado 20 de noviembre, quienes fueron enviadas a penales de alta seguridad y luego puestas en libertad por falta de pruebas, exigirán a las autoridades mexicanas la reparación integral del daño por la detención arbitraria, golpes, tortura sicológica y tratos crueles de los que fueron víctimas, indicaron las organizaciones sociales que le dieron asesoría legal.
“Presentaremos una demanda de reparación de daños ante el Estado mexicano, que incluya una disculpa pública y las renuncias de los funcionarios involucrados, llámese el procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, o el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida”, señaló Armando Barrera, miembro de la asociación civil Cauce Ciudadano.
En conferencia de prensa, el abogado destacó que este caso pone de relieve la “mala fe” y la incapacidad con que la PGR hizo las consignaciones contra los 11 detenidos por cargos como motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio.
Asimismo, Barrera lamentó que las autoridades de la Procuraduría hayan creado una “dirección de infiltración y operaciones encubiertas” –de la cual hay evidencia jurídica, señaló–, pues eso comprueba el espionaje en contra de diversos colectivos.
David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), confirmó que la demanda de responsabilidad patrimonial en contra de las autoridades será presentada en un par de semanas.
De igual manera, los defensores de los 11 ciudadanos liberados presentarán una denuncia por tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo que deberá practicar esta misma semana algunas revisiones físicas como parte del Protocolo de Estambul para confirmar esas acusaciones.
Por su parte, Carlos Cruz, director general de Cauce Ciudadano, denunció que varios de los activistas que participaron en la defensa de los inculpados han empezado a recibir amenazas telefónicas, y exigió que cese la campaña de difamación contra los abogados de la ANAD, quienes han sido calificados como “defensores de delincuentes”.
En el acto estuvieron presentes Juan Daniel López y Laurence Maxwell Ilabaca, dos de los consignados que recuperaron su libertad el pasado 29 de noviembre, quienes narraron los actos de violencia física y tortura sicológica que padecieron en su detención.

JSL
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