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La crisis de corrupción en México exige la máxima atención del Estado: ASF

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Víctor Ballinas

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, destacó ayer que la iniciativa de crear un sistema nacional anticorrupción revela que México enfrenta un problema que demanda la máxima atención, y que por primera vez se pretende atacar ese fenómeno desde una perspectiva multifactorial que se integraría en una política de Estado.
Al participar en el seminario denominado Para promover la integridad y evadir la corrupción: Perspectivas comparadas desde los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el funcionario pidió a los legisladores que al elaborar las leyes secundarias en la materia, no se introduzcan “ofertas partidistas”, ya que, advirtió, esto causaría la fragmentación de las instituciones.
A su vez, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, Manuel Luciano Hallivis, aseveró que en la lucha contra la corrupción tiene que participar toda la sociedad. Es fundamental, añadió, que todos los servidores públicos cumplan su encargo con estricto apego a la legalidad y bajo los principios de transparencia, economía, exigencia, eficacia, lealtad, imparcialidad y honradez.
En el Senado, el presidente del tribunal insistió en que como lo ha dicho el sector privado, “la corrupción es una espiral interminable que se fortalece con la indiferencia y la complicidad”.
Refirió que de acuerdo con la OCDE, un régimen disciplinario efectivo debe ser “primero comprensivo, es decir, que abarque todos los ámbitos y a gentes de gobierno; segundo, coordinado, centrado en la prevención e investigación, y que cuente con las facultades y elementos suficientes para sancionar las actividades ilegales; y tercero, que sea eficiente y eficaz”.
Y además, aseveró, debe ser justo “garantizando a los particulares un debido proceso”.
El director general de responsabilidades y situación patrimonial en la Secretaría de la Función Pública, José Gabriel Carreño, refirió que de 205 mil servidores públicos obligados, que declararon en mayo, aproximadamente 5 mil de ellos, que representan 2.4 por ciento, manifestaron “posible conflicto de intereses”.
Eso no quiere decir, precisó, que los demás hayan incurrido en alguna irregularidad: simplemente están diciendo, “no tengo ningún conflicto de intereses con nada”.
William Loo, jefe adjunto de la División Anticorrupción de la OCDE, expuso que en México, según datos de 2006 a 2010, “nos informaron que sólo había dos investigaciones de soborno de extranjero que se había realizado en el país, y por cierto, estos dos casos no se han cerrado. En lo que toca a los sobornos nacionales, nos dijeron que había menos de tres casos anuales. También nos señalaron que los casos menos serios, que fueron manejados por la Procuraduría General de la República (PGR), a escala estatal, nos reiteraron que sólo 28 por ciento de los casos menos serios llegaron a nivel de fiscalización anual, y no había datos disponibles de alguna sentencia o acusación para un soborno nacional”.
No obstante ellos, Loo dijo que “las tasas de ejercimiento de la ley contra los sobornos parecen muy bajos. Nosotros pensaríamos que ese nivel sería más alto”.

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