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Alfredo Méndez

La principal línea de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán apunta a la posibilidad de que funcionarios federales responsables de las prisiones del país –entre ellos el ex director del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, y el director técnico de la misma cárcel, Librado Carmona García–, habrían otorgado información confidencial a los abogados del narcotraficante sobre los planos del centro carcelario y otros documentos confidenciales, informaron fuentes gubernamentales.

Hasta el momento los fiscales han interrogado al menos a 49 personas, entre custodios, el ex director del penal, así como altos funcionarios del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y a un supuesto propietario del predio en el que se encuentra la bodega de la que partió el túnel por el que escapó Guzmán Loera.

Los fiscales designados solicitaron a un juez federal la intervención de comunicaciones privadas de familiares y personas del círculo cercano de Guzmán, especialmente de su actual esposa y de sus ex cónyuges, a quienes también se les han revisado sus comunicaciones por redes sociales y correos electrónicos.

Como parte de las pesquisas, los familiares de El Chapo y al menos tres de los abogados que encabezaron su defensa legal mientras estuvo en prisión (de febrero de 2014 al sábado pasado) serán citados a declarar en calidad de testigos, añadieron los funcionarios consultados.

De su lado, el abogado de varios de los custodios que permanecen retenidos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), quien se identificó como Juan Sánchez Jiménez, dijo ayer que la mayoría de los vigilantes quedarán en libertad en las próximas horas, ya que supuestamente no hay pruebas en su contra. El litigante informó que tras rendir su declaración un custodio, una empleada administrativa del penal y el hermano del presunto dueño del predio por donde habría escapado el capo ya fueron puestos en libertad. Además, dio a conocer que un juez federal otorgó ayer una suspensión en vía de amparo a siete de los detenidos, y que mediante esa resolución el juez instruyó a la PGR cesar cualquier acto de incomunicación contra los custodios.

El abogado también dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ‘‘se opuso’’ a recibir una queja de los vigilantes, pero el organismo rechazó lo dicho por Sánchez Jiménez mediante un boletín de prensa. ‘‘La CNDH precisa que el domingo 12 de julio fueron recibidos dos escritos de queja, mismos que se encuentran en trámite y en cuyo marco se han solicitado medidas cautelares a la PGR y a la Comisión Nacional de Seguridad a efecto de que respeten los derechos humanos de todas las personas que están siendo investigadas’’ por la fuga de Joaquín Guzmán.

Los interrogatorios que agentes del Ministerio Público Federal han hecho a custodios y al director del penal del Altiplano van encaminados a saber quién de ellos tenía acceso al plano de construcción del centro penitenciario y a las cámaras de videovigilancia, amén de que se les ha preguntado si conocieron de los reportes técnicos que debe realizar de manera frecuente el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social para monitorear el subsuelo.

En las diligencias ha estado presente el subprocurador Felipe de Jesús Muñoz y, de acuerdo con funcionarios de la PGR, los abogados de los custodios retenidos les han recomendado abstenerse de declarar y/o negar rotundamente cualquier acto de soborno o complicidad con la evasión de El Chapo.

Desde la mañana del domingo, unas horas después de la fuga del capo, un equipo integrado por peritos y agentes de la PGR trabaja en la boca del túnel y un grupo de expertos analiza las imágenes de la cámara del circuito cerrado para indagar detalles sobre la fuga.

Otra línea de investigación abierta tiene que ver con los dueños del predio en que se construyó la bodega en donde desemboca el túnel por el que se escapó El Chapo.

Las autoridades ministeriales revisaron datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y pudieron ubicar y detener a Calixto Estrada Castillo y a otras dos personas que aparentemente son los dueños del terreno.

Calixto Estrada compró el predio desde 1989, ante la fe del notario público Gabriel Escobar Ezeta, conforme a la escritura 26298 de fecha 15 de junio de ese año, con clave catastral 1021200351, aunque no está claro aún si Estrada y compañía siguen siendo los propietarios del inmueble o si lo vendieron meses antes de que comenzara la construcción del túnel.

Por el momento, la casa en obra negra está custodiada por elementos del Ejército y la Policía Federal. La PGR también investiga qué funcionarios otorgaron los permisos municipales y estatales para tantas construcciones irregulares alrededor del penal del Altiplano en los últimos años.