conade
Buscan que titulares de Conade y COM comparezcan ante diputados
24 noviembre, 2015
obras
Revisión puntual a proyectos y obras municipales
24 noviembre, 2015

Lo principal es verificar pleno respeto a DH, coinciden aspirantes a la Corte

mariguana

Sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en julio pasado. Foto Yazmín Ortega

Por Andrea Becerril y Víctor Ballinas

México, DF. Los seis aspirantes a ocupar las dos vacantes en la Suprema Corte de Justicia comparecieron este martes ante el pleno del Senado, y la mayoría coincidió en que la tarea principal es verificar el total respeto a los derechos humanos. Uno de los candidatos, el actual procurador de Justicia del estado de México, Alejandro Jaime González Sánchez, defendió en tribuna la actuación de la dependencia a su cargo en el caso de Tlatlaya.

Sostuvo que de acuerdo con la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “presumiblemente fue el Ejército” los que manipularon la escena de los hechos –donde se ejecutó extrajudicialmente a 22 personas, el 30 de junio del 2014- y no la Procuraduría General de Justicia del estado de México.

Sostuvo las posibles omisiones, deficiencias o insuficiencias del personal de esa procuraduría sobre los hechos de Tlatlaya derivaron de la complejidad del caso, la circunstancias del lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento”. Se declaró idóneo para el cargo, ya que, sostuvo, en su actuación en esa dependencia y como abogado del Estado, ha actuado “como valladar frente a actos que pretenden vulnerar los derechos de las personas”.

Por su parte, el otro integrante de esa terna de abogados del Estado, el ex procurador fiscal, Javier Laynez Poitisek, defendió también su larga carrera en el sector público y pidió que se le juzgue no por los años que ha trabajado en el gobierno federal, sino por las decisiones que ha tomado. Pidió a los senadores verificar si alguna decisión o resolución no se ajustó a la ley.

Aludió también a los retos que enfrentarán los dos nuevos ministros, ante las nuevas responsabilidades de la Suprema Corte, tanto en las acciones de inconstitucionalidad como en las controversias que ahora pueden interponer las nuevas autonomías, como el INAI y la CNDH.

El otro integrante de esa terna, Alvaro Castro, aludió a su “indeclinable vocación de servicio”, se declaró “firme combatiente de la corrupción”, declaró que no tiene ningún conflicto de interés” y se comprometió a actuar en todo momento con probidad, sensibilidad y a garantizar la justicia.

Por lo que toca a la terna de mujeres, la magistrada Norma Lucía Piña Hernández definió ante el pleno que un ministro de la Suprema Corte debe ser independiente para resistir a rodas las presiones, imparcial para no estar sesgado hacia ninguna de las partes, no comprometerse con los grupos de interés y velar siempre por los derechos humanos.

Con 27 años de trayectoria en el Poder Judicial, advirtió que la tarea más importante de un ministro de la Suprema Corte implica proteger la democracia, no sólo en el sentido formal, sino en la protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales.

Sin la protección de los derechos humanos, no puede haber democracia.

Considerada como la favorita en la primera terna, la magistrada Piña Hernández habló poco de su amplia trayectoria, se centró en su concepto de la justicia. Para un juez constitucional, resaltó, juzgar “no es meramente un trabajo, sino una forma de vida”, que no busca la publicidad ni emitir resoluciones conforme a lo que la mayoría quiere, sino buscar la verdad”.

Agregó que la justicia no es resolver los conflictos “atendiendo a los caprichos temporales de una época, sino atendiendo a los valores y principios que la Constitución consagra”.

Por su parte, la también magistrada Sara Patricia Orea Ochoa, quien se ha desempeñado desde hace más de una década en el Poder Judicial del DF, resaltó que un juzgador constitucional debe tener presente el humanismo y ver la posición de desventaja en que se encuentran las víctimas que son tratadas como convidados de piedra.

La actuación de un ministro o ministra, recalcó, debe estar centrada en los derechos humanos. Especialista en justicia penal, recalcó que esta tiene serios problemas que los juzgadores deben enfrentar, sobre todo en un tema tan importante como es juzgar a niños y adolescentes.

“Me parece que la Suprema Corte tiene que guiar directrices en derechos sociales para este sector que evidentemente es vulnerable.”

Compareció también ante el pleno del Senado, la magistrada Verónica Judith Sánchez Valle, quien aludió a su trayectoria de 17 años en el Poder Judicial, donde ocupa el cargo de magistrada del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa.

Sostuvo que el Sistema Penal Acusatorio “constituye actualmente la más grande esperanza de los mexicanos para dar legitimidad a sus jueces, y una de las mayores preocupaciones de los poderes públicos del estado, al cual quiero servir más allá de la sobriedad y humildad del tribunal colegiado al que me encuentro adscrita, sino hacerlo desde la Suprema Corte”.