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El antimonumento

El antimonumento

El memorial por los normalistas desaparecidos en Reforma. Foto: Germán Canseco

Casi todos los gobiernos que hemos tenido le han apostado al olvido cuando se habla de tragedias producidas por actos de injusticia, abusos de poder o de corrupción. Con el PRI se apostó a que las víctimas del movimiento estudiantil del 68 y 71, así como los desaparecidos de la guerra sucia y las matanzas de Aguas Blancas y Acteal fueran un expediente cerrado. El gobierno del PAN busco lo mismo con las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.

Ninguno de ellos quiere aparecer en la historia oficial como uno de los gobiernos tiránicos y opresivos en que se han convertido con estas ausencias de justicia y por ello intentan cerrar los expedientes de cada caso lo más rápido posible.

Pero la memoria colectiva, la que protesta en la calle no está convencida de las versiones o explicaciones oficiales, ha tomado la iniciativa de levantar memoriales o antimonumentos para recordar estos actos, no como parte de un calendario de desgracias que celebrar, sino como un ejercicio de memoria vida para que no se vuelvan a repetir o para exigir justicia.

El domingo pasado se cumplieron siete meses de la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que se ha convertido en el más claro ejemplo de la fusión del crimen organizado y el poder político. Para el gobierno de Enrique Peña Nieto este caso ya está cerrado asegurando que fueron asesinados por el crimen organizado. Pero para la gente no fueron víctimas del narco sino desaparecidos del gobierno convertido en crimen organizado y hasta no tener prueba fehaciente de su muerte para ellos los estudiantes normalistas siguen vivos.

De eso se trató el ejercicio del antimonumento erigido por la gente en la avenida más transitada de la capital del país, Reforma, dedicado a los estudiantes de Ayotzinapa. Forjado en hierro y fijado en la tierra con una base de metal el número 43 pintado de rojo, con una altura de más de dos metros, está a la vista de los miles de automovilistas que pasan por ahí y de los transeúntes que van de paso por ese punto estratégico de la capital política del país.

Se trata de una acción social de memoria viva, un ejercicio de memoriales colectivos, de acciones de manifestación social que exigen transparencia y justicia no sólo para los normalistas sino para las miles de víctimas que han muerto, desaparecido o han sido desplazadas a raíz de la guerra contra el narcotráfico y el crecimiento del poder del crimen organizado.

La apuesta oficial a la desmemoria es tratar de negar la realidad y esquivar responsabilidades por parte del gobierno en turno. Es tratar de evadir la deuda en  los hechos en los que están involucrados distintos agentes de autoridades políticas, judiciales, militares o policiacas como es Ayotzinapa, pero también Tlatlaya, Apatzingán y antes El Charco, Aguas Blancas, Acteal, Tlatelolco, la Normal de San Cosme, entre otros muchos.

Pero a diferencia de algunas de estas masacres que forman parte del calendario de tragedias, la de los normalistas de Ayotzinapa está más viva porque se trata de uno de los casos de desaparición forzada más escandalosos y emblemáticos de la historia actual del país, el cual habrá de teñir la administración peñista con una marca imborrable a pesar de los esfuerzos que han hecho personajes como el exprocurador Jesús Murillo Karam que mostró su despotismo en el trato a los familiares a quienes pidió aceptar la versión oficial sin mostrar una sola prueba tangible de la muerte de los estudiantes a manos del crimen organizado.

Con Información de Proceso