Milicia y Justicia / No es casual, declaración de penalista sobre Tlatlaya

La dura declaración de Velázquez en contra de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la descalificación de las tres testigos que afirmaron que al menos ochos de los muertos fueron ajusticiados por los soldados cuando ya habían sido sometidos después del tiroteo que sostuvieron, no puede tomarse como un simple dicho de un abogado penalista como tampoco puede dejar de asociarse con el alto mando del Ejército.

Cuando Velázquez fue cuestionado, en la entrevista radiofónica en la que dio a conocer la liberación de los cuatro militares, si era el abogado de los soldados, él respondió que no, que había asesorado únicamente a la defensa.

Sin embargo, la descalificación al trabajo de la PGR fue inmisericorde y agregó que estaba tan mal integrada la averiguación previa que, era cuestión de tiempo para que los siete soldados acusados de ajusticiar a 22 personas, sean liberados por falta de pruebas.

Si no es el abogado defensor de los soldados, ¿A cuenta de qué, Velázquez salió a los medios a dar la noticia de la liberación, aprovechando para descalificar la inocencia de las víctimas, la credibilidad de las mujeres que sobrevivieron a los hechos y la investigación de la PGR?

Obviamente, sus palabras tenían una intención, un destinatario y un emisor.

La intolerancia del general no fue menor a la de Velázquez, pero éste último no es el comandante de las fuerzas armadas del país, ni el encargado de poner el ejemplo a sus hombres en el sentido de que los militares están supeditados, por mandato constitucional, al poder civil.

La posición asumida por Cienfuegos, de total apoyo a sus soldados, sin dejar lugar a la imparcialidad que debe prevalecer en toda investigación en curso, confirma las versiones que corrían anteriormente al interior del gabinete de seguridad nacional, cuando se decía que el ex procurador Jesús Murillo Karam se quejaba de que en la indagatoria del caso Tlatlaya, nunca contó el apoyo de los militares.

Por otra parte, llama la atención que en la entrevista, el general secretario diera a conocer el nombre del soldado en activo que forma parte del grupo de 43 normalistas desaparecidos. A diferencia del cuidado con él, la Sedena maneja los datos personales de sus elementos, ya que en cualquier solicitud de información que involucre al personal militar, la dependencia niega en automático dar nombres de sus efectivos, por razones de seguridad tanto para éstos como para sus familiares.

Incluso, a pesar de que los nombres de los militares involucrados en el caso Ayotzinapa son del dominio público, en la versión pública del caso Ayotzinapa, los nombres de los soldados, como los de todos los demás involucrados, están tachados. Entonces, ¿por qué revelar el de Julio César López Patoltzin?

Vivimos tiempos inéditos. Es la primera vez que la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) genera una lucha tan intensa entre los grupos interesados en impulsar a sus compañeros e incluso, en vetar a quienes consideran que no tienen los blasones para integrar el máximo tribunal del país.

Cuando el Raúl Cervantes renunció al Senado de la República, hace más de un año, era más que evidente que lo hacía porque llevaba la delantera para ser considerado por el Presidente Peña Nieto para ocupar una de las dos vacantes que dejarán, a partir del próximo 30 de noviembre, los ministros Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero.

Hoy la situación no está tan clara:

Al interior de la Suprema Corte hay quien afirma que el activismo mostrado por la asociación de jueces y magistrados -quienes demandaron que no se politice la designación de los nuevos ministros y que piden que los nuevos integrantes de la Corte sean de carrera judicial- y la asociación de magistradas y juezas que reclaman que las dos vacantes sean ocupadas por mujeres y, si tienen carrera judicial, mejor. Tiene un objetivo: dejar fuera de la contienda al ex senador priista.

Hay quien dice en la Corte que los responsables del golpeteo son el ministro presidente Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo, quienes impulsarían la candidatura de la magistrada de circuito, Rosa María Temblador Vidrio -a quien se le relaciona con grupos conservadores como el PAN y la Iglesia- y Constancio Carrasco Daza, quien en unos meses deja la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Hay otros que afirman que en realidad, el activismo lo impulsa la consejera de la Judicatura Federal, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, quien fue designada por el presidente Enrique Peña Nieto, como consejera de la Judicatura Federal -órgano encargado de la organización, administración, disciplina y vigilancia de los jueces y magistrados federales-, quien ha tejido alianzas a su favor.

Hay quien señala que la consejera tiene muchos puntos a su favor: La cercanía con Peña Nieto, que antes de ser subprocuradora mexiquense cuando el actual presidente era gobernador del estado de México fue magistrada federal, y por supuesto, que es mujer.

 Violaciones de militares dentro de los cuarteles

Cada vez es más evidente que la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, que estableció que los delitos cometidos por militares en los que esté involucrado un civil deben ser juzgados por tribunales ordinarios (federales o del fuero común) necesita de una cirugía mayor.

Cada vez son mayores los casos de delitos cometidos por militares, en instalaciones militares, pero que no necesariamente constituyen infracciones a sus deberes castrenses. Y los juzgados ya no saben qué hacer con ellos, no tienen claro si la competencia es del fuero militar o no.

Un ejemplo de ello, es la sentencia del Supremo Tribunal Militar en contra del teniente de infantería José Manuel López, por la violación de dos soldados, cometidas en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Básico Individual Regional de la V Región Militar en junio de 2002.

El Suprema Tribunal Militar dictó sentencia condenatoria, pero el acusado interpuso un amparo en contra de la decisión, afirmando que el delito de abuso sexual no tiene por qué ser juzgado por el fuero de guerra, toda vez que “el bien jurídico” no tiene relación con la disciplina militar.

El asunto llegó a la primera sala de la Suprema Corte, la cual rechazó ejercer su facultad de atracción para resolverlo.

Trascendió que la sala no lo atrajo, no porque no sea importante, sino porque se creó una comisión especial encargada de dictaminar amparos en los que militares impugnan decisiones de la justicia castrense, porque el delito que se les imputa no forma parte de la disciplina militar, pero que fue juzgado por el fuero de guerra en virtud de que la víctima también pertenece a las fuerzas armadas.

Así es que éste amparo que tiene que ver con la violación de dos elementos castrenses se resolverá hasta que la Corte emita criterios definitivos sobre qué jurisdicción es competente para conocer los asuntos.