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Ofrecimientos del gobernador interino de Guerrero, calificados de “torpezas”

Cientos de paseantes se vieron afectados luego que por más de tres horas manifestantes bloquearon los accesos al aeropuerto de Acapulco, para exigir que aparezcan con vida los 43 normalistas desaparecidos ■ Foto Reuters

CHILPANCINGO, GUERRERO. El sábado pasado, mientras los padres de los normalistas desaparecidos veían arder varios vehículos contra el palacio de gobierno, Rogelio Ortega Martínez, mandatario interino de Guerrero, firmaba como testigo en la boda de Javier Morales López Cano, un político vinculado al diputado federal priísta Manuel Añorve.

Del anfiteatro Sinfonía del Mar, que ofrece una “espléndida vista de la bahía de Acapulco”, salió rumbo a una rueda de prensa que había convocado  a las 19:30. Llegó más de una hora tarde.

Sin soltar sus ofrecimientos de diálogo y reconciliación, pidió a los maestros de la Ceteg, a los normalistas y a los defensores de los derechos humanos reflexionar sobre “el gran daño que le están haciendo a Guerrero”, y les demandó deslindarse de “los actos violentos”.

En la misma rueda de prensa, según los registros de la prensa local, invitó al “abogado” Abel Barrera –a quien luego llamó “ingeniero”, aunque en realidad es antropólogo– a incorporarse a su gobierno en lugar de Beatriz Mojica, secretaria de Desarrollo Social, quien permanece en su puesto pese a que llamó misóginos a quienes pusieron en el gobierno a Ortega.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que encabeza Barrera, respondió que ninguno de sus integrantes aceptará un puesto público, y menos en un gobierno que busca restarle legitimidad mediante ese tipo de propuestas.

A los ojos de las fuerzas que luchan en Guerrero por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, la postura del gobernador interino no era sino una torpeza más de las muchas acumuladas en su corta gestión.

El 27 de octubre, un día después de rendir protesta, Ortega Martínez apareció al lado del presidente Enrique Peña Nieto. No le bastó la zalamería al micrófono, pues siguió agradeciendo lejos del artefacto de sonido: “Si usted me apoya, señor Presidente, yo le entregaré buenas cuentas”, prometió el designado por el Congreso estatal previo pacto en la Secretaría de Gobernación.

Aún sin acomodarse en su nueva responsabilidad, Ortega quiso hablar como “analista” de su antecesor en el cargo, y lo que salió de su boca –en una entrevista con la reportera Vania Pigeonutt– fue un rosario de elogios a Ángel Aguirre: “carismático, de apapacho, de sonrisa fácil, coqueto, declamador, excelente orador, ¡un tanque de la política!”

Eso, mientras hablaba de tender puentes con los movilizados que han llenado las paredes con el nombre del ex gobernador seguido de la palabra “asesino”.

Según un recuento del semanario local Trinchera, en su cortísimo mandato Ortega Martínez ha ido seis veces a la ciudad de México, pero sólo ha encabezado un acto en la capital de Guerrero: dio la patada inicial en un juego del equipo Avispones, cuyos integrantes fueron también víctimas de los Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre.

Otro flanco de su actividad han sido numerosas reuniones con funcionarios federales, que se han celebrado bajo fuerte resguardo policiaco o, de plano, como en Tlapa, en la Zona Militar.

La crítica universitaria

“Guerrero debe reasumir a plenitud su condición de estado libre y soberano”, dice un desplegado que publicó ayer la prensa local, con la firma del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña.

Extraña pieza si se considera que Saldaña fue quizá el promotor número uno de Ortega (el rector buscaba, se dice en los corrillos políticos, que la “solución a la michoacana” lo favoreciera a él mismo).

El caso es que el rector critica, no tan entre líneas, la breve gestión de su ex colaborador: “No es posible mantener una ruta de respuestas a la grave crisis que vive nuestro estado si nos mantenemos en decir o plantear un poco ‘más de lo mismo’”.

El manifiesto institucional de la UAGro llama al gobierno interino a comprender y actuar “en consecuencia en torno a la justicia y equidad para generar un clima de confianza en la sociedad y así lograr una gobernabilidad plena”.

La pieza del rector también deja ver que Ortega no cumplió compromisos adquiridos: “Se requiere contar con personas absolutamente cabales y de probidad, con claras muestras de que tienen inclinaciones y capacidades suficientes para servir a la sociedad”.

“Ni un paso atrás… hacia el precipicio”

Unos días antes de ser ungido gobernador, el 21 de octubre, estuvo en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, adonde no ha podido volver. Ese día acompañó al rector Saldaña a expresar su solidaridad y a entregar despensas. Como lo hace ahora con funcionarios federales, llenó de elogios a su jefe, frente a algunos padres de familia que atendieron a la delegación universitaria.

“No están solos… esta gran universidad va a acompañarlos hasta las últimas consecuencias”, dijo entonces.

Ortega ya había tenido trato con la normal de Ayotzinapa, pues fue un tiempo subsecretario de Educación, durante el gobierno de Zeferino Torreblanca. Es, además, viejo conocido de militancia del actual director de la normal, José Luis Hernández Rivera.

Pero ninguna de esas credenciales le ha permitido tender un puente con los normalistas y los padres de familia.

Menos después de que tras la versión dada a conocer por el procurador general, Jesús Murillo Karam, se dedicó a culpar al movimiento de “dañar” a Guerrero.

“Fue simple y llanamente una más de sus torpezas; una declaración política que no puede venir de alguien que presuma ser de izquierda o tener la más mínima sensibilidad frente al problema que se vive”, dice Julio Moguel, viejo militante de la izquierda social que se ha vuelto a acercar a la realidad guerrerense en los años recientes.

Autor de Guerrero en vilo, libro en el cual desmenuza la circunstancia social y política que derivó de los daños causados por los meteoros de 2013, Moguel estima que el mandatario interino debería, “con urgencia, separar su vagón de un tren político que a todas luces tiende a descarrilar: dar un golpe fuerte de timón, marcar rutas que vayan en sentido diferente al marcado por el gobierno federal; acompañar la exigencia social por la aparición con vida de los 43 normalistas; delinear un plan de gobierno emergente para la reconstrucción estatal; tomar distancia de los vicios políticos que marcaron la administración de Aguirre”.

En esa ruta, plantea, Ortega está obligado a hacer un “corte de caja en torno a los proyectos reconstructivos delineados a partir de los meteoros Ingrid y Manuel, para dar certidumbre en torno a que, ahora sí, es posible avanzar”.

Antiguo miembro de la izquierda radical –participó en la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria–, Ortega parece haber aprendido bien la consigna “Ni un paso atrás”, “Sólo que ahora para caminar, al parecer, hacia el precipicio”, concluye Moguel.