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No habrá “borrón y cuenta nueva” en desapariciones: PGR

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Padres de familia exigen la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa con una manifestación en el Hemiciclo a Juárez. Foto Cristina Rodríguez

Por Fabiola Martínez

México, DF.- En la construcción de la Ley General para la Búsqueda de Personas No Localizadas y la Prevención y Sanción del Delito de Desaparición Forzada “no habrá borrón y cuenta nueva”, sino una revisión nacional e histórica de la problemática a fin de generar un registro nacional confiable.

Se propone homologar y elevar las penas en todo el país para los responsables del delito de desaparición. El registro actual refiere un universo de más de 25 mil personas no localizadas; sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Gobernación (SG) y de la Procuraduría General de la República (PGR) no se atreven a dar un número más específico de las desapariciones vinculadas a la acción del crimen organizado.

Lo cierto, confirmó la PGR, el aumento en la incidencia delictiva de personas no localizadas en Guerrero (investigadas en el fuero federal) deriva del caso Ayotzinapa (desaparición de 43 estudiantes, en septiembre de 2014).  La reforma constitucional en la materia fue promulgada en julio pasado y hay un plazo de seis meses para la construcción de la ley, la cual deberá incluir un Sistema Nacional de Búsqueda, es decir, máximo en enero de 2016.

Según este primer documento, se elevarían las penas para quien cometa agravios que deriven en desaparición forzada. José Alberto Rodríguez Calderón, subprocurador de Asuntos Jurídicos de la PGR, dijo que no se podrán dar números (de personas no localizadas o desaparecidas) a la “ligera” sino emitir sólo aquellas que tengan un sustento científico. “Este documento va generar el registro nacional de personas desaparecidas”, comentó. Por lo pronto, dar una cifra en este sentido sería especular, dijo.  Hasta ahora, no ha sido posible dar este paso porque hacía falta coordinación entre los tres niveles de gobierno, apuntó.

“Ya no podemos seguir manejando cifras a la ligera; tenemos qué hacerlo de manera seria, responsable y profesional”.   En este sentido fue la promesa de que no habrá “borrón y cuenta nueva”, sino una revisión del antes y después de la pretendida ley.

David Arellano, director general de Asuntos Jurídicos de la SG, precisó que el trabajo previo fue entre la PGR y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con un eje central: la definición de un número de personas no localizadas; colocar a la persona como elemento central del Sistema Nacional de Búsqueda; trabajar en una forma coordinada para la prevención y tipología penal; homologar las sanciones en los tres órdenes de gobierno, y establecer una definición genérica de personas no localizadas.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la SG, dijo que mañana se inicia un foro con las organizaciones civiles para que participen en esta etapa de definición de la nueva ley. “La exigencia principal que tienen las familias es garantizar una búsqueda eficaz y oportuna. Y, que en aquellos casos en que se comprueben esos delitos, garantizar las penas más altas”.

Como hemos comentado, añadió el subsecretario Campa, es para nosotros un tema prioritario porque representa una situación extrema para los familiares, porque reconocemos que si en un asunto tenemos que aplicarnos con toda la capacidad es en este.    Los funcionarios fueron entrevistados en la Secretaría de Gobernación, al término de una larga reunión realizada en esta dependencia, a donde también acudió el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, por parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores.