Tsipras desea reducción de 30% de la deuda griega
3 julio, 2015
Operan con éxito a ‘Chicharito’ de la clavícula
3 julio, 2015

Milicia y Justicia / Gobierno mexicano, sin salida legal ante CIDH

CIDH
CIDH

Dos de los integrantes del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, durante un informe sobre la desaparición de los 43 normalistas. Foto: Pablo Ramos / Archivo

Por Jesús Aranda

El gobierno mexicano sigue dándole vueltas al asunto, pero la decisión está tomada: no va a permitir que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entreviste directamente a los soldados del 27 batallón de infantería sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Más allá del discurso oficial, en el sentido de que analiza las posibilidades legales para acceder a la demanda del grupo de expertos. Lo cierto es que tanto la Secretaría de Gobernación como el alto mando del Ejército Mexicano coinciden es que la petición es improcedente.

El problema radica en cómo explicarle a la opinión pública nacional e internacional las razones de su negativa y cómo hacerle entender a todos los interesados que el único camino legal posible para que el grupo de expertos interrogue a los soldados es “sugeriéndole” al ministerio público que amplíen las declaraciones ministeriales que ya rindieron.

Funcionarios civiles y militares coinciden en que en ninguna parte del acuerdo suscrito por el gobierno de México y la CIDH para que los expertos vinieran al país para apoyar las indagatorias sobre la desaparición de los estudiantes, está prevista la posibilidad de que se realicen entrevistas directas entre los soldados y los enviados de la Comisión.

Además, se tiene la certeza de que, de acceder a la demanda de entrevistar a los soldados, las declaraciones de éstos podrían ser utilizados por la defensa del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, la cual se basa en demostrar que no había una línea de mando entre el ex munícipe y la policía de Iguala, como pretende demostrarlo la Procuraduría General de la República (PGR) para responsabilizar al ex munícipe de haber ordenado que los policías de Iguala entregaran a los jóvenes al crimen organizado.

Además, en el gobierno federal se tiene la certeza de que sería un mal precedente que soldados mexicanos fueran interrogados por enviados extranjeros, porque ello sería tanto como someterlos a una jurisdicción internacional que no ha sido reconocida por el gobierno mexicano.

Hasta la fecha, el gobierno federal no ha encontrado aún la salida legal que concilie la demanda del grupo de expertos con la necesidad de ofrecer al mundo una imagen de apertura e interés en resolver la desaparición de los estudiantes.

Paradójicamente, en lo único que hay certeza, nos aseguraron funcionarios consultados, es en que los militares no tuvieron participación alguna en los hechos.

Tarde o temprano, el gobierno de Peña Nieto tendrá que asumir los costos de su decisión.

Suprema Corte: derechos humanos, pero no para todos

El pasado miércoles, la primera sala de la Suprema Corte de de Justicia de la Nación (SCJN) sentó un mal precedente. A pesar del discurso oficial de exigir el respeto a los derechos humanos y de su esfuerzo por hacer valer la presunción de inocencia y el debido proceso penal, en los hechos, quienes están acusados o sentenciados por el delito de secuestro no han recibido sentencias absolutorias a pesar de haber elementos suficientes para concederles la libertad.

Después de la controvertida liberación de la francesa Florence Cassez, diversas organizaciones sociales comenzaron a presionar a los ministros para que ningún procesado por secuestro fuera amparado en contra de violaciones al debido proceso.

O que en su defecto, el amparo fuera para efectos, para reponer el procedimiento, pero no para obtener la libertad lisa y llana.

El caso más reciente fue el del pasado miércoles, cuando con el voto en contra del ministro José Ramón Cossío, la primera sala se negó a conocer el amparo presentado por Hugo Martínez Gorostieta, presunto líder de la banda “Los Wonders”, sentenciado a 113 años de prisión por el secuestro de dos personas en 2008.

En 2014 la propia sala lo amparó para efectos en razón de que quedó demostrado que fue detenido sin orden de aprehensión ocho meses después de que se cometieron los ilícitos, de que no fue puesto a disposición inmediata del ministerio público y de que el debido proceso penal en su contra fue vulnerado.

Los ministros ordenaron en aquel entonces que se repusiera el procedimiento y se emitiera una nueva sentencia en la que no se tomaran en cuenta las pruebas que fueron obtenidas de manera ilícita.

Después de que un tribunal capitalino confirmó la sentencia, el caso llegó de nuevo a la primera sala, sin embargo, ésta vez, los ministros optaron por desechar la demanda y con ello, la sentencia quedó como definitiva.

La decisión fue recibida por algunos al interior de la Corte como una mala señal, porque pareciera que las presiones ejercidas por organizaciones contra el secuestro ha causado mella entre los ministros de la primera sala, a quienes no les tembló la mano para liberar a los sentenciados por la matanza de Acteal por violaciones al debido proceso.

La ministra Luna Ramos y la amistad

La ministra Margarita Luna Ramos ha demostrado con hechos ser una buena amiga, en las buenas y en las malas.

Después de que Enrique Rodríguez Martínez fue despedido del cargo de director del Canal Judicial por órdenes directas del ministro presidente Luis María Aguilar Morales, Luna Ramos tomó una decisión que generó polémica al interior de la Suprema Corte.

El primero de abril pasado, contrató a la esposa de Rodríguez Martínez como técnica operativa en su ponencia. En los pasillos del máximo tribunal se dijo que quizá la contrató para que su hijo menor de edad continuara yendo al Cendi de la Corte, ya que como su esposo había sido despedido, el menor ya no podía seguir gozando de la prestación.

Total, pensaron muchos, la ministra está ayudando a un amigo.

Sin embargo, antes de que venciera el nombramiento (era por tres meses), la ministra ordenó ascender a la señora Mónica Montes Trejo, al cargo de “profesional operativo”.

Tanta generosidad será cosa únicamente de la ministra o la pretendida austeridad que vive la Corte -según lo dicho por el ministro presidente-, no es para todos.

Por cierto, Aguilar Morales creó una nueva subsecretaría que se encargará exclusivamente de manejar su imagen como presidente del máximo tribunal, con plena independencia de la Dirección General de Comunicación Social de la Suprema Corte.

Nos confirman que es cosa de días para que se oficialice el nombramiento en el cargo de Guillermo López Figueroa, ex director de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal.