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La PGR reservó 12 años datos sobre cada implicado en desaparición de normalistas

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Gustavo Castillo García

A pesar de que mediante comunicados y conferencias de prensa la Procuraduría General de la República (PGR) ha dado a conocer avances de las investigaciones del llamado caso Iguala, la dependencia reservó por 12 años la información acerca del lugar donde fue detenido cada uno de los presuntos involucrados en la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, su situación legal y el reclusorio donde están encarcelados.
En respuesta a una solicitud de información pública, la PGR se negó a proporcionar el número de personas detenidas relacionadas con los ataques, detención y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en los municipios de Iguala y Cocula.
Lo anterior, a pesar de que, de acuerdo con la PGR, han sido aprehendidas 105 personas, entre ellas más de 60 policías municipales; el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, así como integrantes del cártel Guerreros Unidos, y que éstos están presos en los penales de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el estado de México; en el de Matamoros, Tamaulipas, y en el de Tepic, Nayarit.

Se niega a informar sobre los vínculos entre los aprehendidos
Por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), la institución ministerial rechazó dar a conocer los vínculos que –de acuerdo con la indagatoria– existen entre cada uno de los detenidos.
En su respuesta, la PGR señaló que la Seido “comunicó que los datos solicitados se encuentran inmersos en una averiguación previa y, por tanto, tienen el carácter de reservados, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, motivo por el cual no es posible hacerla del conocimiento (público), ni revelarla a un particular bajo ninguna circunstancia, por lo que la información podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de 12 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 15” de la citada legislación y el artículo 30 de su reglamento.
Agregó que “se considerará reservada aquella información relacionada con las actividades que el Ministerio Público lleva a cabo durante la etapa de la averiguación previa, es decir, en el lapso en que se realizan todas las actuaciones y diligencias necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de delito, a efecto de ejercer, o no, la acción penal”.
La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, respondió al solicitante de la información, mediante el oficio SJAI/DGAJ/01513/2015, “que las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación no tienen la calidad de registros públicos ni pueden ser consi-
derados como fuente de acceso
al público”.
En días recientes fue detenido el ex subdirector operativo de la policía municipal de Iguala Francisco Salgado Valladares, uno de los involucrados en el caso, y la información fue difundida oficialmente mediante comunicados de prensa.

JSL
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