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Grupos civiles y políticos exigen agotar las líneas de investigación

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Grupos civiles, defensores de derechos humanos e integrantes de partidos políticos exigieron a las autoridades que realicen una pesquisa exhaustiva para aclarar el homicidio contra el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y otras tres mujeres. Pidieron que se agoten todas las líneas de investigación, incluidas las relacionadas con las actividades de las víctimas, y que no presenten el caso como producto de un fenómeno delictivo.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México señaló que el asesinato de Nadia Vera, la joven Yesenia Quiroz y otras dos mujeres debe considerarse como feminicidio.
La red, integrada por 180 activistas de 22 estados del país exigió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), pidió que la conducción de las investigaciones tenga el debido proceso legal con perspectiva de género.
Demandó una investigación eficaz y transparente para identificar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes.
Además, pidió que la principal línea de investigación en el asesinato de Espinosa y Vera sea la relación de los hechos con su labor de periodista y defensora de derechos humanos, respectivamente.
La red recordó que Vera tuvo que trasladarse de Veracruz a la ciudad de México “para salvaguardar su vida, tras el incremento de amenazas en su contra, como seguimiento, secuestro, robo de su celular y allanamiento de morada, entre otros, ligados con su activismo político”.
La activista y el fotoperiodista tenían una relación de amistad de al menos cuatro años y ambos compartían la preocupación de la situación de violencia en Veracruz, indicó.
Las organizaciones sociales y ciudadanos en lo individual publicaron un documento en el portal change.org para recabar firmas y exigir que las líneas de investigación apunten hacia la posible responsabilidad del gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
El presidente nacional del Partido Morena, Martí Batres, exigió a la PGJDF que cite a declarar al mandatario estatal, y solicitó a la procuraduría no filtrar “versiones falsas” sobre lo ocurrido, porque lo único que provoca es criminalizar a las víctimas.
El diputado federal Roberto López, del PRD, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que la autoridad judicial tiene obligación de abrir una línea de investigación acerca de un homicidio de carácter político.
En cinco años en Veracruz han sido asesinados 17 periodistas y nueve trabajadores de los medios de comunicación se han visto obligados a desplazarse a la ciudad de México por temor a agresiones y amenazas.
“Ha resultado una constante que entre los lamentables homicidios de periodistas en Veracruz se pretenda desviar la atención señalando que éstos han derivado de acciones pasionales o delitos del fuero común. Existen antecedentes y denuncias que en su momento interpusieron las víctimas por amenazas provenientes desde el poder político”, dijo.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se pronunció por reforzar los mecanismos de respaldo y protección a comunicadores e hizo un llamado a las autoridades del Distrifo Federal, Veracruz y la Procuraduría General de la República a coordinar sus acciones, más allá de sus intereses políticos y personales, para capturar a los homicidas.
Colectivos estudiantiles de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana y Tecnológica, así como del Instituto Politécnico Nacional, se sumaron a la exigencia de que se esclarezca el multihomicidio.
En un mitin realizado frente a la representación de Veracruz en la ciudad de México, los estudiantes exigieron que el Congreso de la Unión investigue al gobernador Duarte.
El gobierno federal, dijeron, debe extender las garantías necesarias para el libre ejercicio periodistico en todo el país.
“La ejecución del periodista Rubén Espinosa no es un hecho aislado, configura inequívocamente un clima de represión al ejercicio de la libertad de prensa y la criminalizción de la industria de la información”, dijeron.
La delegación de la Unión Europea en México y las embajadas de los estados miembros también condenaron el multihomicidio del pasado 31 de julio
Emir Olivares, Matilde Pérez, Roberto Garduño, Alejandro Cruz y Ángel Bolaños

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