Miguel Layún se va al Granada en calidad de compra definitiva
31 diciembre, 2014
violencia desaparición propuesta de reparación enfrentamientos Cuajinicuilapa , pensiones ,
Rogelio Ortega: debe investigarse al Ejército por desaparición de normalistas
31 diciembre, 2014

La administración peñista se desbarrancó en 2014, el año consagrado a consolidarse

violencia desaparición propuesta de reparación enfrentamientos Cuajinicuilapa , pensiones ,

Alonso Urrutia y Emir Olivares

De gira en España, en junio pasado, en vísperas de una cena en el Palacio de la Zarzuela con los reyes de España, el presidente Enrique Peña Nieto sintetizaría el problema de inseguridad en México: “No es un problema extendido, está claramente focalizado” en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Tres meses después, tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, multitudes ciudadanas se volcaron a las calles en repudio a la inseguridad, para expresar su hartazgo ante la incapacidad gubernamental de respuesta y con una consigna: “Fuera Peña”.
El año consagrado a la consolidación del gobierno peñista, con sus reformas estructurales como ariete propagandístico, terminó por desbarrancarse por el repudio general a la inseguridad, a la falta de respeto a los derechos humanos y a la penetración del crimen organizado en las instituciones públicas (“Fue el Estado”, ha sido un clamor general). Asimismo, la masacre extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya a manos de militares puso en entredicho la vía castrense para el combate a la inseguridad.
En 2014 México captó la atención mundial por los niveles de violencia alcanzados y, en especial, por la desaparición de los jóvenes normalistas. Desde el Departamento de Estado estadunidense, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y numerosos organismos no gubernamentales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han censurado a México por su incapacidad para garantizar la seguridad ciudadana.

Un decálogo varado
Un año agitado en materia de seguridad, que arrancó con Michoacán convulsionado por la irrupción masiva de los grupos de autodefensa como respuesta a la presencia del crimen organizado, incluyó además la toma federal de las funciones de seguridad en Tamaulipas, el desbordamiento de la violencia en Guerrero, donde la búsqueda de los normalistas sólo terminó por dimensionar el uso generalizado de las fosas clandestinas, como testimonio de la violencia generalizada en el país.
En este contexto, la reaprehensión de Joaquín El Chapo Guzmán y el decálogo que Peña Nieto tuvo que anunciar apresuradamente en Palacio Nacional ante la creciente movilización ciudadana tuvieron poco impacto y han quedado rebasados ante la inconformidad social. Su iniciativa del mando único de policías, de incorporar en la legislación la desaparición de ayuntamientos en los que haya indicios de penetración del crimen organizado y el combate a la corrupción, entre otros aspectos, quedó varada en el Congreso ante la falta de consenso, en víspera del año electoral.
El tema de los migrantes volvió a emerger durante 2014 como un problema humanitario, en esta ocasión por la creciente migración de menores de edad y los secuestros de indocumentados a su paso por México. Si bien fue un fenómeno regional, involucró incluso al propio gobierno de Estados Unidos.
Y como colofón, el conflicto en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuyo desenlace corrió en paralelo a las movilizaciones ciudadanas por los normalistas, cerrando toda actividad prácticamente hasta finalizar el año.

Resurge la violencia
Ausente del discurso presidencial, la violencia en México no ha bajado de los niveles alcanzados en el sexenio pasado, como se puso en evidencia claramente en 2014, lo que implicó un costo político como una de las vías para contenerla: la cabeza de dos gobernadores (el michoacano Fausto Vallejo y el guerrerense Ángel Aguirre Rivero) y el encarcelamiento de un ex gobernador interino, Jesús Reyna, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Casi en el amanecer de 2014 (4 de enero), el país se despertó con los primeros brotes de insurrección de las guardias comunitarias en la Tierra Caliente michoacana, dominada por el crimen organizado. Un fenómeno que rápidamente se extendería con diversos liderazgos, pero con especial énfasis en La Ruana, conformándose el Consejo de Autodefensas de Michoacán.
Su acelerada expansión territorial, encabezada por Hipólito Mora, José Manuel Mireles y Luis Antonio Torres, precipitó la intervención del gobierno federal ante la incapacidad de Vallejo para dar salida al fenómeno. La designación de Alfredo Castillo como comisionado y la participación de fuerzas federales, a costa del desplazamiento de los poderes locales, ha sido insuficiente, pues de nueva cuenta, hacia finales del año, el tema de las autodefensas ha vuelto a ser motivo de preocupación federal, con todo y que los principales dirigentes de estos grupos se encuentran encarcelados por diversas causas.

Viernes 26 de septiembre: la noche que cambió al sexenio
La noche del 26 de septiembre en Iguala cambiaría el rumbo del sexenio. Una larga noche de balaceras que dejó como saldo seis muertos y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Minimizado por el gobierno federal en un principio, pronto cobraría dimensiones internacionales por la magnitud de la tragedia.
Ni la caída del gobernador Ángel Aguirre ni la aprehensión del alcalde José Luis Abarca, por su presunta autoría intelectual, ni las versiones –descalificadas por los padres de las víctimas– de la Procuraduría General de la República (PGR), de que los jóvenes fueron incinerados, han detenido las masivas movilizaciones sociales en el país, con particular énfasis en el Distrito Federal y en Guerrero. Con las consignas de “Fue el Estado”, por la evidente vinculación de estucturas de gobierno municipales con el crimen organizado, y “Fuera Peña”, la sociedad ha repudiado los actos, que han sido equiparados a la masacre de 1968, lo que ha tenido eco en la condena internacional.
Sólo con la confirmación del fallecimiento de uno de los desaparecidos, las movilizaciones sociales por Ayotzinapa han descolocado la respuesta gubernamental, obligado a un replanteamiento con el decálogo anunciado, pero no han disuadido la inconformidad, que hasta el último día del año se mantiene vigente.

IPN: conflicto estudiantil
En el último trimestre del año, auspiciado por su entonces directora Yoloxóchitl Bustamante, el consejo consultivo del IPN aprobó un nuevo reglamento interno que, en palabras de la mayoría de la comunidad estudiantil, limitaba derechos del alumnado, como la libertad de asociarse o manifestarse en las instalaciones politécnicas, pues con la nueva normativa sería motivo de expulsión. Los primeros en levantar la voz fueron los estudiantes de la unidad Zacatenco de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.
Posteriormente varios planteles se fueron sumando al movimiento, que detonó en paro general de labores luego de que Bustamante aseguró que había intereses externos en las movilizaciones. Tras varias marchas, los jóvenes politécnicos llegaron hasta la Secretaría de Gobernación el 3 de octubre y, en un hecho insólito, el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, salió a la calle para atender sus demandas, reconoció al movimiento como único interlocutor para resolver el conflicto, recibió un decálogo de demandas y días después dio la respuesta del gobierno federal, cuando informó además que la directora general había renunciado al cargo.
Los jóvenes demandaron, entre otras cosas, la realización de un diálogo público que se transmitiera por Canal Once y la realización de un congreso nacional politécnico que sentara las bases para la refundación del IPN. Correspondió a la Secretaría de Educación Pública dar respuesta a las demandas juveniles y, varios días después, ambas partes acordaron instalar mesas de negociación en el auditorio Alejo Peralta de Zacatenco, el 4 de noviembre.
Tras 10 sesiones, los jóvenes alcanzaron sus objetivos y firmaron ocho acuerdos con los representantes del gobierno federal, para encaminarse hacia la transformación y democratización de la casa de estudios. Durante el diálogo se dio el nombramiento de Enrique Fernández Fassnacht como nuevo director del IPN, quien se comprometió a cumplir los acuerdos alcanzados. Los jóvenes señalaron que se trató apenas del primer paso para avanzar hacia la democratización del instituto.

JSL
JSL