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Nestora Salgado: aún guardo pruebas sobre red de trata infantil

Nestora Salgado, ex comandante comunitaria, durante la entrevista en el reclusorio de Tepepan. Foto Carlos Ramos

Nestora Salgado, ex comandante comunitaria, durante la entrevista en el reclusorio de Tepepan. Foto Carlos Ramos

Nestora Salgado, ex comandante comunitaria, durante la entrevista en el reclusorio de Tepepan. Foto Carlos Ramos

Por Blanche Petrich

El día en que la guerrerense Nestora Salgado fue arrestada en Olinalá (23 de agosto de 2013), el entonces gobernador del estado Ángel Aguirre declaró a la prensa: “La encerramos porque era un peligro para la paz social”.

Encarcelada desde dos años y cinco meses sin que los procesos abiertos en su contra –por secuestro, asociación delictuosa y más recientemente homicidio y robo– avancen en los juzgados, Nestora se echa para adelante en la silla: “A ver ¿qué entiende Aguirre por la paz social? ¿Cuál era la causa de la inseguridad en los pueblos? El crimen organizado que él sí protegió. Guerrero está mal. Pero no por mí sino por sus gobernantes”.

En el lapso que la ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá ha estado en prisión, la violencia en su estado se ha exacerbado. No solo Ayotzinapa y las incontables fosas con cientos de cadáveres en Iguala y los alrededores. Los cártelesque florecieron en las últimas administraciones matan y secuestran a diario en todas las regiones.

El ex mandatario estatal cayó 15 meses después de arrestar a Salgado, acorralado por los señalamientos de complicidad en el caso Ayotzinapa.

En entrevista, Nestora cuenta cómo se ve esa realidad desde una celda: “Yo quisiera compartirles algo de lo que yo he vivido aquí en la cárcel. En Tepic yo conviví con señoras presas que anduvieron en la delincuencia organizada. Estaban ahí por haber matado a personas. En una ocasión me tocó ver cuando a una de ellas le dieron la noticia de que le habían matado a un hijo. Yo la vi llorar con tanta angustia…pero también oí cuando una de sus compañeras le decía: pues para que la haces de pedo (con esas palabras lo dijo). Y qué, cuando tu mataste a aquellos. Y la señora decía: pero este es mi hijo. Y tenía 16 años. Era una señora de Tamaulipas. No podemos acostumbrarnos a esto”.

Desde que fue trasladada del penal de máxima seguridad de Tepic al reclusorio de Tepepan la salud de Nestora ha mejorado. Para el encuentro con La Jornada se arregla con coquetería. A sus 43 años –tres hijas, cinco nietos y un esposo lindo, según el recuento de “la vida hermosa que tuve”– es una mujer guapa, vehemente. Está llena de planes para su futuro inmediato, que sueña en libertad.

La denuncia que nunca pudo presentar

Nestora ha mencionado públicamente que, en ejercicio de sus funciones al frente de la policía comunitaria descubrió una red de prostitución y pornografía infantil. Pero nunca pudo presentar sus pruebas y denunciar penalmente el caso. Cuenta que el 19 de agosto de 2013 tenía una cita con el ahora ex gobernador Ángel Aguirre. La relación entre la dirigente y el mando estatal era ya tirante, ya que ella había decidido no ser solo una figura ornamental y había atacado frontalmente la delincuencia que desde años asolaba la región. En uso de su mandato, había arrestado a robavacas, secuestradores y sicarios.

Incluso había osado detener unos días antes al síndico procurador del municipio, Armando Patrón, un hombre ligado con caciques y políticos y gente del poder estatal. La policía comunitaria lo había encontrado sospechoso de un doble asesinato y de apropiarse de una res ajena.

Nestora había tocado una tecla extremadamente sensible y peligrosa. Había dado con una organización que explotaba para la trata y la prostitución infantil con jovencitas y niños de su comunidad. Tenía en su poder una evidencia contundente, que además ya había compartido con la Marina, desplegada en la cabecera municipal desde de la Octava Región Naval.

Se trata de dos videos grabados en los celulares que fueron confiscados a dos de las menores de edad que eran explotadas sexualmente y que sus madres habían accedido a dejar bajo la protección de la Policía Comunitaria mediante actas firmadas por sus madres y padres.

“Son grabaciones donde aparecen tres niños chiquitos, dos niñas como de nueve años y otras como de 13, 14 años. Yo me pregunto ¿qué hubieran hecho quienes lean esta nota, como madres, como abuelas, si vieran estas imágenes? ¿Se quedarían calladas? Yo no pude”.

Es un caso por el que no se ha abierto una averiguación previa; ni siquiera se encuentra en su expediente.

–¿Qué ha pasado con esos videos? ¿Se ha levantado una demanda judicial con ellos?

–Los tenemos. Los teníamos en nuestros archivos de la Casa de Justicia de El Paraíso. Cuando llegó el ejército lo quemó todo. Pero yo guardo por ahí una copia. No, no hemos tenido oportunidad de presentar esas pruebas. Y no lo he dado a la televisión por no lastimar más a las familias. Pero yo sostengo que ahí está el meollo. Por eso me agarraron. Por eso me mantienen aquí, sin un debido proceso. Creo que alguien muy bien parado, con protección del gobierno, está involucrado en ese tráfico de niños y de prostitución. Al tener esas evidencias en mis manos lastimé a algún político. ¿Quién? Todavía no lo sé”.

El costo que pagó por interrogar a esas jóvenes que tenían esas grabaciones en sus celulares ha sido muy alto para la ex comandanta, ahora acusada –por esa acción—como secuestradora.

Cuando llega al tema de las muchachitas que ella trató de rescatar del crimen organizado y que luego la demandaron casi rompe en llanto. En otros dos momentos vuelve a las lágrimas contenidas: cuando habla de los 46 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y asesinados, “a quienes considero mis compañeros”. Y cuando describe cómo sale del penal cuando la llevan a alguna diligencia en los juzgados: “Esposada. Qué injusto”.

Las novias de los sicarios

Conoció inicialmente a esas muchachas en octubre de cuando, en la primera etapa del movimiento, que entonces se llamaba Consejo de Seguridad y dependía del alcalde Eusebio Sánchez, los comunitarios localizaron la casa de un joven que tenía a unas niñas, drogadas y alcoholizadas. Irrumpieron en ese domicilio, retuvieron al joven y lo entregaron a la policía municipal.

Media hora después, los policías locales liberaron al infractor y lo sacaron el pueblo. Entonces, para evitar que se tomaran represalias contra las niñas, Nestora tomó su camioneta y se dirigió a la casa de una de ellas, Dulce Rubí Burgos. “Le pedí a la mamá que nos la prestara para interrogarla. Le aseguré que garantizaba con mi propia cabeza que no le iba a pasar nada. Así recogimos a todas. Las llevamos al aula de un colegio de monjas. Antes de platicar con ellas llamé al presidente municipal y al Ministerio Público, que no se presentaron. Solo nos acompañó una abogada.

“Las muchachitas nos dijeron que sus novios decían que tenían protección del alcalde y el síndico procurador. Y me dijeron algo que me preocupó mucho: que estos jóvenes, que eran sicarios, tenían una lista de personas para asesinar. Yo estaba en esa lista”.

Con esa información el pueblo entero se movilizó, puso retenes en las entradas y salidas del pueblo. Pero además el Consejo de Seguridad decidió independizarse de la alcaldía. “Ya no nos sentíamos seguros con el presidente. Pedí asesoría a los abogados de Tlachinollan y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). De San Luis Acatlán fueron a darnos talleres, a enseñarnos el marco de la ley 701 de Guerrero que reconoce a las policías comunitarias”.

Así empezó un proceso organizativo que duró nueve meses y que culminó con el reconocimiento de la Casa de Justicia de El Paraíso, que abarcaba con un sistema policiaco autónomo en varias localidades de La Montaña y hacia la Costa Chica. Cuando tuvieron toda la documentación en regla, en Olinalá eligieron a Salgado comandanta. Ella instaló una oficina en su propia casa.

También recibió el espaldarazo del gobernador Aguirre, quien le dio dos camionetas nuevas con logotipo como CRAC-PCo; 28 armas R-15 que de inmediato registraron en SEDENA y un cheque de 300 mil pesos para comprar uniformes para sus policías. Se sumaron cerca de 200 policías. “¿Qué duda podía yo tener que había algo ilegal en lo que estaba haciendo?”.

Pero el alcalde Eusebio González les declaró la guerra. “Y ya para enero de 2013, el ejército, con el que nos habíamos logrado coordinar, también nos dio la espalda”.

Diez meses después volvieron a saber de las jóvenes Dulce Rubí, Yesenia y su prima. El 9 de junio sus mamás se presentaron en las oficinas de Nestora. Hacía dos días que no sabían nada de sus hijas. Eran cuatro las niñas extraviadas. Los comunitarios las localizaron en Tulcingo, Puebla, territorio de Antorcha Campesina. Ese mismo día las niñas regresaron a Olinalá y las llevaron directamente a la comandancia.

Nuevo interrogatorio a las menores, frente a sus madres.

Esta vez ellas confesaron que sus “novios” las llevaban a Tulcingo a ejercer la prostitución; dieron detalles y algo más, los videos de sus celulares. Esas evidencias que podrían llevar al desmantelamiento de una red de explotación de menores que ni la Marina ni el gobernador quisieron recibir.

Tres de las madres pidieron que la CRAC se hiciera cargo de las niñas, que las enviaran al sistema de reeducación, con sede en El Paraíso. El Consejo Olinalteco accedió a condición de que cada familia firmada un acta de conformidad. Todas firmaron. Las actas, conforme al reglamento del sistema, establecen que podían ir a visitarlas, llevarles ropa y comida y retirarlas cuando quisieran. Dos de ellas retiraron a sus hijas en las siguientes semanas. Hasta la fecha, en el proceso judicial el Ministerio Público no aceptó esos documentos como prueba de descargo.

“Ocho días después de que se fueron las niñas me vino a ver una señora, Susana. Me dijo que la alcaldía estaba ofreciendo a cada familia 20 mil pesos a cambio de que me acusaran de secuestro. Al final, todas aceptaron el dinero y me acusaron”. Actualmente, la poderosa organización “Alto al secuestro”, que dirige Isabel Wallace, representa y financía a las familias de estas jóvenes.

Sí arresté personas. Eso no es delito”

En dos años cinco meses que ha estado presa ha habido más de 20 audiencias. Ninguno de sus acusadores se ha presentado a declarar. Desde que está en Tepepan, hace ya siete meses, se han citado siete audiencias. Explica Nestora que sus acusadores “metieron un amparo diciendo que no tenían recurso para viajar a declarar. Les mandé decir que yo les pagaba el viaje, les rento un cambión para que vengan y se presenten. Pero que me den la cara, que me den la oportunidad de defenderme conforme a derecho”.

El 2, 3 y 4 de febrero están programadas nuevas audiencias. A estas deberían comparecer, entre otros, un carnicero de Olinalá, Eugenio Sánchez, sobrino de un ex alcalde, detenido por la policía comunitaria el 9 de junio de 2013 por sospecha de robarse una vaca, y el síndico Armando Patrón, sospechoso de un doble asesinato y también abigeato.

“Yo sí arresté personas, lo reconozco. ¿Eso es delito? No lo es”, dice la acusada.

Entre estos acusadores figura Eduardo Sánchez, dueño de carnicerías, sobrino de un ex presidente municipal y señalado como responsable de abigeato. En la región de Olinalá, zona de pequeños ganaderos, el robo de reses es un delito sensible. Cuando a Sánchez lo detuvieron los policías comunitarios (18 de junio, 2013) in fraganti, con una vaca destazada de la que no pudo comprobar su propiedad, el gobernador Aguirre empezó a presionar a Nestora Salgado.

“Primero me mandó a Eliseo Villar, fundador y comandante de la policía comunitaria de San Luis Acatlán, para ofrecerme tres millones de pesos a cambio de que yo siguiera como comandante pero sin detener más gente”. Para entonces, a Villar lo señalaban por haber recibido numerosos recursos del gobernador. Más tarde fue desconocido por la propia CRAC y actualmente está preso.

Y dos meses “estalló la bomba”, como dice Nestora Salgado, la detención del síndico Armando Patrón, el día en el que fueron asesinados dos hombres, Nemesio Guevara y su hijo, en hechos también relacionados con el abigeato. La comandanta y sus policías comunitarios encontraron a Patrón, a su chofer y a un peón en el corralón donde había sido llevada la camioneta acribillada de los dos hombres muertos en el momento en el que intentaba llevarse una res que no le pertenecía. El arresto del síndico levantó una polvareda de consideración.

“Ahí sí la gente de Aguirre me amenazó. Advirtieron que si no lo liberaba me atuviera a las consecuencias. Les propuse que se los entregaba si le abrían una averiguación previa. Pero no fue eso lo que sucedió”.

Eso fue el 12 de agosto. El 23 Nestora fue detenida durante un operativo conjunto la Marina y el Ejército incursionaron en Tixtla, Olinalá y El Paraíso. Aguirre prestó su avión para que fuera trasladada al penal federal de Tepic. Fueron detenidos decenas de policías comunitarios y todos los detenidos en su sistema de justicia fueron liberados. Todos ellos acusaron a la comandante de Olinalá.

Durante la primera semana de enero se libraron nuevas órdenes de aprehensión contra la activista. Esta vez por homicidio. “Ahora es el hijo sobreviviente de Nemesio, al que nosotros salimos a buscar cuando nos lo reportaron como desaparecido, el que me acusa de haber matado a su papá, a su hermano y de haber intentado matarlo a él. Es absurdo. Tengo todas las pruebas, notas de prensa y televisión local, de que a la misma hora que ocurrió el asesinato y yo estaba en una entrevista en Tixtla”.

La acusación de privación de la libertad y robo fue presentado por un grupo de policías municipales de Olinalá. “A éstos los detuvimos una noche que andaban bien tomados echando carreras en la calle. Los retuvimos, los desarmamos y al día siguiente le hablé a secretaría de gobierno y a asuntos políticos de Guerrero. Se los entregamos al Ministerio Público. También les entregamos las armas, la patrulla y los chalecos antibalas. Hay actas de todo esto. Me acusan de que me robé sus armas”.

Para ella, esta forma como los juzgados han ido dosificando nuevas causas penales en su contra son parte de “una estrategia administrada de más arriba para mantenerme encerrada a toda costa”.

–¿Porqué lo hacen?

Responde con otra pregunta: “¿Porqué soy la única de Olinalá que está presa a pesar de que éramos más de 200 policías comunitarios? Al gobierno lo que no le gusta es que seamos gente de conciencia. Y que seamos una parte de una cadena que despierta conciencia”.

Jaime Nava N.
Jaime Nava N.
Estudiante de maestría en Derechos Humanos por la UASLP. Activista en Amnistía Internacional.