Sedesol no pagó pensión a adultos mayores
1 enero, 2016
Saldo blanco por festejos de Año Nuevo en el DF
1 enero, 2016

Milicia y Justicia / Armada de México, pilar en combate al narcotráfico

elementos de la marina

Elementos de la Marina durante un operativo de seguridad en Badiraguato, Sinaloa. Foto Javier Valdés

Por Jesús Aranda

En octubre pasado, tuve la oportunidad de convivir con elementos de una Fuerza de Tarea de la Armada de México en la sierra de Sinaloa; su misión era, y continúa siendo, recapturar a Joaquín El Chapo Guzmán. Si algo distinguía a esos infantes de Marina es, lo que se conoce en el ambiente militar, el “espíritu de cuerpo”, es decir, el respeto hacia el comandante y oficiales que encabezaban el grupo, la camaradería y disciplina.

Este recuerdo viene a colación, porque el martes 29 de diciembre, dos elementos de la Armada de México fallecieron al ser agredidos a tiros cuando realizaban un patrullaje terrestre cerca del poblado El Ébano, municipio de La Angostura, Sinaloa.

Desconozco el nombre de los marinos fallecidos y, por supuesto, si alguno formó parte de la Fuerza de Tarea que conocí, pero éstas líneas son un humilde reconocimiento a quienes pasan semanas, e incluso meses, en la sierra, destruyendo plantíos ilícitos y/o en el combate al narcotráfico, con la única encomienda de cumplir con su deber, aún a costa de sus vidas.

En octubre pasado, en los parajes solitarios de la sierra que colinda con el “Triángulo Dorado” de la producción de mariguana y amapola del país -que abarca los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua-, la amenaza de un ataque artero estaba latente.

La destreza y entrenamiento de los elementos navales se agudizaba en los lugares donde se incrementaba el riesgo de ser emboscados. La mirada atenta y el fusil listo para repeler un eventual ataque era la constante en aquellos caminos y veredas que sólo podían sortearse con potentes motos cuatro por cuatro.

Además de la encomienda de recopilar información para que los órganos navales de inteligencia cierren en el círculo en la búsqueda de Guzmán, los marinos destruyen plantíos de mariguana y amapola que detectan en su área de operaciones e inutilizan pistas de aterrizaje de no más de 200 metros de largo en las que las avionetas con cargas ilícitas despegan y aterrizan en plena sierra, sin control alguno.

En uno de esos días, llegó al cuartel de los marinos en Bastantitas de Abajo, municipio de Tamazula, una camioneta a toda velocidad. Apresurado bajó del vehículo un hombre de mediana edad, su esposa que iba a su lado, se había puesto por equivocación, pegamento en lugar de gotas para los ojos.

De inmediato, el joven doctor del regimiento, atendió a la señora y, por fortuna, comprobó que el pegamento no había entrado al ojo, que sólo había afectado las pestañas y que el problema no pasaría a mayores.
El asunto no pasó de un susto, pero los integrantes de la Armada celebraron la oportuna intervención, como si se hubiera tratado de un familiar que superaba un momento difícil.

Algo se tiene que hacer para que soldados y marinos, cuenten con el marco legal que dé certeza y seguridad jurídica a sus cotidiana labor en materia de seguridad pública. Porque más allá de promesas y discursos oficiales, no se ve para cuando dejarán de tener el peso fundamental en el combate al crimen organizado, porque la corrupción, ineficacia e incapacidad de las policías (federal, estatales y municipales) sigue siendo la constante.

Ni el comandante supremo de las Fuerzas Armadas (el presidente Enrique Peña Nieto), ni el Congreso de la Unión (cuyos integrantes no pararon en lisonjas a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina cuando se conmemoró el Centenario del Ejército Mexicano y el Centenario de la Heroica Escuela Naval) han querido corresponder con hechos a la demanda de los altos mandos militares para apruebe un marco legal que regularice la actuación de soldados y marinos en labores de seguridad pública y de combate al narcotráfico.
Y como se ven las cosas, no habrá cambios en un futuro cercano.

Nuevos ministros, mismos fallos

El próximo martes cinco de enero, inicia una nueva época en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por primera vez, después de la reforma constitucional de 1994, los once integrantes del pleno fueron nombrados como producto de acuerdos cupulares entre el presidente de la República en turno y los partidos mayoritarios en el Senado de la República, es decir PRI y PAN, lo cual permite adelantar que las controversias, acciones de inconstitucionalidad o amparos que se presenten en contra de las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, avaladas por el Congreso, serán validadas, sin problema, por el máximo tribunal.

Si bien, los once ministros designados en enero de 1995 -Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, quienes dejaron su cargo el 30 de noviembre pasado- fueron elegidos bajo el mismo formato, en el que el ejecutivo federal envía las ternas y los senadores eligen por mayoría calificada a los integrantes del pleno.

La elección de los togados fue equilibrada y se le dio mayor peso a los que tenían carrera judicial.

Al lado de conservadores recalcitrantes como Sergio Aguirre Anguiano y Mariano Azuela Güitrón; fueron elegidos personajes como Genáro David Góngora Pimientel y Juventino V. Castro, quienes con sus decisiones se colocaron rápidamente en el ala liberal.
También hubo ministros que se fueron inclinando poco a poco hacia la defensa de los derechos humanos y, en ocasiones, se sumaron a las críticas al régimen en turno en determinados asuntos. Como fue el caso de Silva Meza, Sánchez Cordero, Jesús Gudiño Pelayo y Humberto Román Palacios.

El pleno contó también con ministros reconocidos por el manejo de la técnica jurídica y por su intachable honorabilidad, como fue el caso de Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan Díaz Romero.

El primer presidente de la Corte de 1995 fue Vicente Aguinaco Alemán, quien se ganó el reconocimiento del medio jurídico, cuando litigó en contra de la nacionalización bancaria decretada en septiembre de 1982 por el presidente José López Portillo, en tiempos en los que el poder presidencial era absoluto.

Piña y Laynez, a primera y segunda salas, respectivamente
Más allá de los méritos jurídicos de los flamantes ministros, Norma Piña Hernández y Javier Laynez Potisek, su designación fue producto de acuerdos cupulares y su cercanía con quienes los nombraron permite esperar que su voto favorezca la política económica, política y social impulsada por el gobierno de Peña Nieto.
Por cierto, Piña Hernández ocupará el lugar de Olga Sánchez Cordero en la primera sala, mientras que Laynez Potisek sustituirá a Silva Meza en la segunda sala.
Oficialmente, asumirán el cargo en sesión solemne el próximo martes cinco de enero, pero desde hace días, ambos se presentaron en la sede de la Corte para instruir a sus respectivos equipos de trabajo (la mayoría de los secretarios de Estudio y Cuenta de los ministros que pasaron a retiro formarán parte del equipo de los nuevos colaboradores) para que todo esté listo para el siete de enero, fecha en que participarán en su primer sesión ordinaria de pleno.
@jaranda24