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Exige la CEM a legisladores y gobiernos compromiso para abatir la corrupción

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Carolina Gómez Mena

El Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) exigió poner “alto a la corrupción” en el país y solicitó a los legisladores, a los tres órdenes de gobierno y a los partidos un “decidido y eficaz compromiso en la lucha” contra esa práctica.
Precisó que ante la “gravedad del problema exige soluciones de fondo e inmediatas, y no maquillajes que ya no engañan a nadie y sólo exacerban los ánimos”.
Los 21 jerarcas católicos que signan el escrito, encabezados por el cardenal José Francisco Robles Ortega, presidente de la CEM; Javier Navarro Rodríguez, vicepresidente, y Eugenio Lira Rugarcía, secretario general, propusieron elaborar y poner en marcha un “sistema nacional anticorrupción, conformado por organismos autónomos” que gocen de “independencia, profesionalismo, confiabilidad, facultades y recursos”, y que “incluyan en su rango de acción a todos los entes del Estado a escala federal, estatal y municipal, a los poderes judiciales federal y locales, así como a los órganos constitucionales autónomos”.
Indicaron que tampoco debe quedar fuera de la reforma la revisión del “fuero” del que gozan algunos servidores públicos, el cual podría hacer naufragar el sistema entero si es utilizado como “escudo de impunidad”.
Los jerarcas religiosos indicaron que debe “replantearse la figura de juicio político, tanto en los sujetos como en los supuestos que lo pueden originar, ya que actualmente existe demasiada discrecionalidad y laxitud”. Apuntaron que es “indispensable que el combate a la corrupción no sea usado con fines de persecución política o de revancha mediática”.
“Como ciudadanos y pastores”, subrayaron, sentimos “gran preocupación por el presente y el futuro del país, que se ve aquejado desde hace muchos años por el grave mal de la corrupción, que favorece la impunidad y el enriquecimiento ilícito, la falta de confianza respecto de las instituciones políticas, sobre todo en la administración de la justicia y en la inversión pública, no siempre clara, igual y eficaz para todos”.

JSL
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