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Milicia y Justicia / Presunta participación de militares en caso de normalistas

Presunta participación

Marcha efectuada el pasado 11 de diciembre en Tecoanapa, Guerrero, en demanda de la presentación con vida de los normalistas desaparecidos. Foto Javier Verdín

Jesús Aranda

La línea de investigación sobre una presunta participación o actos de omisión de militares en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa chocó contra una pared.

Al menos, eso dicen en la Procuraduría General de la República (PGR), en donde se quejan de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha negado a colaborar en las pesquisas sobre la actuación de los soldados en Iguala.

En contraparte, altos mandos del Ejército no ven al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, como un interlocutor confiable, ni en éste ni en otros temas importantes para las fuerzas armadas.

Al interior del gabinete de seguridad hay quien afirma que la relación de Murillo Karam con el general secretario Salvador Cienfuegos está al borde de la ruptura, ¿será?

Del dicho al hecho

El 23 de mayo pasado Luis María Aguilar Morales denunció ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) un posible acto de corrupción del juez federal Alfonso Javier Flores Padilla, por tener conocimiento de que éste había adquirido diversos bienes e inmuebles que no correspondían a su salario.

Aguilar conocía al juez desde hace tiempo, su demanda fue atendida por el Consejo, el cual incluso le dio vista a la Procuraduría General de la República el pasado 9 de diciembre, para que ésta investigara el origen de diversas propiedades, entre éstas una casa en condominio ubicada en el Pedregal de San Ángel, y una casa adquirida en el año 2013 en el fraccionamiento en “Condominios del Bosque” con un valor superior a los 14 millones de pesos; un vehículo BMW X6 con valor superior al millón de pesos, un BMW Z4 Roadster con valor aproximado a 900 mil pesos.

Además de verificar los fondos para ir fin de semana a Nueva York a ver un juego de basquetbol, un crucero al Caribe saliendo de Miami y un viaje a Brasil para asistir al Mundial de futbol el año pasado con un costo superior a los 900 mil pesos.

La denuncia fue atendida por la administración del ministro presidente saliente Juan N. Silva Meza, quien tuvo como una de sus banderas la lucha contra la corrupción de jueces y magistrados; ahora Aguilar tiene la responsabilidad de continuar la limpieza al interior de la judicatura federal.

Por otra parte, el ministro presidente está obligado a revisar un “foco rojo” que ha desatendido el CJF en los últimos años, se trata de lo que ocurre en el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), ya que evidencias de que grupos de la delincuencia organizada “utilizan” a los defensores federales como parte de su estrategia legal de defensa apoyados por despachos especializados en materia penal, para que “instruyan” a los funcionarios públicos sobre la forma de llevar sus juicios.

Los defensores federales tienen una muy bien ganada reputación, pero, nos dicen, la defensa de integrantes de la delincuencia organizada empieza a corromper la labor del Instituto, el cual debe hacer un esfuerzo para reestructurar su labor y capacitarse adecuadamente a las nuevas condiciones que exigirá el nuevo sistema de justicia oral.

Aguilar tiene en sus manos demostrar con hechos que su elección fue la correcta.

Reflexiones que dejó la elección de presidente en la SCJN

Aunque los ministros rechazan, en público y privado, que haya diferencias importantes entre los que tienen carrera judicial y los llamados “externos”, la elección de Aguilar Morales demostró que las divisiones y recelos entre éstos dos grupos es real.

Y es que los tres de los cuatro magistrados de carrera que integran al máximo tribunal: Jorge Pardo Rebolledo, Margarita Luna Ramos y Alberto Gelacio Pérez Dayán votaron a favor del también ex magistrado Luis María Aguilar en las 29 rondas en las que empató a cinco votos con su contrincante Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. El único “externo” que apoyó a Aguilar fue José Ramón Cossío.

Al final, Juan N. Silva Meza, presidente saliente y ex magistrado, tuvo que cambiar su voto a favor del “externo” Arturo Zaldívar –quien desarrolló su vida profesional previa en el litigio privado– a sabiendas de que ninguno de sus compañeros cambiaría de opinión y para evitar que fuera mayor la “exhibición y el desgaste” de que era objeto la SCJN ante la opinión pública, la cual no daba crédito a lo que fue considerado como una falta de seriedad de los togados.

Y es que, el 2 de enero había un sido un día con poca información, por eso los reflectores estaban centrados en la elección de la Corte, por lo que diversos medios de comunicación dieron cuenta del histórico empate, lo que motivó que miles de ciudadanos siguieran en vivo, a través de diversas plataformas, la sesión.

En el caso de los “externos”, todos votaron por Zaldívar: Olga Sánchez Cordero –quien ocupó diversos cargos en la UNAM y fue notario público–, Fernando Franco –quien se desarrolló profesionalmente en diversos puestos en el Ejecutivo federal– y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ex director del SAT.

También quedó ratificada la mala relación personal y profesional entre José Ramón Cossío y Lelo de Larrea, ya que, a pesar de compartir una visión a favor de los derechos humanos, de democratizar y airear al Poder Judicial de la Federación, el primero no dio su brazo a torcer y votó por el proyecto “conservador y ortodoxo” de Aguilar Morales.

Queda la enseñanza también, para quienes pretendieron ganar la presidencia de la Corte haciendo campaña mediática y de relaciones públicas fuera de la Corte, que la votación se gana con los votos de sus compañeros y que es a ellos a quienes tenían que convencer: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, así lo entendió y antes de que iniciara la sesión del 2 de enero pasado, anunció que retiraba su candidatura.

Margarita lo entendió más tarde y se quedó únicamente con su voto.

Por cierto, se dice en los pasillos de la Suprema Corte que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena busca pasarse de la primera sala (que revisa los asuntos penales y civiles) a la segunda (encargada de temas laborales y administrativos) aprovechando que hay una vacante en ésta como consecuencia de la muerte de Sergio Valls Hernández.

Es un hecho que Ortiz Mena, quien fue director del SAT, se sentiría más cómodo en la otra sala.

El cambio podría darse antes de que el Senado de la República designe, a partir de la terna de candidatos que presente el presidente Enrique Peña Nieto, al sucesor de Valls.

En su momento, el propio Valls pidió el cambio de adscripción de la primera a la segunda sala.