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Jaliscienses buscan amparo por inacción oficial ante la violencia

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Alfredo Méndez

Barras y asociaciones de abogados, de notarios y de contadores jaliscienses, con el apoyo de académicos y estudiantes de instituciones de educación superior como la Universidad de Guadalajara (UdG), la Universidad Panamericana (UP), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) y la Universidad Católica lanzaron una iniciativa ciudadana denominada Aboguemos por Jalisco, la cual prepara una demanda de amparo colectivo por la ‘‘inacción’’ de autoridades federales y estatales en actividades de prevención y combate eficaz a la delincuencia organizada, lo que ha permitido que en los años recientes esa entidad sea la cuna del cártel Jalisco Nueva generación.
Los activistas presentarán en los próximos días ante un juez federal en materia administrativa una demanda de garantías, con la que buscan obtener un amparo que obligue a los funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a cumplir con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fija obligaciones para servidores públicos de prevención, investigación y combate efectivo a la delincuencia organizada.
El abogado jalisciense Pablo Medina Magallanes, uno de los coordinadores del movimiento, informó a La Jornada que además de la demanda de amparo colectivo, se tiene prevista una marcha multitudinaria que se efectuará en la ciudad de Guadalajara la tarde del próximo sábado.
El propósito de la movilización es que ‘‘durante la marcha se recabe el mayor número de firmas ciudadanas que se sumen a la petición de amparo, la cual se sustentará bajo la figura legal de interés legítimo. Estaremos planteando la exigencia jurídica del respeto al derecho humano a la seguridad de que debemos gozar los jalisciences’’, dijo el litigante.
Añadió que los hechos violentos ocurridos en las semanas recientes en el estado de Jalisco, entre ellos más de 50 bloqueos carreteros y el derribo de un helicóptero de la Sedena el pasado primero de mayo, demuestran que las autoridades federales y estatales están ‘‘incumpliendo’’ con el mandato constitucional de garantizar la seguridad pública a los habitantes.
Finalmente se informó que los integrantes del colectivo Aboguemos por Jalisco acudirán vestidos de negro y tomarán firmas de ciudadanos.

JSL
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