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Inconsistencias por $90 mil millones en la cuenta pública 2013, indica la ASF

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Enrique Méndez y Roberto Garduño

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, informó que el monto de las observaciones a los entes públicos auditados en la cuenta pública 2013 ascendió a 90 mil millones de pesos. De tal cantidad, el cúmulo de las llamadas ‘‘recuperaciones probables’’ podría ascender a 50 mil 721 millones de pesos, pero de dos años atrás y a la fecha sólo se han recuperado 5 mil 804 millones, faltando por recuperar –derivado de las observaciones del ente fiscalizador– más de 84 mil millones de pesos.
Al presentar el Informe general de la cuenta pública 2013, en la Cámara de Diputados, el titular de la ASF llamó a las instituciones del Estado a ganarse la confianza de la ciudadanía, creando certidumbre y objetividad, y no subordinarse a los vaivenes de la opinión pública.
Para el presidente de la Comisión de Vigilancia en San Lázaro, José Luis Muñoz Soria (PRD), la política de transparencia del Estado mexicano se ha reducido a un fenómeno de opacidad, porque las instituciones de éste han encontrado diversas opciones para evadir la responsabilidad de la transparencia pública.
El legislador consideró necesario que las instituciones del Estado emprendan acciones concretas de combate a la corrupción, porque ni el sistema nacional anticorrupción tendrá herramientas suficientes para cambiar la opacidad en que se desenvuelven todas las instancias del Estado mexicano.
En el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, Juan Manuel Portal expuso que de la fiscalización, que incluye un total de mil 413 auditorías, se emitieron 10 mil 861 acciones, de las cuales 6 mil 902 son recomendaciones, 783 solicitudes de aclaración, 57 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, mil 321 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y mil 798 pliegos de observación.
En su discurso incluyó un nuevo mensaje político, al solicitar a los órganos del Estado ‘‘sustraerse a la dinámica existente en la confrontación política y proporcionar elementos de certidumbre y objetividad, más allá de cualquier interés de grupo, preferencia personal o apremio a la ciudadanía’’.
El auditor, quien depende de la Cámara de Diputados, adujo que la información surgida de las instituciones del Estado, en algunos casos puede ser materia de debate político, pero éstas no deben subordinarse a los vaivenes de la opinión pública, de las acciones partidistas o de una visión subjetiva de la realidad nacional.
En su alocución enunció 13 tareas de riesgo de mayor impacto en materia de fiscalización, como emprender un código de valores para los servidores públicos; elaborar diagnósticos sobre metas y objetivos institucionales; fiscalizar, transparentar y sancionar administrativamente o en materia penal los malos manejos de los recursos federales en las entidades federativas; desprender programas de impacto social, porque los actuales tienen un elevado costo para la comunidad; visualizar las perspectivas de mediano y largo plazos en áreas de oportunidad para la asignación más eficiente de los recursos.
También, adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen la norma, pero no representan las mejores condiciones para el Estado; proyectos de infraestructura sin planeación, supervisión ni seguimiento; participación de intermediarios en la dispersión del gasto público; subejercicios; incorporación de tecnologías de información en el ejercicio gubernamental, y programas públicos duplicados sin coordinación o justificación.

JSL
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