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El alcalde igualteco cumplió su amenaza

Blanche Petrich

Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala, fue asesinado dos días después de que el presidente municipal, José Luis Abarca, lo amenazó en público el 29 de mayo, en una audiencia en el ayuntamiento frente a todo el cabildo ■ Foto Oracio Lagunas

Eran las 11 de la noche del 31 de mayo de 2013, en un paraje de encinos y matorrales, aproximadamente a 300 metros de una vereda de terracería que se adentra en el monte por la carretera entre Iguala y Puente de Ixtla. Nicolás Mendoza Villa, chofer del ingeniero Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala, permanecía tirado en el suelo, secuestrado junto con su jefe y otros cuatro miembros de la organización, por hombres armados vestidos de negro. Llevaban poco más de 24 horas sometidos con armas largas, torturados interminentemente. Hernández Cardona tenía una herida de bala en una pantorrilla, provocada por un disparo en el momento en que el grupo fue interceptado.
Al lugar llegaron dos hombres más, dando órdenes a los secuestradores. Nicolás los reconoció, ya que en ese momento no estaba vendado de los ojos: el presidente municipal, José Luis Abarca, y su jefe de seguridad pública, Felipe Flores Velázquez. Ambos llevaban una cerveza Barrilito en la mano.
En su declaración ministerial ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero del pasado 11 de marzo, en calidad de testigo ocular y sobreviviente del asesinato de Hernández Cardona y sus compañeros Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Balderas Román, Mendoza Villa afirma que el ahora detenido ex edil Abarca se dirigió a Hernández, opositor político: “Qué tanto estás chingando con el abono y pintando mi ayuntamiento. Ahora yo me voy a dar el gusto de matarte”. Su jefe de seguridad, Flores, levantó a Hernández del piso y lo arrastró unos 10 metros hacia una fosa que recién habían cavado los otros sicarios. “Le pone el cañón de un arma larga a la altura de la mejilla del lado izquierdo de la cara y le da un balazo”.
Arrojado a la fosa, todavía se oyó la voz de Flores, jefe de la policía local: “Métele otro putazo, porque ya va a llover”. Y Abarca volvió a disparar para rematar a su víctima.
Mendoza Villa y otros dos secuestrados –Gregorio Dante Cervantes y Efraín Amates– lograron huir en medio de la obscuridad. Días después fueron encontrados los cuerpos de los tres activistas de la Unidad Popular asesinados, los mismos a los que Abarca había amenazado en público el 29 de mayo, en una audiencia en el ayuntamiento de Iguala, frente a todo el cabildo.
Ni las autoridades judiciales del municipio ni las del gobierno estatal, que encabezaba Ángel Aguirre, investigaron ni buscaron a los autores del triple asesinato. Lo que sí se investigó y sancionó fue la protesta que días después protagonizaron la Unidad Popular de Iguala y otras organizaciones guerrerenses, incluida la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, frente al palacio municipal. El inmueble fue apedreado y pintarrajeado. A los manifestantes se les acusó por daños en propiedad ajena, que fueron valorados en 4 millones de pesos.
Mendoza Villa aguantó vivir en Iguala unos meses más, pero después huyó, cuando supo que lo buscaban para ultimarlo. En marzo de 2014 reunió valor para presentarse a declarar ante un agente del Ministerio Público guerrerense en Chilpancingo.
En esa declaración – La Jornada tiene una copia– agrega un detalle significativo a la luz de las fosas clandestinas llenas de restos humanos que han sido encontrados en semanas recientes en los alrededores de Iguala. En el lugar de matorrales de espino, sostuvo Nicolás Mendoza, “había más personas, como seis, que tenían secuestradas y tiradas bajo los matorrales. De ellas, eran cuatro hombres y tres mujeres; no supe nunca sus nombres ni a qué se dedicaban. Lo que escuché es que para perdonarle la vida iban a trabajar para ellos, ya que se hacían llamar miembros de la organización Guerreros Unidos y que estaban bajo las órdenes del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca”.
El secuestro de los activistas había tenido lugar un día antes, 30 de mayo, cuando un grupo de la Unidad Popular se retiraba de la caseta de cobro de la carretera a Iguala, en el tramo hacia Puente de Ixtla, donde habían protestado contra Abarca. El día anterior, en audiencia pública, el alcalde había amenazado de muerte a Hernández Cardona. Ambos eran militantes del PRD; Abarca, afín a la corriente de los chuchos, y el líder social, cercano a los bejaranistas.
Los últimos en retirarse de la caseta fueron Hernández Cardona y seis compañeros, en una camioneta Honda, blanca, con placas del Distrito Federal. Nicolás se puso al volante. A la mitad del camino una camioneta Explorer se les pegó por atrás y otra Cherokee, “gris o azul”, con las portezuelas abiertas y hombres armados apuntándoles, les cerró el paso.
Al menos uno de los hombres de ese comando es descrito por Nicolás: “una persona de edad aproximada de 35 a 40 años, piel morena, cabello corto lacio, con gafas, con acento costeño y que camina jorobado”.
De acuerdo con Magda López, dirigente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, durante los 17 meses transcurridos desde el triple asesinato no se realizó ninguna investigación, a pesar de que la Procuraduría General de la República atrajo el caso y abrió la averiguación previa PGR/SIEDO/UELDMS/439/2014.
Tampoco se presentó una demanda formal por parte del líder de la corriente en que militaban los líderes asesinados, René Bejarano, quien, sin embargo, ha insistido en declaraciones a la prensa que “le comentó” el caso al procurador Jesús Murillo Karam.
En junio de 2013, pocas semanas después de las ejecuciones, la Red; el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y Nicolás Mendoza presentaron ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez, una solicitud de protección para los sobrevivientes del ataque, por considerar que podían sufrir un nuevo atentado. No ha habido respuesta del organismo hasta la fecha, a pesar de que en septiembre fue replanteada la petición.