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Onerosa y poco transparente, la remodelación del Canal Judicial

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Jesús Aranda

El 21 de junio de 2011 comenzaron las obras para la restauración y adecuación del Canal Judicial y las oficinas administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con un presupuesto estimado de 33 millones 500 mil pesos y un tiempo de ejecución de 365 días; sin embargo, la falta de previsión, la modificación en el modelo de contratación y la adquisición de equipo no contemplado originalmente elevó el costo del proyecto a más de 45 millones 940 mil pesos, además de que los trabajos concluyeron un año después.
Uno de los aspectos más cuestionados por trabajadores consultados fue que la remodelación incluyó la adquisición de un ascensor para el servicio exclusivo del director del Canal Judicial, el cual sólo da servicio de la planta baja al primer nivel, y que costó 723 mil 802 pesos.
La millonaria adquisición de equipo para el Canal Judicial y la adecuación de los estudios de televisión fueron hechos mediante convocatorias restringidas y adquisiciones directas.
De acuerdo con documentación cuya copia tiene La Jornada y comentarios de trabajadores del Canal Judicial, a pesar de la cuantiosa inversión –la compra del inmueble ubicado en la calle de República de El Salvador costó más de 27 millones de pesos–, las remodelaciones no son funcionales y no cumplen con las características técnicas ni de espacio necesarias.
Incluso, ante la falta de espacios suficientes, algunos programas producidos por el canal han tenido que llevarse a cabo en el patio central del edificio, con las molestias que esto genera para el desarrollo de otras actividades.
Pese a que el inmueble no cuenta con las características para alojar un canal que busca seguir creciendo –en breve empezará a transmitirse en televisión abierta–, que la remodelación fue onerosa y que la adquisición de equipo se dio en condiciones poco transparentes, los responsables de esto ya fueron ratificados en sus cargos por el recién electo presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales.
Continúan en su cargo Rodolfo Lara Ponte, oficial mayor; Enrique Rodríguez Martínez, director del Canal Judicial; María Esther Hernández y Chávez, directora general de Recursos Materiales, Otilio Esteban Hernández Pérez, director general de Tecnologías de Información; Rubén Darío Flores Castillo, director general de Presupuesto y Contabilidad, y Silvestre Manuel López Portillo Castillo, director general de Infraestructura Física.

Convocatorias a modo
Los funcionarios referidos declararon desierta la primera convocatoria para la remodelación y aprobaron emitir cinco diferentes.
La primera, relativa a los trabajos de restauración y adecuación del inmueble, fue entregada a una empresa mediante invitación restringida y tuvo un costo de 13 millones 724 mil pesos más impuestos.
La segunda convocatoria para instalaciones electromecánicas tuvo un costo (sin impuestos) de 18 millones 627 mil pesos y también fue mediante concurso de invitación restringida.
La tercera fue para la adquisición del elevador que va a la oficina del director del Canal Judicial. Se prefirió el de marca Otis para nueve personas y un costo de 723 mil 802 pesos, en lugar de un Schindler para cinco personas que costaba 379 mil 834 pesos. Ambos, sin incluir impuestos.
La cuarta, para un elevador para personas discapacitadas, con un costo, sin impuestos, de 904 mil 580 pesos.
Finalmente la convocatoria para adquirir, instalar y poner en marcha equipos para estudios de televisión fue por 7 millones 992 mil pesos, sin impuestos. La SCJN optó por la adjudicación directa a la empresa Teletec, con el argumento de que cuatro empresas que habían sido invitadas a participar en la convocatoria “simplemente no mostraron interés en los trabajos solicitados”, sostiene el punto de acuerdo del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones emitido por la Oficialía Mayor el 12 de junio de 2011.
El documento argumentó que dicha empresa garantizaba la calidad de los trabajos, ya que fue la que instaló los equipos en el estudio de televisión que se montó originalmente en la sede de la SCJN, razón por la que “no se considera idóneo realizar una licitación pública nacional, ya que dicho procedimiento se exceptúa por la especialidad de la empresa”.
Adicionalmente, 3 millones 870 mil pesos fueron erogados por concepto de gerencia de obra, la cual fue adjudicada directamente al Instituto Politécnico Nacional.

JSL
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