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Milicia y Justicia / Pendiente, aclarar papel del Ejército en Ayotzinapa

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Miguel Barreto Juarez, estudiante de la normal de Ayotzinapa acompañado de padres de familia de los 43 normalistas, durante la Mesa de derechos humanos a un año de los hechos de Iguala. Foto Carlos Ramos

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Miguel Barreto Juarez, estudiante de la normal de Ayotzinapa acompañado de padres de familia de los 43 normalistas, durante la Mesa de derechos humanos a un año de los hechos de Iguala. Foto Carlos Ramos

Por Jesús Aranda

El mejor regalo que le puede dar el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda a su comandante supremo sería despresurizar el caso Ayotzinapa.

Después del Informe rendido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa que puso en duda la veracidad de la “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam -en el sentido de que los cuerpos de los estudiantes normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula-, queda pendiente otro tema que de no resolverse adecuadamente, terminará por sepultar las pocas esperanzas que quedan para saber qué fue lo que realmente pasó en Iguala los días 26 y 27 de septiembre del año pasado, me refiero a la presunta participación de los militares del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, Gro.
El general Cienfuegos es quien puede ayudarle al presidente Enrique Peña Nieto, a salir de éste trance que colocó a México en el selecto grupo de países incapaces de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos.
Si las cosas son como lo ha asegurado el general, en las entrevistas “a modo” que ha dado, respecto a que el Ejército Mexicano no tiene nada que esconder y que los militares en Iguala no hicieron más que cumplir con su deber, entonces que la Defensa Nacional haga pública toda la información de que dispone sobre la actuación de los soldados y que responda (él o a quien designe) a las preguntas de los medios de comunicación para aclarar
dudas.
Las filtraciones a algunos medios, la entrega de información (censurada) a través de solicitudes de información, no son la mejor forma de enfrentar las cosas.
Si el general acepta abrir sus archivos, hacer públicas las versiones de los testimonios de los soldados y señalar abiertamente si los militares incurrieron o no en errores u omisiones, eso le daría al gobierno de Peña una bocanada de aire fresco que le ayudaría a ganar un poco de credibilidad a los padres de las víctimas y, en general, a la sociedad nacional e internacional.
Por otra parte, la única explicación de por qué la PGR nunca se refirió a un quinto autobús -secuestrado por los normalistas y el cual habría llevado oculto un cargamento de droga, lo que explicaría la intervención de un grupo de narcotraficantes que creyó que perdería su cargamento-, es que echa por tierra la versión oficial de que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue el que ordenó el ataque contra los jóvenes.
Es más, funcionarios de la Secretaría de Gobernación han reconocido en privado que la razón por la cual la administración de Peña se opone a que el Grupo de Expertos Independientes interrogue a los militares es, precisamente, porque podría afectar la investigación contra Abarca.
Ante las nuevas interrogantes que genera el quinto camión y con ello, el posible involucramiento del crimen organizado, es tiempo de que el gobierno federal reflexione sobre las consecuencias de seguir con medias verdades.
El Ejército Mexicano está en el ojo del huracán y la mejor forma de salir del atolladero es que se hagan públicos los testimonios de los soldados y que las autoridades civiles sean las que determinen si incurrieron o no en algún ilícito.

Dos realidades
La Armada de México terminó ayer su participación histórica en el ejercicio Dawn Blitz 2015 en las costas de San Diego, California en donde por primera vez, infantes de Marina participaron en un simulacro de operación anfibia en costas del vecino país.
El alto mando naval, trascendió, está muy satisfecho por el desempeño de la fuerza de tarea que incluyó dos embarcaciones y sus respectivas tripulaciones (en total 295 elementos), dos helicópteros y una compañía de infantería de marina (134 elementos de fuerzas especiales) al mando del capitán de navío Gabriel Gutiérrez de Velasco.
Así, mientras los marinos tuvieron la oportunidad de demostrar su capacidad en el extranjero, participando en los ejercicios navales con las Armadas de Estados Unidos, Japón, Colombia, Nueva Zelanda y Australia; los militares siguen empantanados en otra realidad, desde hace más de un año, con  los mismos cuestionamientos: su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y por la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México.

El tema de tortura se atora en la primera sala de la SCJN
De manera inexplicable, los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazaron la discusión de un tema fundamental que es la tortura y su implicación para el debido proceso legal.
El pasado miércoles, cuando todo estaba previsto para analizar una contradicción de tesis y dos amparos relacionados con el tema, en la sesión privada salieron a relucir las diferencias al grado tal que prefirieron dejar la discusión del asunto para el próximo 23 de septiembre.
Un tribunal colegiado de Zacatecas plantea que si un quejoso sujeto a proceso penal sufre tortura la conlleva dos cuestiones: la licitud de la prueba obtenida con base en ella y, por otro lado, la comisión del delito, de manera que de acreditarse la tortura, la consecuencia sería que se restara eficacia probatoria a la confesión o a las pruebas obtenidas ilícitamente mediante tortura.
Sin embargo, no se plantea que la omisión del juez para dar vista al ministerio público por la tortura cometida, constituya una violación procesal, porque ello se traduciría en la paralización del proceso hasta que hubiese resolución definitiva que determinara la existencia de tortura porque ello iría en contra del derecho humano a un juicio breve.
En cambio, otro tribunal planteó que la omisión del juez de la causa de investigar oficiosamente actos de tortura constituye una violación al debido proceso legal y trasciende el sentido de la sentencia.
Además, de que señala que la carga probatoria para demostrar actos de tortura no puede caer en el procesado que la denunció, sino que corresponde al juez que notifique al ministerio público para que éste actúe de manera pronta, efectiva e imparcial para esclarecer los hechos, “para que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse en la sentencia definitiva, porque de resultar positiva la investigación la sentencia se fundaría en una confesión obtenida mediante coacción”.
El tema no es menor, y sería una lástima que los cinco ministros que integran la primera sala no se pongan de acuerdo en fijar criterios que permitan enfrentar este flagelo que continúa siendo parte práctica cotidiana en las investigaciones policíacas a lo largo y ancho del país.