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Fuertes críticas del PRD a Medina Mora; sus contendientes salieron mejor librados

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Jesús Aranda

La candidatura de Eduardo Medina Mora para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue impugnada ayer por el Partido de la Revolución Democrátiva (PRD) debido a sus antecedentes como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El sol azteca también cuestionó el paso del embajador en Washington por la Procuraduría General de la República (PGR), su actuación en la violación a los derechos humanos en los operativos de la Policía Federal (PF) en San Salvador Atenco y en Oaxaca, y su participación en el llamado michoacanazo.
Asimismo, el organismo político dijo que Medina Mora no cumple con el requisito constitucional de residencia y mencionó de paso su presunto compadrazgo con el presidente Enrique Peña Nieto.
La sesión de la Comisión de Justicia del Senado en la que comparecieron Medina Mora y los magistrados federales Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Hernández Orozco terminó sin que se votara el dictamen de idoneidad de éstos para aspirar a integrar la Suprema Corte. Trascendió que la comisión sesionará la próxima semana, con lo que la validez de las candidaturas quedó en suspenso.
La legisladora perredista Dolores Padierna fue la más contundente en sus críticas en contra del actual embajador de México en Estados Unidos, al afirmar que no cumple con el requisito constitucional de honorabilidad, probidad y honestidad.
También lo cuestionó por su participación en el llamado michoacanazo, en el operativo encubierto Rápido y furioso, que permitió la entrada ilegal de armas estadunidenses a México y por su presunto compadrazgo con el presidente Peña.
Los señalamientos de Dolores Padierna subieron de tono al final de la comparecencia, al grado de acusar a Medina Mora de mentir abiertamente en sus respuestas. El funcionario había respondido que la colaboración con Estados Unidos había sido pactada para que las armas decomisadas a delincuentes en México fueran revisadas a efecto de detectar en qué parte del país vecino fueron vendidas y que la operación referida ocurrió después de que dejó el cargo; en tanto, sobre las resoluciones de la Corte sostuvo que ésta lo absolvió en ambos casos de cualquier responsabilidad.
Por su parte, la también perredista Angélica de la Peña cuestionó al ex procurador por no cumplir con el requisito constitucional de residencia efectiva de dos años en el país antes de ser nominado para ser ministro de la Suprema Corte, y por las acciones de inconstitucionalidad que presentó Medina Mora –siendo titular de la PGR– en contra de la ley sobre la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal.
Medina Mora respondió que la disposición constitucional de dos años de residencia efectiva no era aplicable para los integrantes del servicio exterior –en ese tiempo fue nombrado embajador en Estados Unidos– y aseguró que cumple con dicho requisito legal.
Rechazó la realización de exámenes de control de confianza a jueces y magistrados para combatir la corrupción en el Poder Judicial de la Federación, al señalar que no es la misma problemática de policías y agentes del Ministerio Público que de los juzgadores.
También propuso que se transparenten las entrevistas entre los juzgadores y los abogados que llevan asuntos ante los órganos jurisdiccionales para evitar prácticas ilícitas en la impartición de justicia.
Por otra parte, los magistrados Fuentes Barrera y Hernández Orozco fueron cuestionados por los legisladores sobre temas jurídicos y sobre qué harían en el caso de ser ministros de la Corte para hacer eficiente la impartición de justicia y ampliar la protección a los derechos humanos, particularmente de los grupos más vulnerables.
Mientras Medina Mora sostuvo que su ‘‘amplia experiencia’’ en diversos cargos contribuiría a la integración de una Corte más plural, los magistrados federales coincidieron en que el próximo integrante del máximo tribunal debe tener experiencia en la impartición de justicia.

JSL
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