Justicia se niega a suspender permiso a Monsanto en QRoo: abogado

Jesús Aranda

Ciudad de México. La empresa Monsanto puede vender y distribuir soya genéticamente modificada en el estado de Quintana Roo, porque después de dos años de litigio, la justicia federal se ha negado a suspender esas actividades, señaló Raymundo Espinosa Hernández, abogado de las comunidades de apicultores de los municipios quintanarroenses de Othón P. Blanco y Bacalar.

Entrevistado al término de la sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se quedó en lista, la demanda de las comunidades indígenas en contra del permiso otorgado a la citada empresa trasnacional para la siembra de soya genéticamente modificada, el litigante señaló desde que iniciaron el juicio en contra del citado permiso, tanto el juzgado como el tribunal que conocieron el asunto, y ahora el máximo tribunal, rechazaron la suspensión solicitada.

Comentó que a diferencia de las comunidades de Campeche y Yucatán, que impugnaron los permisos a Monsanto para la siembra de soya genética desde 2015, la Corte si suspendió la actividad de Monsanto, en tanto se realiza la consulta a las comunidades; aunque dejó en claro que hay indicios de que la resolución no se ha cumplido porque especialistas “han detectado” que se sigue sembrando la soya genéticamente modificada..

“En nuestro caso, no ha habido suspensión” y en todo caso, comenzaría a operar si la Corte resuelve la celebración de una nueva consulta en un plazo de seis meses, como lo propone el proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco.

Asimismo, cuestionó el sentido del proyecto, porque no toma en cuenta la demanda de las comunidades de que lo que se requiere no es la aprobación de una consulta, sino que se tome en cuenta los establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece que en casos relacionados con comunidades indígenas, la consulta debe tener un “sentido precautorio”, que tenga efectos vinculantes si las comunidades consideran que está en riesgo el medio ambiente y la salud de sus habitantes.

También cuestionó que el proyecto de dictamen restrinja la consulta sólo a los habitantes de cuatro comunidades de Othón P. Blanco y Bacalar –y con ello la eventual suspensión de la siembra de la soya genéticamente modificada- no tenga efectos para el resto de la entidad.