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El gobierno intenta consolidar su versión de que los 43 normalistas están muertos

Arturo Cano

Las autoridades federales “trataron y tratan de meter cizaña. Como si el problema fuera la defensa y no todas las inconsistencias de la investigación”, afirma Abel Barrera ■ Foto Jesús Villaseca

Chilpancingo, Gro. Las reuniones de los padres de familia de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa con altos funcionarios del gobierno mexicano solían terminar con saludos corteses y breves diálogos en pequeños grupos. El pasado martes 13, sin embargo, los asistentes se dieron la espalda y salieron sin despedirse. “No hubo ni acercamientos al final, ni despedida”, dice Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que asesora legalmente a los familiares de los muchachos desaparecidos.
La razón es simple: “Se perdió la posibilidad de interlocución cercana, confiable. El gobierno está tratando de adelantarse y de consolidar su versión, aunque la investigación siga abierta”, continúa el antropólogo, para quien el “cambio radical” en la actitud del gobierno busca “aislar a los padres y, quizá, dar paso a la salida dura” (la reciente llegada de mil 800 policías federales a esta ciudad, como reportaron medios locales, parece avalar la idea).
A la reunión del día 13 asistieron el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el subsecretario de Gobierno, Luis Miranda Nava, y Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien llevó la voz cantante en la presentación que los funcionarios hicieron frente a la mayoría de los padres y sus asesores.
Otros asistentes a la junta explican algunos detalles de cómo transcurrió y coinciden en que el interés de los funcionarios se centró en convencer a los padres de que su versión “no es mentira”.
La exposición, a cargo del titular de la AIC, fue una “versión editada” de lo presentado por el procurador Murillo Karam el 7 de noviembre del año pasado.
Cuando llegaron a la parte en la que presentan, en video, los testimonios de algunos criminales (ya transmitidos en cadena nacional), los padres protestaron de viva voz y la reunión tuvo que suspenderse por un momento.
“Es volver a restregar a los padres algo que no aceptan, las versiones de criminales que la autoridad da por buenas aunque no están apoyadas en otras pruebas”, afirma Barrera.
Los padres pidieron tiempo y el secretario de Gobernación, el procurador y los funcionarios que los acompañaban salieron momentáneamente de la reunión, mientras las familias hablaban entre sí.
Cuando regresaron, siguió corriendo y terminó el video. Luego Tomás Zerón tomó la palabra apoyado en una presentación de Power Point.
Según asistentes a la reunión, el enojo de los padres fue mayor porque durante la presentación del video, una voz fuera de cuadro “iba avalando la narración de los delincuentes, como si fueran hechos, apoyando la idea de que las cosas fueron así, aunque la investigación no esté cerrada y aunque no se puede corroborar la veracidad de los dichos de los detenidos”.
Los funcionarios federales centraron sus esfuerzos en convencer a los padres de que si no les habían presentado algunos datos o testimonios fue porque “sus abogados pidieron que no se los mostráramos porque eran muy fuertes.
“Trataron y tratan de meter cizaña. Como si el problema fuera la defensa y no todas las inconsistencias de la investigación”, dice Barrera.
Como ha recordado el abogado Vidulfo Rosales, un acuerdo con el gobierno fue que los padres siempre serían informados primero de cualquier asunto relevante relacionado con la investigación.
Sin embargo, el 20 de enero, la Procuraduría General de la República dio a conocer que los expertos de la Universidad de Innsbruck informaron que no habían podido establecer los perfiles genéticos de los restos que les enviaron.
“No cumplen, porque al parecer sólo les interesa dar a conocer anticipadamente cualquier elemento que apuntale su versión”, lamenta el director del Centro Tlachinollan.
La reunión aquí referida se realizó un día después del choque entre manifestantes y miembros del Ejército, a las puertas de la sede del 27 batallón de infantería.
Ese 12 de enero, los padres decidieron encabezar la manifestación en Iguala porque el gobierno había cancelado una reunión programada con carácter supuestamente urgente.
Tras el zafarrancho con los militares, esa misma tarde “la Secretaría de Gobernación anduvo buscando a los padres para que se reunieran” de inmediato.
El periodo vacacional había dado un respiro al gobierno de Enrique Peña Nieto, que dejó pasar el Día de Reyes para volver a mostrar su prisa por presentar a los padres los “avances” de la investigación. “Aunque en realidad no había nada sustantivo ni diferente de lo presentado por Murillo Karam el año pasado”.
La táctica utilizada por los hidalguenses (ya les ha tocado que les recriminen la desaparición de la Normal de El Mexe, Hidalgo) propició que los padres respondieran muy duro. Durante más de dos horas se dedicaron a rechazar la versión oficial. “No es cierto”, “ustedes los tienen”, “ya dejen de estarnos engañando”, fueron algunas frases que se escucharon.
Y, claro, su frase de siempre: “Lo único que nos interesa es encontrar a nuestros hijos”.
A veces se olvida pero, como recuerda Abel Barrera, en medio de todo el ruido el tema central, “las víctimas y sus familiares, queda en segundo o tercer plano. Eso sólo puede significar que no les importa, que quieren consolidar su versión y que este gobierno busca una buena imagen a costa del dolor de la gente”.

JSL
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