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Más burocracia para el instituto encargado de combatir la opacidad

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Alonso Urrutia

A mas de un año de que se designó la integración del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (mayo de 2014) y a dos meses de que se transformó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el organismo no termina de restructurarse e incrementar su burocracia.
Mediante un nuevo acuerdo del pleno del instituto, aprobado hace dos semanas, se crearán nuevas coordinaciones, direcciones generales, direcciones y subdirecciones.
Es un largo proceso en el cual previamente despidieron o renunciaron 155 trabajadores, en buena parte del servicio profesional, para abrir espacios a personal cercano a los nuevos comisionados. En el acuerdo, la ampliación de cargos directivos es justificada por la creación del nuevo Sistema Nacional de Transparencia, cuya dirección está a cargo del Inai.
De entrada se crea la coordinación del secretariado ejecutivo, para “coordinar la implementación y el desarrollo” de dicho sistema.
Bajo el amparo de la sustancial ampliación presupuestal que el Congreso le concedió al Inai entre 2014 y 2015, del orden de 43 por ciento, para ubicarlo en 893 millones de pesos, se estableció que la mencionada coordinación del secretariado ejecutivo “conjugará los esfuerzos de los órganos garantes con autoridades de los tres niveles de gobierno de los estados, a efecto de contribuir al establecimiento de un marco normativo homogéneo a la Ley General de Transparencia”.
Dicha instancia también deberá coordinar esfuerzos con los órganos garantes para definir programas y proyectos institucionales que fortalezcan y consoliden el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
La nueva coordinación contará con dos direcciones generales: la actual de Estados y Municipios se denominará ahora de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas y la otra, de nueva creación, será la Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema Nacional de Transparencia.
Esta dirección se crea para dar seguimiento a acuerdos del sistema y a la ejecución de planes y programas que se desarrollen en esa instancia. Para tal efecto, contará una dirección de área, dos subdirecciones, dos jefaturas de departamento y tres enlaces.
También se creará la coordinación técnica del pleno, para tener un área especializada que coordine, integre y dé seguimiento a los asuntos que son sometidos al pleno del instituto.
También se creará la dirección general de Atención al Pleno, para “responder a la necesidad de contar con un área que coordine, organice y proporcione documentos que sustenten lo asuntos que se someten al pleno”.
En el amplio acuerdo de 15 cuartillas se justifica la reasignación de áreas, la transformación y la creación de otras, aunque a la par de esta adecuación se cuestiona también la pretensión de comisionados de colocar allegados en áreas estratégicas.
Todos estos cambios se gestan también dentro del plazo de 10 meses que los comisionados determinaron en octubre pasado para suspender el acuerdo que rige el Estatuto del Servicio Profesional del organismo.
Otros cambios relevantes se darán a nivel de restructuración de la Coordinación de Acceso a la Información, para que se responsabilice de la generación y actualización de criterios en materia de acceso a los datos públicos y evalúe a los sujetos obligados respecto al cumplimiento de las solicitudes que se les remitan. Ambos temas serán fundamentales, dada la dispersión actual existente a nivel de criterios para responder a las peticones a nivel estatal.
Muestra del desboblamiento de las estructuras que impulsa el Inai para adecuarse a sus nuevas responsabilidades es el cambio en la dirección general de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal, que se restructura para conformar cuatro nuevas direcciones generales, con sus respectivas estructuras orgánicas, entre ellas las de Evaluación; la de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada, y la de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos.

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